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IDEAL
En el final de ‘Spotlight’,
ganadora del Oscar a la mejor película, hay luces y sombras. Después de años
de trabajo, el equipo de investigación del ‘Boston Globe’ publica, en enero
de 2002, que el arzobispado de la capital de Nueva Inglaterra había llegado
a acuerdos extrajudiciales para acallar las denuncias de abusos sexuales
contra menores por parte de más de cien sacerdotes católicos. Cuando saltaba
el escándalo en una parroquia, los clérigos implicados eran trasladados a
otra en la que seguían engordando su abominable currículum. El récord lo
ostenta John J. Geoghan, que violó, al menos, a 130 niños –el más pequeño,
de 4 años– en la media docena de destinos pastorales que, en el intento de
tapar sus crímenes, le asignó la diócesis. La primera denuncia había llegado
a sus superiores a mediados de los sesenta, pero no fue juzgada hasta tres
décadas y media después. Las luces: en los días siguientes a la publicación,
cientos de víctimas de ese y otros depredadores sexuales superaron el dolor
y la vergüenza y llamaron al diario para compartir sus atroces recuerdos de
infancia. El arzobispo Bernard Law presentó su dimisión. Las sombras: sobre
un fondo negro, la cinta proyecta los nombres de 105 ciudades de Estados
Unidos y 101 del resto del mundo; son los lugares donde, según los autores
del filme, la Iglesia católica ha tratado de ocultar abusos sexuales a
menores por parte de religiosos. Entre ellas están las españolas Comillas y
Granada.
La referencia a la villa cántabra
alude a los años de formación del mexicano Marcial Maciel, el fundador de
los Legionarios de Cristo, ensalzado en innumerables ocasiones por el
Vaticano a pesar de que su adicción a las drogas y su afición por abusar
sexualmente de niños pequeños –incluidos dos de sus hijos ilegítimos– ya
habían sido denunciadas a Roma en 1948 por los superiores jesuitas de la
Universidad Pontificia.
En la ciudad de la Alhambra, el ‘caso
Romanones’ estalló el 14 de octubre de 2014. Fue el día que Daniel, nombre
ficticio que la prensa eligió para él, denunció ante el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía los abusos y agresiones sexuales de los que había sido
víctima desde los 14 hasta los 17 años por parte de diez sacerdotes y dos
laicos.
«Recordar todo es muy doloroso»,
escribió el lunes Daniel en un mensaje de WhatsApp a este periódico. El
joven de 25 años, miembro del Opus Dei, se ha alejado de Granada y trabaja
en una universidad del norte de España. No quiere hablar con los medios de
comunicación. La investigación le obligó a desenterrar recuerdos que
prefiere no tener que revivir de nuevo. Al menos, no hasta que se celebre el
juicio.
Orgías
en el chalé
Monaguillo desde los 7 años en la
parroquia Juan María de Vianney, en el popular barrio del Zaidín, mantenía
una estrecha relación con Román Martínez, un párroco peculiar que se
desplazaba por la ciudad en una moto de gran cilindrada y lideraba un grupo
de curas, el llamado ‘clan de los Romanones’. Ya de adolescente, Daniel
frecuentaba la casa parroquial y algunos de los 19 pisos y chalés del grupo,
beneficiario de la herencia de una farmacéutica de Órgiva. Según su
declaración, empezó a quedarse a dormir «para ver películas» y acabó
sufriendo abusos sexuales por parte del padre Román, hoy sexagenario, y
otros curas. Relató al juez cómo los sacerdotes practicaban sexo anal,
felaciones y masturbaciones entre ellos. Como el adolescente se resistía a
participar en las orgías, el presunto agresor le reprendía por no vivir la
sexualidad «con claridad de miras». Otros tres testigos confirmaron ante el
instructor que los religiosos se bañaban desnudos en la piscina y compartían
besos, caricias y masajes. Dos de ellos recibieron peticiones «libidinosas»
del líder del clan. Daniel asegura que otros chicos y chicas también
sufrieron abusos.
Román y otros dos sacerdotes –M. M.
M., párroco en la localidad alpujarreña de su rica benefactora, y F. C. M.,
miembro del tribunal eclesiástico de la diócesis–, junto al laico S. Q. M.,
profesor de Religión, fueron detenidos el 24 de noviembre de 2014. Gracias a
la investigación canónica previa, tuvieron varios meses para preparar su
defensa. En ese período también se produjo el oportuno robo de un ordenador
y una tablet en uno de los chalés que compartían.
Finalmente, solo el cabecilla del clan
será juzgado por abusos y agresiones sexuales con penetración anal y
prevalimiento –aprovechándose de su autoridad–. Tanto el instructor como la
Fiscalía entienden que los presuntos delitos de los otros once denunciados
–tocamientos, exhibicionismo y encubrimiento– han prescrito.
