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ENTREVISTA | Estrela Gómez, coordinadora de Agamme
"La justicia duda de los menores que narran abusos
sexuales porque les concibe como seres inferiores"
Estrela Gómez es coordinadora de Agamme, uno de los
colectivos impulsores de la queja que ha llevado a la Comisión Europea a
investigar si España es diligente en la investigación de abusos sexuales a
menores
"Hay un orden social establecido que gira en torno al
padre, y a la madre que le denuncia por abusos hacia su hijo se le recuerda
que debe cumplirlo", asegura sobre la aplicación del Síndrome de Alienación
Parental (SAP)
Marta Borraz
Estrela Gómez
más INFO
Estrela Gómez Viñas lleva
varios años evaluando la respuesta judicial ante los abusos sexuales a menores
en el ámbito familiar. Esta mediadora social lo hace desde la coordinación de
la Asociación
Galega contra o Maltrato a Menores (Agamme), que desde 2010 intenta visibilizar
la violencia sexual contra niños y niñas, un tabú del que pocas veces se habla
pero que existe.
El colectivo ha recibido, sobre todo, casos de madres que denuncian a los padres
por abusos contra sus propios hijos y aseguran haberse encontrado con una
justicia que les ha dado la espalda. Una realidad que ha sido denunciada por
organizaciones como Save the Children y Amnistía Internacional y
que ahora ha llegado a la Comisión Europea a través de una queja presentada
por Agamme y otros dos colectivos que dará lugar a una investigación.
La Comisión encuentra indicios de que "podría existir una falta de
diligencia en la instrucción de los casos de abuso sexual" en España y da
crédito a varias de las prácticas relatadas en la queja ¿Qué supone esta
respuesta?
Que la
Comisión reconozca que puede haber una transposición errónea de dos
directivas europeas –la de lucha contra los abusos sexuales a menores y la
referida a protección de las víctimas– en la legislación española es un paso
muy importante. Esperamos que por fin el Estado español dé el paso de
reconocer que hay un problema, dé de lado determinadas prácticas que
dificultan la investigación de abusos y podamos conseguir una justicia
adaptada a la infancia. Pero hay que ser cautos y esperar para ver en qué se
materializa.
¿En qué se basa para afirmar que la justicia no se adapta a los menores?
En que en
la base de los procedimientos hay algo que está fallando. Se estima que en
torno al 20% de los niños y niñas sufren abusos sexuales y, de ellos, el 80%
en el ámbito familiar. Sin embargo, a pesar de unos datos tan brutales, las
víctimas que dan a conocer su situación, que son una ínfima parte, y llegan
a los tribunales, se encuentran con un muro. Se tarda mucho tiempo en
tomarles declaración, no hay profesionales expertos, los niños se sienten
atacados y asustados, se encuentran con los presuntos agresores mientras
esperan...
Además de estas prácticas, otro de los puntos clave denunciados es que hay
una falta de credibilidad del testimonio del menor...
Sí. Hay una
especie de presunción de falsedad cuando un niño o una niña relatan este
tipo de abusos. Es algo muy pernicioso porque si el profesional o el juez
que le toman declaración están pensando eso, el menor lo va a notar y la
entrevista ya no se va a desarrollar con plenas garantías. Ellos sienten que
el que le escucha está desconfiando de su relato. La justicia duda de ellos
porque les concibe como seres inferiores, sin capacidad para narrar, para
recordar o para decir la verdad, tal y como hace la sociedad.
¿Esto supone que el menor no está en el centro del procedimiento?
No, para
nada. En vez de supeditarse el procedimiento a la víctima, como sería lo
lógico en una justicia efectiva, es ella la que debe supeditarse al número
de profesionales, a los medios, al trabajo que tengan... Por ejemplo, se
toma testimonio cuando al procedimiento le resulta más factible, no cuando
el menor está preparado. Esto unido al punto de vista desde el que vemos a
los niños, rodeados de prejuicios sobre la narración infantil, hacen que no
se les conciba sujetos de derecho.
¿Qué consecuencias tiene esto para el acceso a la justicia?
