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Las tres torturas de Lucía: el caso de la niña violada a la que
negaban el aborto y la denuncia a los únicos médicos que la ayudaron
Derechos y libertades
La pequeña, de 11 años, había pedido la interrupción
del embarazo, legal en Argentina casos de violación, pero las
dilaciones del sistema de salud obligaron a practicarle una cesárea por
el riesgo que suponía para la menor cualquier otra intervención
Ahora los ginecólogos José Gijena y Cecilia Ousset se
enfrentan a una
denuncia por homicidio calificado por la muerte del recién nacido
"Hay que tener un alma muy sombría para no reaccionar
ante el dolor de esa nena embarazada por su violador y torturada
por un sistema que le niega su derecho al aborto", asegura el obstetra
Natalia Chientaroli 13/03/2019

José Gijena y Cecilia Ousset, los médicos que practicaron la cesárea a una
niña violada y han sido denunciados por homicidio.
"Quiero que me saquen esto que me puso adentro el
viejo". Esas palabras de Lucía han supuesto un punto de inflexión en la vida
de José Gijena y su esposa, Cecilia Ousset. "Hay que tener un alma muy
sombría para no reaccionar ante el dolor de esa nena de 11 años embarazada
por su violador y torturada por un sistema de salud que le niega su derecho
al aborto".
Estos ginecólogos practicaron una cesárea a la
pequeña –que tras numerosas dilaciones llevaba ya 23 semanas de gestación– y
ahora se enfrentan a una denuncia de homicidio calificado de abogados
'provida' a causa de la muerte del bebé.
"Entramos a la habitación del hospital y nos
encontramos a una nena chiquita, de 11 años pero con escaso desarrollo
genital, en un estado psicológico muy inestable. Ya había tenido dos
intentos de suicidio. Ella y su mamá nos pidieron por favor que las
ayudáramos a interrumpir ese embarazo", cuenta Gijena. Para entonces Lucía
(nombre con el que se protege su verdadera identidad) llevaba semanas
pidiéndolo en vano.
Casi dos meses antes había ido por un dolor de
barriga al centro de salud de 7 de abril, un pequeño pueblo a 150 kilómetros
de la ciudad de Tucumán, en el norte de Argentina. Allí descubrieron que
tenía un embarazo de 16 semanas, que desveló a su vez que la tortura para
ella había empezado mucho antes, con los abusos sexuales de la pareja de su
abuela, un hombre de 62 años.
Pero la siguiente tortura acababa de comenzar. El
aborto es legal en Argentina desde 1921 en casos de violación o de peligro
de muerte para la gestante. De hecho, ni siquiera se requiere la
autorización de un juez. Pero la provincia Tucumán es la única del país que
no ha adherido al protocolo sanitario para estos casos. "Las presiones de la
Iglesia católica y los grupos antiderechos han dejado esta provincia al
margen de la justicia", protesta Gijena.
Los días fueron pasando para Lucía sin ninguna
solución, entre escenas en las que médicos le preguntaban, con una mano en
su vientre, si de verdad quería 'matar a su bebé', y declaraciones de
responsables políticos que señalaban que lo mejor para ella era seguir
adelante con el embarazo y hasta una fiscal buscando abogado para proteger
al feto. Finalmente, una jueza instó a las autoridades sanitarias a que en
menos de 72 horas atendiera la voluntad de la niña de abortar. Pero no había
médicos dispuestos a hacerlo.
Protesta en Buenos Aires para pedir que se
realice aborto a una niña violada EFE
Por eso el Ministerio de Salud debe acudir a un
médico privado. José Gijena acepta, con la condición de evaluar el caso y
tomar la decisión médica que crea más conveniente. Tercera sesión de
torturas: el aborto ya no es posible. El obstetra entiende que el cuerpo de
la niña es demasiado inmaduro para interrumpir el embarazo con pastillas.
Hubiera supuesto al menos tres días de fortísimos dolores y hemorragias, con
posibles consecuencias físicas y psicológicas. Seguir con el embarazo
también hubiera sido un riesgo: una niña de su edad tiene cuatro veces más
posibilidades de morir en el parto que una mujer adulta.