Antes de presentar la denuncia
judicial, Daniel había enviado una carta al Papa para contarle los hechos.
Francisco le llamó por teléfono: «No he podido más que emocionarme y sentir
un dolor inmenso al leer tu relato. Perdona este gravísimo pecado y
gravísimo delito que has sufrido». El Pontífice ordenó al arzobispo que
iniciara una investigación interna y colaborara con la Justicia. Pero
Francisco Javier Martínez desoyó en cinco ocasiones la petición del juez
para que entregara la documentación de su propio interrogatorio, alegando
que estaba protegido por el «secreto pontificio». El magistrado le recordó
que no existe tal cosa y mencionó la recomendación de Bergoglio de
investigar el caso hasta el final. Advertido de que podía ser acusado de
obstrucción a la justicia, el prelado accedió por fin.
¿Qué conclusiones habían alcanzado las
pesquisas arzobispales para que Martínez se resistiera a entregárselas al
juez? El abogado Juan Pedro Oliver,
presidente de la Asociación Pro Derechos del Niño (Prodeni), que ejerce la
acusación popular, explica que, tras interrogar a los denunciados,
Martínez remitió a la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma un
documento en el que apreciaba «indicios de delito» en la actuación de los
cuatro detenidos y aconsejaba ampliar la investigación al resto de los
curas, en la sospecha de que «hubieran sido víctimas convertidas con el
tiempo en cómplices».
Salvo los tres curas arrestados, los otros siete religiosos implicados han
regresado a sus parroquias. En Atarfe, un pueblo del área metropolitana de
Granada, los feligreses protestaron: no querían a un presunto pedófilo
impartiendo catequesis a sus hijos. «El delito prescribió por el tiempo, no
porque se haya demostrado que no era culpable», argumentó uno de los padres,
Javier Ruiz. Por su parte, el profesor de Religión, a quien la Junta de
Andalucía se negaba a readmitir, fue restituido en su plaza por un juez de
lo Social.
La semana pasada, la Audiencia de
Granada ratificó la apertura de juicio oral contra Román Martínez. La
diócesis figura como responsable civil subsidiaria.
Francisco Javier Martínez parece tener
sus días contados como arzobispo. «Tiene que salir de Granada cuanto antes»,
zanja José Manuel Vidal, director del medio católico que destapó el
escándalo, ‘Religión Digital’. Para el periodista y teólogo, el pontificado
de Francisco marca un antes y un después en la actitud eclesial hacia los
abusos sexuales a menores: «Hemos pasado del encubrimiento a la tolerancia
cero». Benedicto XVI lanzó el mensaje, pero Francisco puso en marcha los
instrumentos para hacerlo efectivo, al crear la Comisión Pontificia para la
Protección de los Menores que, presidida por el cardenal Sean O’Malley, vela
por que los casos de pederastia sean prevenidos, investigados y castigados.
Todos los miembros de la Iglesia, ha advertido el nuevo arzobispo de Boston,
tienen la obligación de informar a la Justicia de cualquier sospecha.
  
Vidal cree que la
jerarquía española tiene clara la teoría, pero no la pone en práctica: «La
tendencia es lavar la ropa sucia en casa. Eso hace un daño terrible a la
institución. Granada lo simboliza muy bien. El arzobispo quizá no se opuso a
la investigación, pero sí la obstaculizó. No fue diligente en su
responsabilidad ‘in vigilando’: hay doce implicados, aunque solo se juzgue a
uno, y eso clama al cielo. No era una manzana podrida; era una especie de
secta organizada».
Premio
o castigo
El corresponsal de este periódico en
Roma, Darío Menor, también da por hecha la salida de Martínez, aunque cree
que el Vaticano está dejando transcurrir un tiempo para evitar el escándalo.
Incluso se apunta a que su sustituto será el actual obispo de Guadix-Baza,
Ginés García Beltrán.
El periodista recuerda
que no todo el mundo ve tan claro que Francisco esté decidido a terminar con
esta lacra. A Peter Saunders, una de las dos víctimas de la pederastia que
forman parte de la Comisión O’Malley, acaban de pedirle que se tome un
descanso, después de que este «superviviente» británico hiciera públicas
duras críticas a ese organismo. «Durante el papado de Francisco la Iglesia
católica no ha hecho nada para terminar con los abusos a menores por parte
del clero», asegura, decepcionado. Saunders lamenta que el pontífice
mantenga como ‘ministro’ de Economía al cardenal George Pell, acusado de
encubrir casos de pederastia durante su etapa como arzobispo de Melbourne
(Australia), o que no retire su apoyo al obispo de Osorno (Chile), protector
de sacerdotes condenados por abusar de niños.
