Iñigo Domínguez / Julio
Núñez
Madrid, 21 de enero 2021
La Compañía de Jesús
ha reconocido este jueves que al menos 81 menores y 37 adultos han
sufrido abusos sexuales a manos de 96 miembros de su orden desde 1927,
la fecha más lejana hasta la que se ha podido remontar la primera
investigación interna de una institución católica en España. Ha llevado
dos años, sigue el ejemplo de transparencia puesto en marcha, por
ejemplo, en la Iglesia de Francia, Irlanda o Alemania, y comenzó a raíz
de las informaciones de EL PAÍS y otros medios. “Sentimos vergüenza,
dolor y pesar”, ha declarado Antonio España, provincial de la orden en
la presentación del informe en Madrid.
La inmensa mayoría de
estos casos, registrados en colegios, no eran conocidos hasta ahora y
por eso es un dato llamado a reventar las escasas estadísticas conocidas
sobre los abusos de menores en la Iglesia católica española. La
contabilidad que lleva a cabo este periódico, ante la ausencia de datos
oficiales y la negativa de diócesis y órdenes a investigar el fenómeno,
señala hasta el momento 123 casos desde 1986, con casi 400 víctimas.
Son cifras extraídas de procedimientos judiciales y hemerotecas. De
ellos, solo ocho casos involucraban a jesuitas, y si ahora solamente
esta orden admite de golpe 81 víctimas, queda en evidencia que el
recuento conocido apenas refleja una parte de la realidad del escándalo,
a la espera de que la Conferencia Episcopal Española (CEE), las diócesis
y las órdenes religiosas acometan una investigación interna similar.
La congregación ha
dado un dato esencial de contexto: sus 96 acusados suponen un 1,08% de
los 8.782 jesuitas que han pasado por la congregación desde 1927. Si se
extrapolara ese dato a otras congregaciones y a la Iglesia española en
casi un siglo los datos se dispararían. El
único estudio publicado en España en 1996, de Félix López Sánchez y
editado por el Ministerio de Asuntos Sociales, estima que el 4,17% de
los sacerdotes y religiosos podrían ser responsables de abusos, en línea
con las estadísticas de Estados Unidos y otros países. Los propios
jesuitas, que admiten que es “un estudio limitado”, aseguran que no
saben cuántos de todos estos casos son nuevos, no publicados antes en
los medios. Tan solo indican que los casos de 13 acusados no constaban
en sus archivos y han aparecido en la investigación gracias a
testimonios de víctimas. Se trata de siete jesuitas vivos y seis
fallecidos.
Investigación iniciada en 2018
La investigación, que
comenzó en diciembre de 2018 con un primer estudio en Cataluña, marca un
antes y un después en la respuesta de la Iglesia en su actuación contra
el encubrimiento de los abusos. Iniciativas como esta son las que exigen
las víctimas desde hace años a la CEE, para que promueva una
investigación similar en las 70 diócesis españolas. Ha habido acciones
aisladas y la propia estructura de la Iglesia complica una labor única,
cada obispo y cada orden actúa por su cuenta, en función de su
sensibilidad con el problema. La diócesis de Cartagena abrió una
investigación de casos cometidos desde 1950. La de Bilbao hizo lo mismo
y encontró solo tres casos. La de Solsona emprendió un estudio desde
1930. Todas las de Cataluña anunciaron una investigación interna.
Los jesuitas han
recabado los datos de sus archivos, de las informaciones de los medios,
y de testimonios internos y de las víctimas, que se han puesto en
contacto con ellos en los últimos dos años, a través de comisiones de
escucha y de un correo electrónico. Del casi centenar de acusados por
abusos, solo 25 continúan con vida, 17 de ellos acusados de abuso de
menores. La Compañía detalla que otros 15 acusados fueron exculpados,
aunque solo algunos por los tribunales y el resto en procesos canónicos.
En los casos que hay datos, pues de muchos se han perdido, de las 81
víctimas que eran menores de edad, 46 fueron niños y 18 niñas.
Desde 1927 han sido denunciados 96
jesuitas por abusos sexuales a menores y a adultos. Contra la
mayoría de ellos consta únicamente una denuncia.
Las comunidades
autónomas con más casos de abusos a menores son Andalucía (14), Cataluña
(10), País Vasco (10), Madrid (ocho), Navarra (seis), Asturias (tres) y
Castilla y León (tres). El superior de la orden, que ha pedido perdón
“por la desconfianza generada”, ha admitido que la Compañía guardó
silencio durante décadas y que no escuchó a las víctimas. En el informe
se lee: “Sentimos el dolor de las víctimas, provocado por algunos
compañeros nuestros. Sentimos las ocasiones en que no se escuchó a quien
quería respuestas y en que se afrontaron de manera insuficiente
acusaciones que deberían haber supuesto medidas tajantes (...) Los
abusos a menores y personas adultas en la Iglesia y en la sociedad han
sido durante demasiado tiempo una realidad mal entendida y gestionada”.