"Decidimos hacerle una microcesárea, lo menos
invasiva posible. Pero nos encontramos en el quirófano con que ni las
enfermeras ni el anestesista querían participar. Se amparaban en la objeción
de conciencia. Mi esposa, que es católica practicante y también es objetora,
tuvo un gesto de generosidad muy grande: dejó de lado sus ideas para hacer
lo que debía, que era ayudar a esa nena", cuenta emocionado el médico.
A medianoche, la pareja de obstetras consigue, con la
ayuda de una anestesista amiga, realizar la intervención. No resulta
sencilla, porque Lucía desarrolló preclampsia, una complicación muy
grave. La bebé nació con vida, pero murió a los pocos días. Es entonces
cuando se pone en marcha la denuncia por homicidio. "Argumentan que fue
extraído del vientre materno en forma prematura aun a sabiendas de sus pocas
probabilidades de sobrevivir, y por eso se nos supone la premeditación.
¡Claro que hubiéramos querido que consiguiera vivir! Pero aquí el foco no
soy yo ni lo que lamentablemente pasó con la bebé, sino conservar la
integridad física de la nena violada y el derecho que le corresponde por
ley", sostiene Gijena.
Acoso, amenaza, denuncias...
Las consecuencias para estos médicos con dos décadas
de experiencia a sus espaldas son imprevisibles. Y no solo para ellos, sino
también para su familia. Este lunes, cuando recibían la noticia de la
denuncia por homicidio, Gijena y Ousset estaban acompañando a sus cuatro
hijos en su primer día en una nueva escuela. El acoso constante desde que
sus padres se manifestaron a favor de la regularización del aborto no les
dejó más opción que el cambio de centro. "Estuvieron todos en tratamiento
psicológico y uno de ellos sufrió una depresión", relata el médico.
Cuando Argentina estaba inmersa en el debate público
y legislativo sobre la legalización del aborto, Cecilia
Ousset escribió en su Facebook una carta en la defendía, como
ginecóloga católica, la necesidad de una ley que garantizara abortos seguros
para las mujeres pobres. El texto fue compartido por más de 50.000 personas
en 48 horas. Desde entonces, la obstetra y su familia han sido señalados y
acosados por los autodenominados 'provida' en una provincia históricamente
muy conservadora.
De hecho, el
rechazo de la ley de plazos en el Senado lo decantaron en buena medida
los senadores de las provincias del norte argentino, donde la iglesia sigue
teniendo un importante peso político.
"Estos grupos antiderechos se creen por encima de la
ley. Dicen que su lema es 'Salvemos las dos vidas' pero en realidad es 'O
salvamos las dos vidas o ninguna'. Se escudan detrás de un rosario o una
virgen para justificar su accionar malévolo y mafioso. Quieren confundir a
la población diciendo que el aborto no es legal. En el caso de Lucía ya era
legal casi 100 años atrás", se enciende Gijena.
Un grupo de abogados se ha acercado a ellos para
asistirles en la causa y varias asociaciones feministas están promoviendo un
escrito de apoyo a los médicos. Gijena dice no estar preocupado. "Hay
que dar esta batalla. Porque lo importante no es lo que nos pase a nosotros.
No me importan tanto las amenazas de muerte como que este hostigamiento no
consiga amedrentar ni a los profesionales ni a las mujeres que se vean en
esta situación. No queremos más Lucías".
Para José y Cecilia,
el paso que han dado es definitivo, pero también inevitable. "No es
fácil hacer lo que hicimos: abrirle la barriga a una nena para sacar una
beba que seguía con vida. Pero hay derechos inalienables y no podemos
desconocerlos. Tampoco podemos mirar hacia otro lado ante el sufrimiento de
una nena violada y después torturada. Eso es lo que quieren los que nos
denuncian: hacer como que no lo ven, condenar a Lucía y a otras como ella a
la clandestinidad y a la muerte".
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