PROCEDIMIENTO: DILIGENCIAS PREVIAS  9703/2014.
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
     NÚMERO CUATRO
         GRANADA

                                                                              

AUTO  

En Granada, a 26de Mayo de 2015, vistas por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción numero 4 de Granada las Diligencias Previas registradas bajo el número 9703/14, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procedo a dictar el siguiente AUTO .

HECHOS

PRIMERO.-En este Juzgado se recibieron  con fecha 30 de octubre de 2014 Diligencias procedentes de Decanato en virtud de Denuncia y documentos adjuntos de Fiscalía Provincial de Granada y de D. David Ramírez Castillo,   y que correspondierona este juzgado por aplicación de normas de reparto. Con fecha 31 de octubre se dictó auto a los solos efectos de registro y otorgamiento de numero de procedimiento, al observarse indicios de delito , y para el dictado de la procedente resolución por SSª.
Por auto de  fecha 3 de noviembre se dicta auto de admisión formal y material de las denuncias , y de determinación de hechos objeto de las instrucción, y por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, concretados inicialmente en dicho auto , sin perjuicio de lo que se resulte de la investigación ordenada. Despues de acordarse el Secreto de las actuaciones, practicarse múltiplesdiligencias judiciales, levantarse dicho Secreto y continuando con la practica de diversasdiligencias de instrucción penal , y pendientesde resolución por parte de la Audiencia Provincial de Granada los recursos presentadosen relaciónal auto de este juzgado de fecha 14 de Febrero de 2015 acordando la continuacióndel procedimiento respecto de un imputado y no de otros porprescripción, y los delitos por los que se procede, y que no es firme al encontrarse pendiente de resoluciónde la AudienciaProvincial ; En consecuencia hasta que alcance firmeza en su caso se mantiene la posiciónprocesal de todos los imputados  , hasta que no devenga firme el auto de fecha 14 de Febrero de 2015.
Se han practicado Diligencias de instrucción e investigación con el resultado que consta en autos .
	Con fecha 7  de mayo de 2015, dentro del marco de la instrucción judicial de la causa, se dicta Providencia por este Magistrado Juez Instructor  en el siguiente sentido literal :
“ ….Efectivamente observando que en todo caso se ha omitido en las documentaciones sucesivas remitidas por el Arzobispado de Granada las declaraciones  e interrogatorios escritos de los sacerdotes sobre los que se inicio expediente eclesiastico, y que necesariamente deben de obrar de forma escrita a la luz de las disposiciones sobre procedimientos administrativos y eclesiasticos y que dieron lugar incluso a resoluciones de suspensión de ese Arzobispado, de forma definitiva, requierase al Arzobispo a fín de que aporte como parte de toda la documentación integra solicitada, las declaraciones, interrogatorios e informe que hubo de subcribir de forma escrita en relación a las personas implicadas en este procedimiento judicial y respecto a las que se siguio expediente canónico. En todo caso deberá ser remitido e informado por la persona requerida y bajo los apercibimientos que en caso de incumplimiento procedan en derecho.”.

Con fecha 19 de mayo , y recepcionada en este juzgado el 22 de mayo, se recibe comunicación firmada por el Sr. Arzobispo D. Javier Martinez del siguiente tenor literal: 

