Irlanda del Norte ha empezado este lunes las audiencias públicas de la
investigación por los abusos cometidos contra los niños y niñas
acogidos en instituciones públicas o privadas entre 1922 y 1995. Hasta
el momento, 434 personas han contactado con los investigadores para
declararse víctimas de esos abusos.
La
llamada Investigación sobre Abusos Históricos es la mayor en la
materia puesta en marcha en Reino Unido y no es más que la extensión a
Irlanda del Norte de las investigaciones que durante años han sacudido
a la República de Irlanda. Unas investigaciones que culminaron en 2009
con el informe Ryan que expuso en toda su crudeza la extensión de los
endémicos abusos físicos y sexuales en instituciones de la Iglesia
católica con la callada aquiescencia de las autoridades políticas.
El
lunes empezó la fase pública de la investigación, que está previsto
que dure 18 meses. Los investigadores tendrán luego otros seis meses
para redactar sus conclusiones, que serán presentadas al parlamento
autónomo de Stormont. La investigación “quiere dar voz a aquellos que
sintieron que el sistema les falló”, explicó la principal abogada del
equipo investigador, Christiane Smith. “Al examinar como esos niños
vulnerables fueron tratados en los centros infantiles de acogida entre
1922 y 1995, esta investigación va a examinar el alma de Irlanda del
Norte en ese periodo”, añadió. “Los abusos infantiles dejan una marca
que puede destruir también su vida adulta”, advirtió la abogada Smith.
El
objetivo oficial de la investigación es establecer si ha habido
“fallos sistémicos de las instituciones o del Estado en sus
obligaciones hacia esos niños que estaban a su cuidado” y decidir si
las víctimas han de recibir disculpas e indemnizaciones.
Los
investigadores tienen poderes para convocar obligatoriamente a
cualquier persona a prestar declaración. Aunque no tienen poder para
declarar a nadie culpable de haber cometido abusos, sí tienen la
obligación de hacer llegar a la policía toda la información que
reciban sobre posibles responsabilidades penales. En los casos en los
que se pueda comprometer el derecho a la defensa de un potencial
acusado, las declaraciones se realizarán en privado.
La convocatoria de la investigación es
consecuencia de la presión que hubo en el Ulster para ir al fondo de
los abusos como consecuencia del informe Ryan, y fue anunciada en 2010
y puesta en marcha formalmente el 31 de mayo de 2012. En un principio
se decidió investigar los casos ocurridos durante 50 años, entre 1945
y 1995, pero luego se decidió ampliar ese periodo hasta 1922,
coincidiendo con la independencia de Irlanda.
Sin embargo, solo se van a investigar los
abusos que hayan ocurrido en instituciones residenciales, lo mismo las
gestionadas por la Iglesia que por el Estado o por voluntarios
privados. Eso deja fuera los abusos sufridos por niños fuera de esas
instituciones, como es el de aquellos que estaban acogidos en familias
y los residentes en los hogares de las lavanderías de las Magdalenas
en Irlanda del Norte.
De las
434 personas que dicen haber sido víctimas de abusos en aquellas
instituciones en aquel tiempo, en torno a un tercio ya no viven en
Irlanda del Norte. De ese tercio, unos 60 residen en Australia y el
resto están sobre todo en Reino Unido o en la República de Irlanda.
Los investigadores han establecido que unos 120 niños que estaban en
centros de acogida fueron deportados a Australia entre 1947 y 1956 en
el marco de la política migratoria puesta en marcha entonces por el
Gobierno británico.