“Ayudas económicas”
Otra novedad
importante es que los jesuitas reconocen que en siete de estos casos la
congregación pagó “una ayuda económica” a las víctimas, para terapias o
apoyo, aunque ha puntualizado que no las consideran indemnizaciones,
dado que no hay habido ningún proceso judicial de por medio. Es la
primera vez que una institución religiosa admite esta práctica. Este
periódico reveló los dos primeros casos conocidos en España de pagos a
víctimas de abusos: en
la abadía de Montserrat, 7.200 euros, y los
jesuitas a una víctima de Salamanca, 72.000 euros en 2002.
Posteriormente, en febrero de 2020, los
maristas se convirtieron en la primera orden en pactar una indemnización
con 31 víctimas de sus centros en Cataluña, tras un procedimiento
judicial. No obstante, en el juicio solo fue procesado uno de los 18
profesores denunciados, que finalmente fue condenado a 21 años de
cárcel.
En su investigación,
la orden califica como abuso las conductas que van “desde el lenguaje
impropio o provocaciones, a los tocamientos (estos son la mayor parte de
los casos de los que tenemos constancia) y en algún caso relaciones
sexuales”. Antonio Allende, delegado de educación de los jesuitas, ha
reconocido que las víctimas y los medios de comunicación han hecho que
la verdad salga a la luz: “No fuimos nosotros quienes dimos a conocer
los abusos, fueron las personas que los sufrieron, y debemos
agradecerles que dieran este paso. La respuesta básica que debemos dar
es: creemos en lo que decís. Debemos poner el foco no en la defensa de
la institución, sino en el reconocimiento de las víctimas. Con verdad,
reparación y justicia”.
Solo cuatro casos llegaron a la justicia civil
El caso más reciente
del que la orden dice que tiene constancia fue cometido en 2012. La
última denuncia, que hace alusión a un caso antiguo, les llegó en 2020 y
actualmente está siendo investigada. En el pasado solo se llevaron a
cabo cuatro procesos canónicos que, según los Jesuitas españoles,
“acabaron con la suspensión del ejercicio del ministerio del acusado y
su reclusión en comunidades aisladas”. Solo cuatro fueron juzgados
civilmente: uno de ellos fue sobreseído, otro fue en los años 80, un
tercero tuvo lugar en 2006 (se trata de abusos sobre un adulto) y el
último está pendiente de juicio. También hay otro proceso canónico en
marcha. En el resto de casos solo hubo “medidas canónicas disciplinarias
internas”. De los 65 acusados de pederastia, seis fueron expulsados de
la orden y otros siete la abandonaron. La Compañía ha aseverado que
aquellos acusados que siguen con vida y forman parte de la congregación
“están apartados del contacto con menores y cuatro de ellos suspendidos
de su labor ministerial”.
La congregación no ha
querido revelar los nombres de los acusados ni otro dato decisivo: los
lugares concretos y los municipios donde tuvieron lugar los hechos
(parroquias, colegios, seminarios...), tan solo ha dado datos por
comunidades autónomas. Lo ha justificado porque no desea arrojar
sospechas sobre determinados centros. A preguntas de este periódico,
acerca de si la orden es consciente de que no divulgar esos datos hace
perder uno de los principales medios para que salgan a la luz nuevos
casos, la respuesta ha sido: “Hemos querido encontrar un equilibrio
entre evitar una caza de brujas y enviar el mensaje de que las posibles
víctimas se fíen de la voluntad de buscar la verdad de la Compañía”.
Las víctimas ven “ridículas” las cifras
La asociación
nacional de víctimas de abusos a menores Infancia Robada valora el paso
de la Compañía, pero lo ve “insuficiente” porque las cifras son
“ridículas”. “Se olvidan de que las víctimas no denuncian cuando
quieren, solo cuando pueden, y en 1927 nadie podría denunciar algo así.
Valoramos el esfuerzo de los jesuitas en bucear en el pasado, en
informar de datos y estadísticas, pero esto debe ser considerado como
solo un inicio liviano de algo más: reconocimiento y reparación. Asumir
responsabilidades de facto y entablar una vía de comunicación con sus
víctimas para depurar culpas y proceder a sanciones e indemnizaciones”,
ha declarado Juan Cuatrecasas, presidente de la asociación. Subraya que
es necesario que cuenten con las víctimas y ha tendido su mano para
colaborar con la Iglesia “para labrar un presente y futuro de dignidad,
reconocimiento y reparación sin olvidar el pasado”.
Si conoce algún caso de abusos
sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es