“He recibido el pasado día l4 delcorriente la notificación y requerimiento emitida por ese juzgado el día 7, en la que me requiere para entregar al juzgado determinada  documentación relativa al caso de referencia.
No es, ni lo ha sido, en absoluto, en ningún momento, la voluntad de este arzobispo el desobedecer un requerimiento judicial, y consta en la causa que yo animé al denunciante, por ser él mayor de edad, a que trasladara la denuncia a la autoridad judicial, y he respondido, creo, diligente y verazmente, a todas las peticiones hechas desde ese juzgado hasta la fecha. Sin embargo, ante la gravedad del contenido de este requerimiento, creo debo hacer notar, por una parte, que, por establecerlo así la noma de derecho canónico a que este Arzobispado está obligado (como establece la Constitución Apostólica Pastor Bonus), la instancia canónica a la que corresponde conocer lo relativo a este asunto, y, por tanto, donde consta toda la documentación relativa a este caso, no es sino la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la Santa Sede, única instancia eclesial y canónica competente en el caso, y que yo no podría disponer de ella sin su expresa autorización.
Por otra parte, de responder a lo que ahora por primera vez se me solicita, yo podría estar violando diversas normas canónicas y civiles vigentes que me obligan gravemente, a saber:
•	En primer lugar, el secreto pontificio, al que estoy obligado por las disposiciones canónicas vigentes y del que sólo me puede dispensar el Santo Padre (Normae de gravioribus delictis,Modificaciones introducidas el 21 de mayo del 2010, art. 30).
•	Igualmente, pudieran verse igualmente afectados, y estar violando en caso de responder a lo requerido sin las autorizaciones correspondientes, los acuerdos Iglesia-Estado, que son parte del ordenamiento jurídico vigente con el rango del Ley Orgánica; así como otros derechos fundamentales igualmente recogidos en la Constitución Española y protegidos en el vigente ordenamiento civil.
En todo caso, y con el fin de manifestar mi deseo de colaborar hasta donde me está permitido con esa administración de justicia, le significo que haré las correspondientes consultas a los organismos eclesiásticos y civiles competentes, solicitando en su caso las autorizaciones pertinentes. Igualmente, y dejando a salvo el secreto pontificio, estoy dispuesto a hacer llegar al juzgado aquellas comunicaciones o declaraciones, hechas en el campo de la conciencia, cuyos autores, preguntados expresamente por ello, manifiesten por escrito que no tienen inconveniente en que sus comunicaciones puedan ser puestas a disposición de los jueces y hechas públicas.”

SEGUNDO.- Procede resolver judicialmente en consecuencia en relacion a la diligencia  de prueba judicialmente acordada y la negativa a  su entrega que dimana de la contestacióndel requerido.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-En primer lugar en cuanto a la necesidadde la diligencia de prueba acordada en providencia judicial de fecha 7 de mayo  , se estima imprescindible judicialmente incorporar la documentaciónsolicitadaal procedimiento penal   en la búsqueda de la verdad material que rige en el proceso penal , y la plena disposición por parte del órganojudicial competente, primero para la instrucción y luego para el enjuiciamientoen su caso,  de la pruebas que se consideren necesarias y útiles a tal fin , sin que ello suponga en ningún caso incapacidad de la instrucción penal , sino precisamentelo contrario, viniendoobligados los ciudadanos del Estado de Derecho a prestar su colaboracióna su obtención.Efectivamente ,el art. 24 CE, conforme ha declarado el Tribunal constitucional ha elevado a rango de derecho fundamental el de disponer de los medios de prueba pertinentes para le defensa y la acusacion en la busqueda de dicha verdad material, siendo correcto proveer la satisfacción de tal derecho sin desconocerlo u obstaculizarlo.
En este sentido, no hay que olvidar -dice ya la sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de septiembre de 1.997- que una de las funciones esenciales de la instrucción es la de determinar la legitimación pasiva en el proceso penal en cuya virtud constituye objeto de las diligenciasprevias determinar "las personas que en él hayan participado", función que en el proceso común se realiza a través del procesamiento y que en el proceso penal abreviado, suprimido el procesamiento, dicha función debe llevarse a cabo mediante la previa imputación judicial...".
El Tribunal Supremo, ya en Sentencia de 25 de febrero de 1.989, después confirmada y desarrollada en su criterio por otras muchas, se pronuncia sobre los requisitos esenciales que deben cumplir las llamadas pruebas sumariales, y aparte de su necesidad como prueba, deben ser pruebas que por propia naturaleza sean de muy difícil reproducción en el plenario y necesarias según lo actuado.
Asi ocurre en este caso , en el que se solicita documentacion que debe obrar unida en procedimiento eclesiástico y que en consecuencia no puede reproducirse en el acto de juicio oral , si previamente no se ha incorporado al procedimiento de instruccion , y que ademas es imprescindible para adoptar la posterior resolución de continuación o no del procedimiento, delitos por los que proceder y personas a las que enjuiciar en su caso llegado el momento procesal. 
Por otro lado  los artículos 311 y 312 , y concordantes para el procedimiento abreviado (Art. 777.1)  todos ellos de la  Ley de Enjuiciamiento Criminal, establecen, la posibilidad de que las partes soliciten la práctica de diligencias de prueba o para el esclarecimiento de los hechos , y por supuesto ,ademas, que  se acuerden judicialmente de oficio cuando se consideren útiles y necesarias.  Efectivamente la dirección de la instrucción se encuentra centrada  en su desarrollo enel Juez de instrucción teniendo por objeto  la determinación del hecho punible, sus autores y el procedimiento a seguir . Y desde esa perspectiva y según lo expuesto  la  necesidad de la practica  de la documentación solicitada , no es sino una manifestación de la dirección del juez de instrucción.
Todo lo expuesto y su necesidad se basa en obtener la primeras declaraciones  de los imputados sobre los hechos por los que se sigue el presente procedimiento y especialmente y de forma esencial  en cercanía temporal con la denuncia eclesiástica  realizada por el denunciante inicial , y que siendo licito y pertinente lo solicitado, no  supone merma alguna del derecho de defensa o la dignidad de las personas afectadas, mas alláde la afectaciónque supone cualquier imputaciónpenal  . 

