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La condena al cardenal Pell por violar a un menor cuestiona la
tolerancia cero del Vaticano
Francisco mantuvo a su ‘ministro’ de Finanzas hasta
el pasado domingo y ahora le prohíbe oficiar misas y acercarse a menores
hasta que se resuelva su recurso
Daniel Verdú
Roma 26
FEB 2019
El cardenal George Pell, a su llegada
al tribunal en Melbourne este martes. En vídeo, la reacción del presidente
de los obispos australianos. DAVID
CROSLING (EFE) / VÍDEO: REUTERS-QUALITY
En diciembre de 1996, poco después de ser nombrado arzobispo de Melbourne,
George Pell reprendió a dos chicos del coro de la catedral de la ciudad que
se habían colado en la sacristía y se habían bebido el vino de misa. Se
acababan de meter en un buen lío, les amenazó. Luego abusó de uno oralmente
y tocó los genitales al otro mientras se masturbaba. Así lo recoge la
sentencia de un tribunal de Melbourne que le condena por abusos a menores a
una pena que podría llegar a 10 años de cárcel. Hoy, probablemente,
ingresará en prisión, a la espera de la resolución del recurso presentado.
El cardenal Pell, superministro de Finanzas
del Vaticano hasta hace dos días y consejero directo del Papa, es el miembro
de la jerarquía católica de mayor rango jamás condenado. Francisco, tras
mantenerle más de año y medio en el cargo pese a estar imputado y arrastrar
la sombra de los abusos desde hacía décadas, no le renovó después de que el
24 de febrero, casualmente, expirasen sus cinco años de mandato, según
fuentes vaticanas. Es decir, nadie le ha destituyó de su cargo y agotó su
contrato hasta el último día. La pregunta, justo cuando la Iglesia trata de
convencer al mundo del cambio de guion en el tema de los abusos, es por qué
se esperó tanto.
El Vaticano, o los órganos más cercanos a Francisco,
siempre han creído que el caso de Pell quedaría en nada. De hecho, muchos
siguen pensando que, en segunda instancia, tendrá más posibilidades de ser
declarado inocente ante un juez (ya le sucedió en diciembre al arzobispo de
Adelaida Philip Wilson, que había sido condenado a un año de prisión por
encubrimiento). Las acusaciones, pensaban al principio en el Vaticano, se
referían a unos tocamientos en una piscina y jamás se le investigó por
ninguno de los órganos competentes como la Congregación para la Doctrina de
la Fe. Luego, cuando se conoció el caso por el que ha sido condenado,
tampoco se le otorgó mucho crédito. Una de las víctimas podía querer una
compensación económica. La otra, ya había fallecido por sobredosis en 2014.
El miércoles sabrá si entra en la cárcel
La lectura de la sentencia señalará hoy la
condena a prisión que recibirá George Pell. El cardenal, según quienes
han hablado con él, “se encuentra sereno” y mantiene que es inocente.
También lo creen muchos en el Vaticano, donde solo desde el domingo ha
perdido su condición de prefecto para la Secretaría de Economía.
Hoy, sin embargo, es probable que el juez ordene
que entre en prisión y deba esperar entre rejas la resolución del
proceso en segunda instancia al que será sometido. Esta vez será un
magistrado y no un jurado quien se encargue de dictaminar si es o no
culpable. Esa es una de las esperanzas de Pell.
Francisco nombró ese mismo año a Pell como prefecto
para la Secretaría de Economía pese a que muchas voces apuntaban a un oscuro
historial de acusaciones. Luego, cuando fue imputado, algunos quisieron
pensar que se trataba de una trampa que le habían tendido sus supuestos
enemigos de la curia por los modos toscos y la violencia con la que el
Ranger, como le apodaban, quiso reformar las endiabladas finanzas vaticanas.
Ahora la Santa Sede, que no ha anunciado oficialmente su cese, irá a rebufo
de la justicia civil y de la propia Iglesia en Australia, que con mayor
celeridad ya le apartó del ministerio público hace unos meses.
La sentencia de Pell y los horribles detalles del
caso llegan justo cuando termina la cumbre que ha reunido a 190 líderes
religiosos para atajar el problema de los abusos. Durante los tres días que
duró la cita, se pidió contundencia y eficacia en esta lucha, más
transparencia y cero tolerancia. Pero el caso del australiano, mantenido
hasta el último día en su cargo y solo apartado del consejo de cardenales
que asesora al Papa (el famoso C9) el pasado diciembre y “por motivos de
edad”, evidencia una manera muy distinta de tratar la cuestión.
Especialmente, comparado con la radicalidad empleada con otros cardenales,
como el estadounidense Theodore McCarrick quien, acusado de abusos a menores
y adultos, fue expulsado del sacerdocio hace apenas una semana.
El Vaticano publicó poco después de conocerse la
condena un comunicado que subraya que el proceso sigue en curso y Pell sigue
declarándose inocente, pero confirma su cese temporal. “[...]En espera de la
determinación definitiva de los hechos, al Cardenal Pell se le ha prohibido
con carácter preventivo el ejercicio público del ministerio y, como es
norma, el contacto de cualquier manera y forma con menores de edad”. Es la
primera vez que hay una reacción punitiva del Vaticano. Pero es solo una
confirmación pública de la decisión que ya había tomado la Conferencia
Episcopal australiana. Además, las medidas cautelares podrían propiciar una
investigación canónica que derivase, si resulta culpable en segunda
instancia, en una expulsión del sacerdocio.
En cualquier caso, y de acuerdo con la autoexigencia
impuesta por el Papa estos días, todo da la sensación de llegar demasiado
tarde. Pell, que testificó dos veces ante la Royal Comission australiana,
siempre negó las acusaciones. Pero cuando fue nombradosuperministro de
Finanzas del Vaticano ya había sido acusado numerosas veces. El cardenal, de
hecho, ejerció como sacerdote en Ballarat, su localidad natal, entre 1979 y
1984. Un periodo en el que se produjeron decenas de casos de abusos a cargo
de otro cura (Gerald Ridsale), condenado a ocho años de prisión. Pell
siempre negó conocer aquello. Al igual que la mayoría de los 4.444 casos
denunciados entre 1980 y 2015, muchos de los cuales se produjeron cuando fue
arzobispo de Melbourne entre 1996 y 2001, y de Sidney hasta 2014. Sin
embargo, en Australia se terminaron pagando ocho millones de euros a
víctimas a cambio del silencio. Pero algunas siguieron adelante.
Una de las víctimas de Pell pidió que se mantenga en
secreto su identidad. Dijo que no es un portavoz de las víctimas de
pederastia, solo “un tipo trabajador común y corriente que mantiene y
protege a su familia lo mejor posible”. “Necesito espacio y tiempo para
soportar el proceso judicial en marcha”. Igual que otros supervivientes de
abusos sexuales, pasó “vergüenza, soledad, depresión y una lucha [interna]
que le llevó años entender”. Pero el caso Pell aún no ha terminado.
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