Hay varias.
En primer lugar, la víctima va a sufrir más y tendrá mas posibilidades de
sufrir revictimización, es decir, volver a sufrir por el modo en que se le
hace atravesar el proceso judicial. Otro efecto es que se producirá una
prueba defectuosa y que no se puedan recoger datos suficientes. Si el
entrevistador no le deja hablar con calma porque tiene 30 minutos, hace
preguntas poco delicadas o le demuestra que no está confiando en el relato
provocará que el menor se cierre en sí mismo y el testimonio será de mucha
menos calidad, que es la prueba fundamental.
La
consecuencia final es que no se accede a la justicia. Hay menores que por
ello no consiguen demostrar que han sido abusados sexualmente. Esto, en caso
de que el acusado sea el padre, tiene unas implicaciones brutales porque
habrá niños a los que se les obligue a establecer comunicaciones o regímenes
de visitas con la persona que ha ejercido este tipo de violencia contra él.
La Comisión Europea también va a investigar la
aplicación en tribunales españoles del Síndrome de Alienación Parental (SAP) contra
las madres...
Sí. Suele
aplicarse a madres que denuncian abusos sexuales de los padres hacia sus
hijos y a las que se les acusa de haber influenciado al menor. De hecho,
otra de las claves de por qué se suele desconfiar del relato infantil es por
la persona que denuncia. Hay padres y otros familiares que lo hacen, pero la
mayor parte de las veces un niño va a contar lo que le pasa a su madre. Ahí
nos encontramos con todos los prejuicios respecto a las intenciones de las
mujeres, de pensar que quiere conseguir algo con ello.
De hecho,
uno de los sinónimos del SAP es síndrome de la madre maliciosa. Es una
teoría que no está reconocida y detrás de ella hay una ideología, pero hay
juzgados y equipos psicosociales que la aplican. Y como consecuencia,
aplican la llamada terapia de la amenaza, que es la "solución" ideada por el
creador del SAP.
¿En qué consiste?
Es el
tratamiento diseñado para ese supuesto síndrome de una madre perversa cuyo
único objetivo es dañar a la figura paterna y que consiste en una batería de
medidas basadas en la coacción dirigidas a madres e hijos: amenaza de
aislamiento temporal, tratamiento psicológico o cambios de custodia en favor
de los padres que han sido denunciados.
¿Cuáles son los efectos?
El primero
es que los niños y niñas estarán desprotegidas porque se ven obligadas a
tener que cumplir
un régimen de visitas en contra de su voluntad con alguien del que han
expresado que les produce temor. Pero a mayores tiene otro efecto
disuasorio. Es una pedagogía perversa que trata de recordar constantemente a
la sociedad qué puede suceder si tomas determinadas decisiones. Hay un orden
establecido que gira en torno al padre, al patriarca. Si no se cumple
socialmente, como hacen las madres que denuncian, se le recuerda esta
obligatoriedad.
¿Este tipo de prácticas que denuncian en la queja se dan de forma
sistemática o son casos aislados?
Generalizar
es decir mucho porque también hay grandes profesionales que se implican y
trabajan bien en este sentido. Pero lo que está claro es que es algo que
existe, son prácticas que se dan en muchos casos y, sobre todo, si el abuso
ha sido cometido por el padre. No hay tanto problema cuando se acusa a otros
miembros de la familia, como abuelos o tíos. Save the Children ya ha avisado
de que las trabas judiciales se dan especialmente en estos casos.
¿Cómo ha sido la respuesta del estado español a las denuncias que lleváis
haciendo varios años muchos colectivos?
De manera sistemática no se atienden este tipo de quejas. Además, España no
es un país en el que haya mecanismos efectivos de participación y cuando ha
recibido varapalos, los ha ignorado. Es
el caso de Ángela González, cuya hija fue asesinada por su padre
violento en un régimen de visitas después de que ella manifestara en decenas
de ocasiones que no quería verle. La ONU ha pedido a España que indemnice y
repare el dolor de Ángela porque da por probado que hubo una negligencia, pero
España lo ignora. Es escandaloso.
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