COMENTARIO A LA NOTICIA

Los abusos sexuales por clérigos y miembros de distintas órdenes religiosas vienen de muy lejos aunque ahora nos quejemos con razón de tanta tapadera y obstáculos como en la actualidad se denuncia. Hasta hace cuatro días, como quien dice, la Iglesia Católica siempre impuso el silencio cómplice sobre la depravación sexual del clero en el ámbito parroquial, en las órdenes religiosas y en altos estamentos eclesiásticos, a la vez que obstaculizaba e impedía cualquier ingerencia externa, gracias a sus privilegios y excelente manejo de las cosas del mundo.

A cuenta de este repugnante caso que abarca a la orden de los Salesianos "en tierra de misiones", aprovecho para traer a colación el testimonio de mi abuelo paterno, José Calvo Rodriguez, acerca de la pederastia, violaciones y amancebamientos habidos en conventos de órdenes de agustinos y dominicos, entre otras, en la Filipinas que él pudo conocer a lo largo de sus veinte años de destino hasta que fue repatriado a España en 1898 cuando perdió la guerra con los Estados Unidos.

Decía él que en conventos de órdenes religiosas profusamente establecidas en las islas y, nunca mejor dicho, gozando de gran predicamento, era frecuente hacerse con niñas adolescentes que integraban en el servicio de las congregaciones, de las cuales además se abusaba.

Llegado a España su actitud hacia la Iglesia había cambiado radicalmente volviéndose un decidido anticlerical y aunque a los familiares de entonces y a sus descendientes después, les pudiera generar incredulidad que determinadas órdenes religiosas internaran en conventos a niñas para esclavizarlas sexualmente, viene a resultar que ciento veinte años más tarde, gracias a lo que se va descubriendo de la depravación sexual en la Iglesia, y a ese juez llamado tiempo que dicen que pone a cada uno en su sitio, ahora aquel relato ya cuadra perfectamente.

No son años, no son décadas, son siglos de total escarnio e impunidad que a la Iglesia le facilitó la doble moral, la doble vara de medir, que hábilmente ha sabido manejar para sobrevivir in saecula saeculorum para goce divino de los bienes de la Tierra.

J.L.Calvo, fundador de Prodeni

Dos voluntarios alertaron en un informe en 2013 de que en el centro de acogida que dirigía Juan José Gómez se cometían abusos sexuales entre menores

Las acusaciones no quedaron ahí. En 2015 otros cinco voluntarios volvieron a advertir de lo que ocurría y finalmente presentaron una denuncia en la Audiencia Nacional que contabilizaba al menos una decena de víctimas —este periódico ha informado de dos más— y en la que aparecían testimonios de afectados, testigos y educadores. Afirman que los abusos de Gómez eran una cosa conocida por mucha gente en Porto Novo, la ciudad donde se encontraba el centro. Su actividad era enorme y atendía a miles de menores: en 2012, especifica el informe de los voluntarios, trabajó con 2.120 niños, de los cuales 305 estaban alojados en centros e instalaciones. Pero, tras la denuncia, los salesianos tampoco actuaron. Es más, permitieron que el acusado, que en ese momento estaba en España, regresara a Benín.

La sede de la orden en España asegura que la primera noticia que tuvo sobre dichas acusaciones fue en abril de 2016, cuando cinco víctimas contactaron directamente con un superior salesiano español, José Miguel Núñez. Y que a raíz de ello supieron luego, en octubre, del proceso abierto en la Audiencia Nacional. Alegan que fue la provincia salesiana de África francófona occidental —la orden se divide en áreas administrativas que se denominan provincias— la que llevó el caso y que no les informó, pese a que Gómez es español. No obstante, ocultaron a este diario hace un mes que había una causa contra él, y también explicaron que habían presentado una denuncia “verbal” en la Audiencia. En 2016, con el testimonio de estas cinco víctimas, se abrió una investigación canónica, que desembocó en abril de 2018 en un proceso en la Congregación de Doctrina de la Fe del Vaticano, aún abierto.

Los dos voluntarios que redactaron el primer informe en 2013, que prefieren el anonimato, relatan que lo entregaron al centro de acogida de Benín y a los responsables en Madrid del voluntariado de la ONG salesiana Asociación Foyer Don Bosco de Porto Novo. Al margen de las acusaciones, el informe era muy crítico con el trabajo y los resultados del programa de los salesianos en Benín. Afirman que también intentaron ponerse en contacto con el por entonces provincial salesiano de la zona, Faustino García Peña —conocido como Faus—, pero no consiguieron contactar con él. “Nos dijeron que iban a evaluar el proyecto y a cambiar la forma de trabajar con ellos, pero por lo que sabemos, no cambió nada”, cuenta uno de los cooperantes a este diario. Uno de los voluntarios que denunció en 2015 también se refiere a este responsable: “Algunos de mis compañeros fueron a hablar con Faus para que les dijera qué estaba pasando y este dijo: ‘Habéis tomado el camino de la justicia. Yo ya no tengo nada que hablar con vosotros”.