SEGUNDO .- Por otro lado se alega en el escrito remitido por el 
Sr. Arzobispo de Granada que la diligencia que ahora se solicita  se le requiere de entrega “por primera vez”.   Nada mas lejos de la realidad, pues  dictándoseauto con fecha 3 de noviembre de 2014 acordando incoacion del procedimiento con determinaciónde hechos y personas a imputar, : 
-  ya por providencia de 4 de noviembre de 2014 se requirió al arzobispado de Granada para que remitiera “copia integrade todo lo actuado en esa jurisdiccióneclesiásticaen relacion a los hechos del presente procedimiento...” . Evidentemente cuando se pidió la copia integra se solicitaba todo , y en consecuencia tambien las declaracion de los sacerdotes y laicos imputados penalmente. Con fecha 6 de noviembre de 2014 se remite documentacion eclesiásticasin incluir las declaraciones de los sacerdotes referidos, mencionando solo en el punto 3 de su oficio la existencia de una entrevista entre el arzobispo y tres de los sacerdotes imputados  (se entiende que en el ambito del procedimiento abierto) en la que dice  que  “les comuniqué el hecho de las acusaciones, les díla oportunidad de admitirlas o negarlas , y en la que les impuse a los tres, de acuerdo con la disciplina eclesiástica, las medidas cautelares... “ , adjuntando el documento de suspensión, pero no asi la declaración de los sacerdotes. Sin queentonces se hiciera por el Sr. Arzobispoalegacion o salvaguarda alguna a Secreto al que ahora si pretende acogerse el requerido.

- Con fecha 3 de diciembre de 2014 , y alegando cruce de documentaciónrecibida por el requerido posteriormente al anterior requerimiento, y despues de hacer consideraciones sobre falsedad de la“tormenta mediática”, remite de motu propio nueva documentación , omitida en la inicialmente remitida, y en la que tampoco constan aquellas declaraciones.

- Con fecha 9 de diciembre de  2014 se acuerda por providencia judiciallibrar oficio al arzobispado de Granada para que por quien corresponda y de forma urgente se certifique e informe de la existencia o no, en sus archivos , expedientes o en cualquier otro soporte,  de quejas , denuncias o reclamaciones de cualquier tipo que se hubieran podido realizar , desde que fueran ordenados sacerdotes, contra los imputados sacerdotes  y para que en caso de que así  constara, se solicitó se remita copia de la denuncia, queja, reclamación.... etc  iniciadora, así como resolución adoptada si la hubiere. 
En similar sentido se le solicita nuevamente al arzobispado por providencia de fecha 2 de marzo , reiterada por providencia de 27 de marzo de 2015 y cumplimentada en lo relativo , pero sin aportacion de declaracion alguna. 

