La abogada de Juan Cuatrecasas, el joven que sufrió abusos sexuales en
el
colegio
masculino del Opus Dei Gaztelueta, ubicado en Leioa (Bizkaia) y que
recibe fondos públicos, ha solicitado este lunes el ingreso en prisión
del profesor y numerario condenado por estos hechos, José María Martínez
Sanz. El Tribunal Supremo
rebajó
de once a dos años la pena inicialmente impuesta al docente a pesar
de dar por probado el delito y considerar que fue "continuado" al
entender que el denunciante no contó los hechos más graves desde el
principio. Dos años es justo el límite que habitualmente supone la no
ejecución de la entrada en la cárcel, pero la víctima y su defensa
jurídica remarcan que la suspensión de la condena en este caso en
concreto "trasladaría un mensaje de impunidad material al condenado y a
la propia sociedad". El abogado del numerario, Eduardo Ruiz de Erenchun,
presentará igualmente alegaciones en sentido contrario.
El Código Penal prevé la no entrada
en la cárcel en caso de pena "no superior" a dos años si el acusado no
tiene antecedentes. Martínez Sanz cumple los dos requisitos y es muy
habitual que se suspendan condenas de esta naturaleza. Sin embargo, la
letrada Leticia de la Hoz entiende hay un tercer requisito al que no
puede acogerse y que se refiere de la satisfacción de las
"responsabilidades civiles". La defensa de Cuatrecasas remarca que el
abusador "hasta la fecha no ha realizado esfuerzo alguno de resarcir las
responsabilidades penales derivadas de la comisión del delito ni
mostrado signos de arrepentimiento alguno".
En todo caso, la abogada incide,
además, en que esta previsión no tiene que operar como un automatismo,
sino que hay que valorar la no entrada en prisión supuesto a supuesto.
En este caso, De la Hoz alude a la "gravedad" de lo ocurrido, que "no
queda atenuada" por el hecho de que el Supremo, en una segunda
valoración jurídica, haya rebajado de manera drástica la condena. "La
gravedad de la conducta objeto de condena, tanto desde un punto de vista
objetivo como subjetivo, inclina la balanza de la valoración que el juez
debe realizar hacia la denegación de la suspensión de la pena, aún en el
supuesto de que el penado reuniera los requisitos mínimos", asegura en
su petición a la Audiencia Provincial de Bizkaia, que fue el tribunal
que enjuició el caso en primera instancia y que ahora tendrá que adoptar
esta decisión.
De la Hoz ha encontrado tres
precedentes de casos de trascendencia pública en los que se optó por
ordenar el ingreso en prisión a pesar de ser una condena de dos o menos
años. En su escrito, cita como jurisprudencia el 'caso Matas'
-exministro y expresidente de Baleares implicado en varias causas de
corrupción-, el 'caso Pallerols' -vinculado a la financiación ilegal de
la extinta Unió- y el 'caso Pantoja'. Sobre la tonadillera, vinculada a
las irregularidades económicas en Marbella, el tribunal alegó que las
penas han de cumplir su función de "servir de freno a posibles conductas
futuras" no sólo del propio condenado sino de terceros. Se trató de una
medida "ejemplar", "huyendo, en definitiva, de pronunciamientos
meramente formales, equivalentes en la práctica a una cuasi impunidad
material de banqueros, políticos, personas poderosas o de relevancia
pública".
Leticia de la Hoz, abogada de la
familia de la víctima de abusos sexuales en Gaztelueta
"Nuestro alegato es muy claro: no
sería comprensible que un pederasta condenado en base a una sentencia
firme del Supremo permaneciera en libertad cuando hay jurisprudencia por
delitos económicos. Nadie lo entendería. El riesgo social que supone
dejar sin control y en libertad a un pederasta condenado es más que
evidente", argumenta la familia Cuatrecasas.
Los hechos en Gaztelueta se produjeron entre 2008 y 2010, cuando el
joven ahora mayor de edad cursaba el primer ciclo de Secundaria. El
docente sacaba al alumno de clase y, en su despacho, abusaba sexualmente
de él de manera continuada. Además, la víctima padeció también
'bullying'. Aunque tuvo un recorrido incierto por los tribunales, el
caso solamente avanzó cuando el propio Cuatrecasas, al cumplir los 18
años, presentó una denuncia formal. En 2018 se celebró el juicio en la
Audiencia Provincial de Bizkaia. El colegio Gaztelueta no solamente
defendió la inocencia total de su exprofesor sino que atacó a la familia
del joven y pagó parte de la defensa del abusador. Tras una primera
sentencia de once años de cárcel, el Supremo admitió parte del recurso
del condenado y, aunque dio por probados los abuso y su gravedad, rebajó
notablemente la pena.
La víctima ha concedido este fin de
semana una primera entrevista a este periódico en la que dicho sentirse
"humillado" por cómo el alto tribunal ha resuelto el caso. "La sentencia
del Supremo la he asumido como que no me han creído o que me han creído
con matices. Lo considero como algo humillante, como que me han
ninguneado", enfatiza Cuatrecasas. Se
puede leer aquí la entrevista completa.