Para Menor, el cambio de
mentalidad es real. Hace 15 años, el cardenal colombiano Darío Castrillón
difundía ‘urbi et orbi’, con permiso de Juan Pablo II, su efusiva
felicitación a un obispo francés que se negaba a ‘entregar’ a la Justicia a
un cura condenado por abusar de niños. «No había ninguna sensibilidad. Hoy
sería impensable», resalta el corresponsal.
Como contrapunto, recuerda que el
‘castigo’ a Bernard Law por proteger a decenas de curas pederastas en Boston
fue un retiro dorado: durante unos años fue arcipreste de la Basílica de
Santa María la Mayor de Roma y participó en el cónclave que eligió a
Benedicto XVI. Ya está jubilado, pero sigue viviendo en su iglesia romana.
¿Y en España? No es fácil decirlo. La
Conferencia Episcopal (CEE), el Arzobispado de Granada y el Obispado de
Bilbao han rehusado participar en este reportaje. El departamento de
comunicación de la CEErecuerda que este es un órgano colegiado que no tiene
una posición jerárquica sobre las diócesis y no registra ni investiga los
casos de pederastia: eso corresponde al Vaticano y a los juzgados. Por ello,
remite a una rueda de prensa de 2014 en la que su portavoz, José María Gil
Tamayo, repetía como un mantra los cuatro puntos del argumentario de los
obispos: tolerancia cero hacia la pederastia, cercanía y solidaridad hacia
las víctimas, respeto a la presunción de inocencia de los supuestos
abusadores y consideración de la Iglesia como víctima indirecta de estos
hechos a los que es ajena y que tanto dañan su imagen. La pederastia,
recordaba Gil, no es exclusiva del clero. Se da también en otros ámbitos de
la sociedad.
La CEE remite también a dos protocolos
de actuación de 2010 que reúnen información jurídica sobre los «delitos
contra el sexto mandamiento», el que condena los actos impuros; en ambos
llama la atención la ausencia de empatía hacia las víctimas. Uno de ellos
comienza así: «Para afrontar estas complejas situaciones, la prudencia
jurídica aconseja no ceder al clima de sospecha, de acusaciones con
frecuencia infundadas, de denuncias muy tardías con sabor a montaje, de
aprovechamiento con objetivos económicos, de la confusión y del nerviosismo
que con frecuencia acompañan estas oleadas de escándalos públicos». El resto
de los puntos aborda cómo defender y cuidar a los acusados y cómo protegerse
de las víctimas y sus familiares. La palabra perdón no aparece.
Detrás de estos dos textos está la
mano del director del servicio jurídico de la Conferencia Episcopal,
Silverio Nieto, que fue marino mercante, policía y juez antes de ordenarse
sacerdote con 51 años. El también confesor del ministro del Interior, Jorge
Fernández, ha sido enviado por el Vaticano en dos ocasiones como ‘sabueso’ a
investigar presuntos casos de pedofilia en el clero: en 2011, los cometidos
por los Legionarios de Cristo –nueve sacerdotes fueron hallados culpables– y
en 2015, los denunciados por un joven en el colegio Gaztelueta, del Opus
Dei, en la localidad vizcaína de Leioa. El chico acusa a su preceptor –una
figura laica que ofrece a los estudiantes consejo espiritual y académico en
los centros de la Obra– de haber abusado de él cuando tenía 12 años.
Según la denuncia, el docente citaba
al menor en su despacho varias veces a la semana y allí, con la puerta
cerrada y las persianas echadas, le mostraba fotos de chicas desnudas, le
conminaba a quitarse ropa y le acariciaba. Las pruebas periciales ordenadas
por el juzgado, donde las investigaciones continúan, han determinado que el
joven sufre «estrés postraumático» y que su testimonio tiene visos de
credibilidad.
Tras la experiencia del granadino
Daniel, las cartas al Papa se han convertido ya en un recurso común de las
víctimas. El padre del denunciante vizcaíno, hoy mayor de edad, envió una
misiva a Francisco en 2014 y recibió su apoyo sin fisuras. Sin embargo, tras
escuchar las conclusiones de Silverio Nieto, que entrevistó al joven y a sus
padres, el Vaticano cerró el caso por falta de pruebas. La familia, también
vinculada al Opus Dei, ha pedido al Pontífice que lo reabra porque la
investigación del jurista episcopal fue «una trampa y un engaño».
El
cura inocente
Más correo a Roma. Esta misma semana,
el padre de uno de los denunciantes de los abusos sexuales en dos centros de
los Maristas en Barcelona pedía también al Santo Padre que investigase los
hechos y obligase a la orden a pedir perdón. Los Mossos d’Esquadra acumulan
ya 30 denuncias contra siete docentes –dos de ellos religiosos– y un
monitor, por presuntos abusos contra menores en los colegios desde los años
70. Tres han reconocido los hechos. La reacción del arzobispo de Barcelona
ante las denuncias fue bien distinta a la de sus homólogos de Granada y
Bilbao: Juan José Omella ha dirigido palabras de aliento a las víctimas y
sus familias, a las que ha pedido perdón en nombre de la Iglesia.