-  Con fecha 30 de diciembre de 2014 se dicta providencia judicial en relacion a la anterior en el siguiente sentido :   “...Y observandose que no se ha aportado actuación alguna relativa a la denuncia eclesiastica que dió origen al presente procedimiento, y por los mismos fundamentos jurídicosy principios de colaboración reseñados en las resoluciones dictadas por este Juzgado y dirigidas al Arzobispado, líbrese oficio al Arzobispado de Granada a fin de que remita copiaintegrade todas las actuaciones eclesiásticasa que hubiera dado origen la comunicación de David Ramirez Castillo en relación a los hechos por los que se siguen las presentes.” 
Nuevamente se vuelve a solicitar la documentación integra, incluidas pues las declaraciones, y otra vez se remite documentación ya obrante omitiendo las declaraciones de los sacerdotes imputados en proceso penal.

- Ypor ultimo llegamos a la providencia de 7 de mayo  de 2015, transcritaen el antecedente de Hechoprimero de la presente asi como la contestacióndel Sr. Arzobispo de Granada.

Mal puede pues hablarse ahora de desconocimiento anteriorde lo solicitado, ni que lo haya sido por primera vez,  ni de Secreto de actuaciones eclesiásticas. 

TERCERO.-Por otro lado tales declaraciones solicitadas deben obrar en el expedienteo documentaciónque obre en poder del Sr. Arzobispo,  pues según el “Protocolo de Actuaciónsegún la Legislacióndel Estado” para supuestos como el presente, emitido por la Conferencia EpiscopalEspañola de 22 de junio de 2010, teniendo en cuenta la legislacióncanónicay la civil ,en su punto 1.3 obliga al Arzobispo a la entrevista ,declaracióncon el sacerdote denunciado , terminando con la obligaciónde redactar un informe para dejar constanciade lo expuesto. 
Dicho informe y declaracionesen ningúncasose hanremitido por el arzobispo.
En tal sentido se solicitó judicialmente por este instructor Colaboración entre Autoridades eclesiásticas y estatales a la luzde toda la legislación que regula sus relaciones, y ya reconocido desde el Concilio Vaticano II , como proclama la propia exposición de motivos del Acuerdo de 1976, e  igualmente ofrecida dicha colaboración por las autoridades eclesiásticas en y para la tramitación y resolución de  este concreto procedimiento judicial,  y  con respeto a la establecido en el art. 2 del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede  de 28/7/1976  (BOE 24/9-1976) , y el art. 1 del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos ratificado el 4-12-1979 (BOE 15-12-1979) sobre inviolabilidad de archivos eclesiásticos , e igualmente todo ello  en relación al art. 3.1 de la L.O. 7/1980 de 5 de Julio , de Libertad religiosa . 
Colaboracion que en todo caso siempre ha dejado clara el Santo Padre , sin que el Secreto (no confesional) pueda salvaguardar documentos relativos a delitos muy graves , que en este caso el propio Santo Padre ordenósu persecución al Arzobispo , como este comunicó que poníaen marcha el procedimiento canónicoprevisto para casos como el presente, según escrito suyoal denunciante de fecha 16 de Septiembre de 2014 , y pfo primero de su comunicación a este juzgado de 6 de noviembre de 2014.
En cuanto al art. 30 de las “Normas sustanciales”, referentes al “secreto pontificio”, es un tema interno de la Iglesia que no vincula a los Tribunales civiles. Se trata, en definitiva, del secreto de oficio que, en última instancia, debe ceder ante la necesidad de la cooperación judicial, en interés de los menores y la tolerancia “cero”, a la que reiteradamente alude el Santo Padre.  A mayor abundamiento, recientemente se ha creado en la Santa Sede la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores y, aprobado, el 8 de mayo pasado, sus Estatutos, donde expresamente se señala que “la protección de los menores es de importancia prioritaria” a fin de “reparar el daño, hacer justicia y prevenir la repetición de episodios semejantes en el futuro”.