Durante su estancia, estos colaboradores escucharon rumores de que Gómez solía llevarse a menores a su habitación para que “le dieran masajes a cambio de dinero”. Pese a asegurar que presenciaron algún hecho que confirmaba sus sospechas, no lo denunciaron ante la justicia “porque no tenían pruebas físicas suficientes”. “La habitación de Juanjo estaba en el edificio donde dormían los niños y de noche no había supervisión. Nosotros le vimos salir un día de su cuarto acompañado de un chico joven, de unos 15 años, que iba secándose los brazos con una toalla, como si se acabara de duchar”, relata uno de los dos voluntarios.

La investigación señala que Gómez era el único que gestionaba los recursos, sin informar al equipo directivo, que desconocía dónde se destinaba el dinero de algunas de las partidas de los proyectos de organismos públicos. “Los educadores que le pasaban información recibían sobresueldos, según nos informaron otros trabajadores”, dice el mismo voluntario. Otro de los puntos alarmantes del documento hace referencia al castigo físico y psicológico de los educadores hacia los menores, incluidos aquellos que tenían algún tipo de discapacidad. La investigación también detalla cómo los niños, en ocasiones, tenían que comer alimentos “contaminados por insectos”, a pesar de haber suficiente comida en los almacenes.

Portavoces de los salesianos en España aseguran que “no consta” dicho informe. “Si es así, si lo entregaron y no se hizo nada, desde luego no es la manera de proceder de la congregación”, afirman. Tampoco saben nada de una denuncia de otros cooperantes en Benín ese mismo año, según denunció una de las víctimas, Patrick Yehouenou, en EL PAÍS. Señalan que las primeras noticias de problemas en Benín les llegaron en abril y mayo de 2016 con las llamadas y mensajes de cinco víctimas a Núñez, superior de la orden. Una de ellas, Yehouenou.

Explican que Gómez, denunciado en noviembre de 2015, informó entonces a su superior en Benín, su provincia de referencia en la congregación, y no a la de España. Por eso, justifican, no supieron nada del caso. Fue en el país africano, sostiene la orden, donde se tomaron medidas en noviembre de 2015: un proceso canónico y una denuncia ante los tribunales de Benín. Pero ambos terminaron en nada. La justicia de este país archivó el caso en marzo de 2016 —si bien las víctimas afirman que recibieron dinero o amenazas— y la investigación interna se cerró en junio con el mismo resultado. Los instructores consideraron que las acusaciones no tenían fundamento.

La orden en España, que insiste en la presunción de inocencia del acusado, afirma que no han sabido nada de amenazas ni pagos a las víctimas en Benín por su silencio.

Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia aabusos@elpais.es

A la espera de una sentencia

Tras conocer los rumores de pederastia en uno de sus viajes, el voluntario Pedro Martínez (nombre ficticio) comenzó a entrevistar a testigos, víctimas y educadores del centro en Benín. Finalmente, denunció a Juan José Gómez ante la Audiencia Nacional.

Martínez fue al país africano con un plan de cooperación de la Diputación de Huelva y los salesianos. Cuando conoció los hechos, informó a los técnicos de proyecto. La Diputación explica que comunicó las acusaciones a la Fiscalía de Menores, pero al ser un delito cometido fuera de España contra no españoles, la competencia correspondía a la Audiencia Nacional y la denuncia debía interponerla el voluntario, no la Diputación. Según fuentes de la Audiencia, la denuncia fue remitida a Interpol y a un juzgado de guardia de Madrid.

Tras presentar la denuncia, el denunciante supo que Gómez seguía en Benín, por lo que los voluntarios visitaron al jefe de los salesianos de la zona para que les diera una explicación. “Mis compañeros fueron a hablar con Faus (por entonces jefe provincial) y este les dijo: ‘Habéis tomado el camino de la justicia. Yo ya no tengo nada que hablar con vosotros”, relata. Después escribieron una carta al rector mayor de los salesianos en Roma en 2016.

Poco después, Gómez fue trasladado a España —donde reside actualmente a la espera de la sentencia canónica y judicial—. “Al poco tiempo de mandar la carta, también movieron a Faus a otra zona de África”, asevera Martínez.

El caso continúa abierto en el juzgado central número cuatro de la Audiencia Nacional. Gómez sigue estando imputado, fue interrogado y nuca ha sido detenido. El juez le ha prohibido salir de España, aunque conserva el pasaporte, según ha detallado su abogada, Esther Arabaolaza. “Hay que recordar que el caso fue archivado en Benín”, subraya la letrada, que añade que han presentado documentos en el juicio en los que se demuestra la inocencia de su cliente.

El grupo de voluntarios explica que “todo esto lo hacen por los niños” y que no quieren que el proyecto se vea afectado.