La acusación popular que ejerce la Asociación Pro Derechos del Niño y
la Niña (Prodeni) en el caso Romanones está "ultimando" su escrito de
conclusiones provisionales contra el padre Román M.V.C., el sacerdote
acusado de abusar sexualmente de un joven, 'Daniel ' (nombre
ficticio), siendo menor de edad.
En declaraciones a este diario, el presidente y abogado de Prodeni,
Juan Pedro Oliver, anunció ayer que no va a hacer uso de la ampliación
del plazo que la Audiencia de Granada ha anunciado que le concedería
en caso de solicitarla. La intención de esta parte es presentar su
escrito de acusación "antes de que finalice la semana", dado que el
plazo -sin la ampliación- "vence el lunes".
Oliver indicó que Prodeni no considera necesario más tiempo para
calificar, ya que, después de lo instruido, disponen de "datos
suficientes" para formular los cargos contra el religioso, que, antes
de ser suspendido de sus funciones sacerdotales, era párroco de la
iglesia San Juan María de Vianney, sita en el Zaidín.
En su providencia, fechada el pasado 14 de julio y a la que ha tenido
accesoGranada Hoy, la Sección Segunda del Tribunal Provincial comunica
a las partes haber recibido el escrito de la acusación particular que
ejerce la supuesta víctima. Esta acusa al cura de tres delitos de
abuso sexual y reclama 26 años de prisión, así como una indemnización
de 50.000 euros.
En la referida providencia, la Audiencia acuerda que ahora "pase la
causa" a la acusación popular, que será la siguiente en determinar qué
posibles delitos aprecia en los hechos denunciados por 'Daniel', así
como las penas a reclamar.
Los últimos serán el Arzobispado de Granada, que está considerado
responsable civil subsidiario en la causa y que deberá limitar su
escrito a esa condición, y la defensa del padre Román, que está
representado por el abogado Javier Muriel Navarrete. Este siempre ha
defendido la inocencia de su cliente y ha anunciado que pedirá su
libre absolución, así como la expresa condena en costas de la
acusación particular por su "mala fe" procesal.
En su escrito de conclusiones provisionales, el abogado de 'Daniel',
Jorge Aguilera, consideró que los hechos integraban tres delitos de
abuso sexual. El primero de ellos, con carácter continuado y con
acceso carnal por introducción de dedo, y los dos segundos por
supuestas penetraciones con el miembro viril. Por el primero solicita
10 años de prisión, mientras que por cada uno de los otros ilícitos
pide 8 años.
Por su parte, el fiscal del caso, Francisco Hernández, pide 9 años de
prisión, al considerar al religioso autor de un delito de abuso sexual
continuado con acceso carnal por la introducción de dedo.
Los supuestos hechos ocurrieron entre 2004 y 2007, cuando el
denunciante, que hoy tiene 26 años, era menor de edad. El joven
denunció en 2014 los supuestos abusos en una carta que remitió al papa
Francisco, así como ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que acabó
remitiendo el asunto a la Fiscalía Provincial. La denuncia del
Ministerio Público provocó que el juez Antonio Moreno (titular de
instrucción 4) iniciara la investigación, en la que inicialmente había
doce investigados: diez curas y dos laicos. Finalmente, sólo fue
procesado el padre Román, al declararse prescritos los delitos que se
les imputaba al resto.