"Este
procedimiento procede de la denuncia que varios colectivos, entre
ellos la Asociación Galega contra o Maltrato a Menores (AGAMME,
presentaron contra
España hace tres años"
AGAMME, la asociación
galega contra el maltrato a menores radicada en Ferrol fue quien creó
y luego coordinó esta iniciativa coral que ha determinado la apertura
del expediente europeo contra España.
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https://www.eldiario.es/sociedad/Comision-Europea-procedimiento-sancionador-Espana_0_860564660.html
La Comisión Europea abre un expediente sancionador a España por no
aplicar la directiva contra el abuso sexual infantil
El organismo ha decidido incoar un procedimiento de
infracción y ha enviado una carta de emplazamiento a las autoridades
españolas como primer paso
Considera que España no ha implementado la directiva
europea de forma plena, algo que debería haber hecho a más tardar en
diciembre de 2013
El expediente procede de una denuncia de varios
colectivos a la que la Comisión Europea respondió hace unos dos años con
posibles incumplimientos como la vulneración del interés superior del menor
o el exceso de interrogatorios
Marta Borraz
24/01/2019

Unos niños ajenos a la información. Pexel
La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de
infracción contra España por no haber aplicado la directiva europea contra
el abuso sexual a menores. El organismo ha decidido enviar una carta de
emplazamiento a las autoridades españolas, italianas y portuguesas como
primer paso, que disponen ahora de dos meses para responder a la Comisión.
Los Estados miembros estaban obligados a implementar
la norma a más tardar en diciembre de 2013, pero aunque el organismo
reconoce "el reto" de implementar una directiva tan exhaustiva, apunta a que
"para garantizar la protección efectiva de los menores frente a los abusos
sexuales, los Estados miembros deben cumplir plenamente las disposiciones".
La directiva, que data del 13 de diciembre de 2011,
establece un amplio marco para combatir el abuso sexual en la infancia, una
realidad oculta y silenciada que
ha motivado solo en 2017 la interposición de 3.041 denuncias, una cada
tres horas, según los datos disponibles del Ministerio del Interior.
"La UE tiene normas estrictas que penalizan estos
abusos en toda Europa, lo que garantiza graves sanciones a los delincuentes,
protege a las víctimas menores de edad y, en primer lugar, contribuye a
evitar que se produzcan tales delitos. La Directiva también incluye medidas
especiales para combatir los abusos sexuales de menores en la red", prosigue
la comunicación oficial de la Comisión Europea.
Vulneración del interés superior del menor
Según confirma el Ejecutivo comunitario, este
procedimiento procede de la denuncia que varios colectivos, entre ellos la
Asociación Galega contra o Maltrato a Menores (AGAMME) presentaron contra
España hace tres años. La
respuesta vino de la mano de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara en
abril de 2017, que avisaba de que la Comisión Europea comenzaría a
investigar a nuestro país por una supuesta vulneración de los derechos de
los menores víctimas de violencia sexual.
El organismo dio crédito a las quejas de las
asociaciones y concluyó que la transposición de la directiva europea a la
normativa nacional es "potencialmente no conforme" y que "podría existir una
falta de diligencia en la instrucción de los casos de abuso sexual" en
España.
Entre otras cosas, concluyó que en nuestro país se
daba una "posible aplicación indebida del interés superior del niño como una
consideración primordial", algo que reconoce la directiva, además de que se
podría estar dando una aplicación generalizada del Síndrome de Alienación
Parental (SAP) y una supuesta falta de credibilidad de la declaración del
menor víctima. La Comisión observó además que podría existir una falta de
diligencia en la instrucción de los casos de abuso sexual a menores,
incluidos los supuestos retrasos injustificados en la toma de declaraciones
de las víctimas y el número excesivo de interrogatorios.
Muchos de estos puntos son los que las organizaciones
de infancia llevan años denunciando como incumplimientos y que esperan que,
en parte, puedan ser subsanados por el anteproyecto de Ley Orgánica para la
Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, aprobado
por el Consejo de Ministros el pasado 28 de diciembre.Aunque ahora debe
proseguir el trámite marcado y llegar al Congreso de los Diputados, el
Gobierno incluye en el texto medidas en varios ámbitos y propone que los
delitos sexuales contra niños y niñas prescriban doce años más tarde de lo
que caducan ahora.
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