Un caso especial es el de Asturias,
donde la Justicia ha archivado las denuncias por abusos sexuales de las
familias de tres menores –dos de ellos hermanos– contra Jesús María
Menéndez, párroco en Villaviciosa y profesor de Religión en dos institutos
de Gijón. Lo curioso es que el Arzobispado de Oviedo promovió la expulsión
fulminante del sacerdocio de este cura progresista que dirige una casa de
acogida para jóvenes con problemas. Menéndez también piensa recurrir al
Papa. Quiere demostrar su inocencia.
Los medios oficiales vaticanos
aprueban la película
La acogida a la oscarizada ‘Spotlight’
sirve para medir el abismo entre el Vaticano y España en la consideración de
los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia. Medios oficiales
vaticanos aprueban el filme. ‘L’Osservatore Romano’ ha publicado que es
«emocionante» y «no es anticatólica», porque «da voz al dolor profundo de
los fieles», y Radio Vaticano lo califica de «honesto» y «convincente». El
propio cardenal O’Malley afirmó en un comunicado que la película de Tom
McCarthy es «importante para todos aquellos que han sido golpeados por la
tragedia de los abusos sexuales cometidos por el clero» y alabó el papel del
‘Boston Globe’ al destapar el escándalo: «Contando de forma detallada la
historia de esta crisis, los medios de comunicación han llevado a la Iglesia
a reconocer los crímenes y los pecados cometidos por sus miembros y a
afrontar sus debilidades, el daño causado a las víctimas y a sus familiares,
y las exigencias de los supervivientes».
Nada que ver con nuestro país. El
portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo,
rechazó conceder una entrevista a este periódico para valorar los últimos
acontecimientos en torno a los abusos sexuales en el ámbito religioso.
Respecto a la aparición de Granada y Comillas en la lista de la vergüenza de
‘Spotlight’, el gabinete de comunicación de la CEE responde: «Por qué han
puesto unos u otros, no lo sabemos». En el departamento análogo del
Arzobispado de Granada –que tampoco concede entrevistas– ni siquiera quieren
comentar el asunto: «No nos consta. No hemos visto la película».
Condenas en España
Frente a la depuración masiva contra
miles de curas abusadores emprendida en Estados Unidos, Alemania, Irlanda o
Polonia, en España hay muy pocas denuncias y se cuentan con los dedos de las
manos los sacerdotes encarcelados por este motivo. En los últimos años: José
Domingo Rey Godoy (Córdoba), condenado a 11 años por realizar tocamientos a
seis niñas; José Martín de la Peña (Madrid), 10 años por agredir a una
menor; Edelmiro Rial (Vigo), 21 años por abusar de seis monaguillos; José
Ángel Arregui (Bilbao), 817 días por tenencia de pornografía infantil,
incluidas sus propias escenas con menores; José Beltrán (Jaén), 8 años por
forzar a un niño; y Pablo Ortega (Valencia), 5 años por atacar a dos
adolescentes.
9% de los casos de abusos sexuales a
niños varones en España son obra de religiosos, frente al 1% en las niñas,
según un estudio hecho por el catedrático de Sexología de Salamanca Félix
López.
900 curas han sido apartados del
sacerdocio desde 2003 por la Congregación para la Doctrina de la Fe, el
tribunal del Vaticano encargado de estos casos, que estudió 3.400 denuncias.
¿Por
qué se tarda tanto en ir al juez?
Los abusos (tocamientos o
masturbación) prescriben a los 5-10 años desde la mayoría de edad de la
víctima y las agresiones (penetración o felación), a los 10-15, lo que
dificulta las condenas. El psicólogo Eduardo
Riol, de Prodeni, recuerda que muchos abusadores son figuras
respetadas por su autoridad que manipulan a la víctima y juegan con el miedo
al «castigo social» por ser homosexuales. «Las víctimas no siempre los ven
como monstruos», afirma el especialista.
Denuncias en cadena, pero no ‘montajes’
Cuando una víctima supera el miedo y
denuncia, su ejemplo anima a otras, como ocurrió en Boston. Eso da una falsa
sensación de montaje que alimenta las teorías conspiratorias de la autoridad
eclesial.
Los
abusos dejan secuelas de por vida
La mayoría de los
menores que son víctimas de abuso sufren secuelas a corto plazo:
sentimientos de culpa y vergüenza, desconfianza, precocidad sexual, miedo y
ansiedad. «Es muy frecuente que crean haber hecho algo malo para ‘merecer’
los abusos», señala el psicólogo. Entre un 20% y un 30% padecen trastornos
durante toda su vida, sobre todo baja autoestima, depresiones y tendencias
suicidas.
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