3 de junio 2020

 

El 17 de septiembre de 2012, una adolescente de 16 años se fue de vacaciones junto con siete amigas a una playa de la provincia de Chubut, en el sur de Argentina.

Dos jóvenes que conocían las invitaron a una fiesta en su casa. Una vez ahí, la adolescente perdió la conciencia y, un rato más tarde, una de sus amigas la encontró en una habitación mientras era violada por cuatro hombres. Otros dos cuidaban la puerta para evitar que fueran descubiertos.

La adolescente entró en estado de shock. Gritó. La fiesta terminó. Al volver a su ciudad natal, a pocos kilómetros de la plata, la víctima intentó suicidarse. Luego, comenzó a ser presionada por los violadores para que no los denunciara. El hostigamiento la obligó a mudarse de ciudad. Desde entonces está en tratamiento psicológico y psiquiátrico.

 

Esta historia la contó la víctima el 20 de enero de 2019, a través de un post de la cuenta del colectivo feminista Las Magdalenas. Para entonces, ya habían pasado siete desde la violación.

"Gracias a todo este tiempo de intentar sanar es que hoy me siento lo suficientemente fuerte para poder contar mi historia. Que se sepa qué tipo de personas son, que durante todos estos años siguieron sus vidas impunemente, mientras yo no tengo estabilidad emocional. Hoy tengo una red de contención enorme. No tengo miedo. No me calló más", escribió al anunciar que iniciaría un proceso judicial.

En el post, la joven puso las fotos y los nombres de los violadores y sus cómplices. Así fue como Ezequiel Quintana, Leo Del Villar, Luciano Mallemaci, Robertino Viglioni, Tomás Soriano y Joaquín Pérez fueron bautizados como 'La manada', definición que ya se ha aplicado a grupos de violadores en  otros países.

 

Durante la investigación, Soriano quedó sobreseído porque era menor de edad al momento de haber participado en la violación. Pérez también quedó fuera de las imputaciones al colaborar como 'arrepentido'.

El fallo

Más de 60 testigos confirmaron los hechos a lo largo de las audiencias. Pero la sorpresa llegó este martes, cuando El Diario, un medio de comunicación de Chubut, dio a conocer la decisión del fiscal Fernando Rivarola, quien redujo la calificación del crimen, que pasó de 'abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas' a 'abuso sexual simple', lo que implica que sólo podrán sufrir una pena de tres años de prisión 'en suspenso'. Es decir, que no irán a la cárcel.

La decisión también ordena el sobreseimiento de Viglioni. Es decir, que de los seis acusados por la víctima, ya sólo tres de ellos, Quintana, Del Villar y Mallemaci llegarán a un juicio en el que el fiscal, que es el representante del Estado, pedirá penas mínimas que les permitirían seguir en libertad.

Según el fiscal, se trató de un 'accionar doloso de desahogo sexual', una polémica figura legal que minimiza las violaciones y que, de acuerdo con los colectivos feministas, forma parte del espíritu patriarcal con el que se han diseñado las leyes.

 

Ahora la decisión quedará en manos del juez Marcelo Nieto Di Base, quien aceptará o rechazará el acuerdo al que llegaron los defensores de los violadores y el fiscal, y que, además de la condena que en realidad no es tal, también solicitan un juicio abreviado.

El repudió a Rivarola se viralizó de inmediato en redes sociales, en donde se llevó a cabo una jornada de activismo se conmemora el quinto aniversario del inicio del movimiento argentino 'Ni una menos', el cual que fue un parteaguas para las luchas feministas a nivel internacional.