La denuncia de Daniel (nombre
falso) sobre los abusos a los que varios sacerdotes de Granada lo
sometieron durante años –desde los 13 o 14 años hasta su mayoría de
edad– ha puesto en jaque al arzobispo de Granada, Javier Martínez, y
ha dado pie a una investigación en la que se ha implicado
personalmente el propio papa Francisco. Una investigación que, tras
haber tomado declaración a presuntas víctimas y testigos, verá
desfilar este fin de semana ante el juez a los diez curas y dos
laicos sospechosos de haber cometido o amparado esas vejaciones, el
llamado Clan de los Romanones.
Todos acudirán
ante el magistrado como imputados –y no como testigos– para asegurar
"que se cumple con las garantías" de los investigados, según fuentes
judiciales. Esto quiere decir que podrán ir acompañados por sus
abogados y tendrán derecho a no declarar, e incluso a mentir.
Después de las declaraciones, el magistrado determinaría si pasan a
disposición judicial de forma inmediata o si pueden regresar a sus
casas manteniendo las imputaciones. La decisión de que todo esto
ocurra en fin de semana busca "evitar el escándalo de imágenes de
religiosos esposados circulando por Granada", según han confirmado a
eldiario.es fuentes cercanas al caso.
La
investigación del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada
entiende que la existencia de abusos está más que acreditada. Por
eso no se descarta llamar como testigo al arzobispo de Granada,
Francisco Javier Martínez, la semana próxima. Martínez, entonces, no
podría levantar falso testimonio, y sus palabras se compararían con
las del resto de los testigos –incluidas las víctimas– que ya han
declarado.
Tan cuestionada
está la labor del prelado que Jorge Bergoglio se encargó de llamar
por teléfono una segunda vez al afectado para pedirle perdón por
cómo se había manejado el tema en España, y recordándole que tiene
todo su apoyo para esclarecer los hechos y señalar a los culpables.
En el Vaticano sospechan que Martínez intentó ocultar los hechos y
proteger a los acusados, alguno de los cuales es miembro de la curia
de Granada y, por lo tanto, colaborador directo del arzobispo. Y
esto a pesar de que la información del caso de pederastia había
llegado directamente desde Roma.
El subdelegado
del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, ha reconocido que puede
haber más víctimas. En la denuncia que el joven (que hoy tiene 24
años) dirigió inicialmente a la Fiscalía Superior de Andalucía
manifestaba que lo que le ocurrió a él durante años podría haberle
pasado también a otras personas, y citaba en concreto a cuatro,
aunque desconocía si estas supuestas víctimas seguían aún bajo la
influencia del grupo de sacerdotes a los que acusa como presuntos
autores de los abusos.
Unos culpables
que no sólo están muy relacionados con la cúpula de la Iglesia en
Granada, sino que pertenecen a lo más selecto de la sociedad
granadina, con una posición económica acomodada y numerosas
propiedades.
La actuación
del arzobispo, en la mira
Fuentes
consultadas por
eldiario.es aseguran que "no es de recibo" que Martínez "no
supiera nada" de estos hechos, o que no actuara contra todos los
implicados por petición de la víctima o de la Santa Sede. "Y las dos
investigaciones son paralelas y secretas: del mismo modo que
suspendió a tres de los sacerdotes (presuntos ejecutores materiales)
podía haber suspendido a los conocedores.
"Encubrir
también es un delito", subrayan estas fuentes, que han mostrado su
malestar porque desde entornos cercanos al prelado se esté tratando
de difundir la "falsa idea" de que los abusos se produjeron durante
la época en la que el cardenal Cañizares era arzobispo de Granada.
Los abusos a Daniel tuvieron lugar "esencialmente" entre 2006-2007,
y Javier Martínez es arzobispo de Granada desde el 1 de junio de
2003.
Mientras los
detalles de esta truculenta historia empiezan a asomar, la
reconstrucción de los hechos que ha podido hacer
eldiario.es deja claro que la actuación de las autoridades
eclesiales de la diócesis tras conocer este tema ha sido, cuando
menos, poco operativa.
