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https://elpais.com/sociedad/2019/05/28/actualidad/1559068485_067759.html
Las niñas violadas obligadas a
ser madres llevan su causa a la ONU
Guatemala, Ecuador y Nicaragua
responderán ante el Comité de Derechos Humanos por una legislación que
penaliza a las víctimas. América Latina, a la cola en derecho al aborto
Una de las
chicas que viven en un centor de acogida para víctimas de violencia en Quito
(Ecuador) decora su habitación. Ana
Maria Buitron
Una niña de 13 años violada por un sacerdote en
Nicaragua. Una menor abusada sexualmente por su abuelo en la zona
caribeña del mismo país centroamericano. En
Guatemala, una víctima de 12 años violada por un funcionario
gubernamental responsable de un programa de apoyo a la niñez. Yen
Ecuador, otra niña de 12 con la vida rota por el incesto. Todas ellas
fueron madres demasiado pronto sin que se les dieran opciones para abortar.
La impunidad también sella años de dolor.
Estos cuatro casos se presentan hoy en el Comité de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, en un litigio único que ilustra uno de
los más dolorosos estigmas de América Latina, la única región del mundo
donde aumenta la violencia sexual contra las niñas.
La demanda en contra de los Estados en los que se
registraron las violaciones —Guatemala, Ecuador y Nicaragua— la llevan
Ginebra Planned Parenthood Global, una organización por los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres, otras seis asociaciones de la
región y el Centro de Derechos Reproductivos estadounidense. La acción
pretende impulsar una reforma legal. Los derechos que el comité de la ONU
declare violados crearán estándares para todos los Estados que han
ratificado el pacto de derechos civiles y políticos. Se prevé que se
soliciten medidas generales para cambiar la situación legal en el
territorio. “Esto se puede traducir en una despenalización del aborto en
Nicaragua o protocolos de implementación en Guatemala”, señala Catalina
Martínez, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de
Derechos Reproductivos.
“Los Estados tendrán que cumplir los estándares que
dicte el comité”, explica también Ximena Casas, de Planed Parenthood Global.
Los funcionarios de Naciones Unidas escucharán a las
víctimas de Ecuador y Guatemala. La ecuatoriana Norma (nombre ficticio) fue
violada a los 12 años por su padre. Sus hermanas y primas también fueron
violentadas por su padre, padrastros y tíos. Hoy cuida de su hijo en una
casa de acogida donde recibe atención psicológica. En Ecuador, siete niñas
menores de 14 años resultan embarazadas al día por la violencia sexual.
Fátima, originaria de Guatemala, tiene 21 años. Hace
nueve fue violada por un hombre cercano a su familia que era empleado de la
Secretaría de Bienestar Social. Ocurrió en una guardería gubernamental donde
la ingresó su madre al morir el padre. Allí estuvo con su hermana y ambas
fueron víctimas de aquel hombre. Casi una década después, el violador y
padre del hijo de Fátima no ha sido llevado a la justicia. “Si el Estado no
lo detiene es porque no quiere”, asegura Paula Barrios, de Mujeres
Transformando el Mundo, una de las organizaciones que va a Ginebra.
América Latina tiene la segunda tasa más alta de
embarazos adolescentes tras África. Pero es la única región donde aumenta la
violencia sexual contra ellas. Faltan medidas en materia de derechos
sexuales y reproductivos y está prohibido al acceso a la pastilla del día
después.
Planned Parenthood calcula que en la zona se supera
el millón de niñas que sufren violencia sexual cada año. La organización
documentó en 2015 más de 214 casos en los que detallaron el impacto mental y
social entre las víctimas, ahogadas por la depresión, la angustia y los
pensamientos suicidas. El suicidio es la segunda causa de muerte entre los
adolescentes. En Guatemala, por ejemplo, el embarazo adolescente es la
primera causa de abandono escolar.
Las activistas de la organización han encontrado un
patrón en el que se desenvuelven estos comportamientos criminales. “En estos
países, el Estado falla dos veces. No protege a las niñas de la violencia
sexual y les impone un embarazo producto de un delito en donde ellas no
pueden tomar sus decisiones”.
Hay 26 países en el mundo que son muy restrictivos
con el aborto (lo penalizan o solo lo permiten para salvar la vida de la
madre). Entre los que lo castigan totalmente, seis están en América:
Nicaragua, Honduras, El Salvador, Surinam, Haití y República Dominicana. En
Nicaragua, ocho de cada diez víctimas de violación tienen menos de 13 años,
según Planned Parenthood.
La decisión de presentar los casos ante la ONU
pretende impulsar cinco estándares: primero, obligar a una niña violada a
continuar el embarazo es cruel, inhumano y degradante. El segundo llama a
respetar la autonomía y capacidad de juicio de las niñas. El tercero pide
tratar este asunto como discriminación de género, pues muchas de las niñas y
mujeres no tienen acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. El
cuarto es el derecho a la integridad personal: que las menores que quieran
abortar no sean tratadas como criminales, el aborto debe ser materia de
servicios de salud y no del código penal. El quinto, y último, es el derecho
a la vida: las menores de 14 años tienen cuatro veces más riesgo de morir en
el parto.
El caso buscará reparaciones pero, para Ximena Casas,
“es una oportunidad única para garantizar que las vulneraciones no vuelvan a
ocurrir”, añade.
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