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24 de julio. Daniel escribe
una carta, de cinco folios, explicando al Papa la situación de
abusos sufrida cuando era menor de edad y solicitándole ayuda para
que los responsables de dichos abusos –y sus encubridores– no
queden impunes.
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10 de agosto. El papa
Francisco llama por teléfono a Daniel y le pide perdón "en nombre
de toda la Iglesia de Cristo. Perdona este gravísimo pecado y
gravísimo delito que has sufrido. Perdona, hijo mío, tanto dolor
ocasionado y tanto como habrás sufrido. Estas heridas hacen que la
Iglesia se resienta al completo", le dice. Durante la llamada,
Bergoglio le garantiza que cuenta con todo su apoyo. "Yo tengo
próximo el viaje a Corea –le aclara– pero ya hay gente trabajando
para que todo esto se pueda resolver".
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Entre el 11 y el 20 de agosto.
Daniel llama al arzobispo de Granada. Había quedado con el Papa en
que, para ganar tiempo, llamaría a monseñor Martínez, y mientras
tanto recibiría instrucciones escritas desde Roma. Como durante
ese mes el arzobispo no estaba en Granada, la hermana Teresa,
vicecanciller, le pregunta que de qué se trata y le dice que es
urgente, que no se lo puede explicar a ella, que es una cosa de la
Santa Sede. Ella le dice que el arzobispo "ya le llamará".
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29 de agosto. Daniel, por
indicación de personas cercanas, llama a Javier Martínez por la
mañana. El arzobispo le cita para esa misma tarde. La conversación
es tensa. En la reunión, en el palacio, el arzobispo tiene delante
los papeles de la Santa Sede y la copia de su carta al Papa. El
arzobispo pide perdón a Daniel y se compromete a investigar con
urgencia, poniéndose a su entera disposición. Días después, Javier
Martínez también recibe a sus padres y les anuncia que se ha
iniciado la investigación.
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2 o 3 de octubre. Los
jueces van a Granada y toman declaración a dos víctimas. El día 9
de octubre, jueves, dos jueces eclesiásticos de Valencia reciben
declaración a Daniel, desplazándose al norte de España.
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El arzobispo de Granada recibe a Daniel, le dice que los tres
autores materiales son culpables y que va a adoptar medidas contra
ellos. Que los otros siete y los dos laicos son víctimas como
Daniel y los demás. La víctima se indigna ante el hecho de que los
encubridores puedan salir libres de todo y se marcha de la sede
arzobispal.
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10 de octubre. El Papa
vuelve a llamar a Daniel y le dice que lo invita a la comisión de
expertos y le pide perdón por cómo se había desarrollado su
interrogatorio.
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14 de octubre. Daniel
denuncia los hechos ante el Fiscal Superior del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía (TSJA). El arzobispo le informa, dos días
después (16 de octubre), de que él no puede denunciar al ser
Daniel mayor de edad, y que estará a lo que resulte de la
investigación.
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18 de octubre. El arzobispo
presenta a la Fiscalía Provincial de Granada un escrito
denunciando unos hechos en los que están implicados unos
sacerdotes, tres al parecer, que están relacionados directamente
con la denuncia previamente interpuesta por Daniel ante el Fiscal
Superior. El Arzobispado, según el escrito, quiere "asegurar su
colaboración plena para la erradicación de estos delitos".
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Finales de octubre. La
Fiscalía Superior de Andalucía abrió diligencias informativas e
instó a la Fiscalía Provincial a denunciar los hechos. A comienzos
de noviembre, según el TSJA, el Juzgado de Instrucción número 4 de
Granada incoó diligencias de investigación penal, que afectan a
una docena de encausados (diez sacerdotes y dos laicos),
encargando a la Policía Judicial la localización de las personas
denunciadas, y de los testigos que puedan acreditar "la situación
padecida por el denunciante y por otros menores, que deberán
igualmente identificarse".
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La denuncia
también habla de la asistencia psicológica y el tratamiento
farmacológico recibido por el denunciante, y se reserva el derecho
de pedir el testimonio de la facultativa.