Igualmente  en la  Carta del Santo Padre Francisco a los presidentes de las Conferencias Episcopales  de 2 de Febrero de 2015 , recordando que en marzo de 2014 instituyó  la Pontificia Comisión para la tutela de menores, anunciada ya en diciembre de 2013, con el fin de ofrecer propuestas e iniciativas orientadas a mejorar las normas y los procedimientos para la protección de todos los menores y adultos vulnerables, y  llamando a formar parte de dicha Comisión a personas altamente cualificadas y notorias por sus esfuerzos en este campo, recuerda que  se debe vigilar atentamente que se cumpla plenamente la Circular Emanada por la Congregacion para la Doctrina de la Fe, el 3 de mayo de 2011, para ayudar a las Conferencias Episcopales en la preparación de las líneas maestras para tratar los casos de abuso sexual de menores por parte de clérigos. En tal sentido antes he expuesto ya el Protocolo de la Conferencia Episcopal en relacion a las funciones delArzobispo, validado aun a posterioripor las propias palabras del Santo Padre, que ademas recuerda en la misma carta que “  Corresponde al Obispo diocesano y a los Superiores mayores la tarea de verificar que en las parroquias y en otras instituciones de la Iglesia se garantice la seguridad de los menores y los adultos vulnerables.”
En dicho contexto de colaboración  se debe recordar tambien la “Guia para la compresion de los procedimientos ...” , publicada en el sito de la Santa Sede. En esta “Guía”, la indicación: “Deben seguirse siempre las disposiciones de la ley civil en materia de información de delitos a las autoridades competentes”, se ha incluido en la sección dedicada a los “Procedimientos preliminares”. Esto significa que en la praxis propuesta por la Congregación para la Doctrina de la Fe es necesario adecuarse desde el primer momento a las disposiciones de ley vigentes en los diversos países .
 En lo tocante a la alegacion del Sr. Arzobispo de posiblevulneración, de cumplir lo solicitado, del art. 2 ,paragrafo 3 del Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español de 28 de julio de 1976 (y no, como por error se dice en la respuesta del Arzobispo, de 19 de agosto  de 1976), se entiende no es de aplicación a este caso, ya que el asunto no está judicializado eclesialmente, sino en vía administrativa canónica  y, por lo tanto, deben remitirse a este Juzgado las declaraciones de los diez sacerdotes denunciado y de los dos laicos, sin que este hecho afecte al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de los imputados . De entenderlo asi cualquier persona que resulte imputada en proceso judicial podria alegar dicha vulneracion con carácter general; teniendo en cuenta ademas en este caso la gravedad de las acusaciones. 
Asi pues, frente a las alegaciones de colaboración siempre expuestaspor el Sr. Arzobispoy nunca cumplidas, al menos  en relacion a lo expresamente solicitado en relacion a las declaraciones eclesiásticasde los sacerdotesimputados, y en consecuencia sobre la remision “integra “ de lo actuado,  dicha colaboracion le fue solicitada por este instructor desde el inicio del proceso penal, y ahora se niega nuevamente en relacion a lo continuamente solicitado .
Como ha quedado dicho , tal colaboracion pues no ha existido por parte del Sr. Arzobispo de Granada .

CUARTO.-Ahora el Sr. Arzobispo alega la competencia,en este caso y para lo solicitado, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, a la que remite a este instructor , mas de seis meses despuésde la primera peticiónde “copia integra “ , acordada  por providencia de 4 de noviembre de 2014  .
Efectivamente el art 1 de la Normae de Gravioribus delictis dispone que la  Congregación par la Doctrina de la Fe (CDF), a tenor del art. 52 de la Constitución Apostólica Pastor Bonus, juzga los delitos contra la fe y los delitos más graves cometidos contra la moral o en la celebración de los sacramentos y, en caso necesario, procede a declarar o imponer sanciones canónicas a tenor del derecho, tanto común como propio, sin perjuicio de la competencia de la Penitenciaria Apostolica y sin perjuicio de lo que se prescribe en la Agendi ratio in doctrinarum examine. 
Pero en todo caso habla de juzgar, siempre se menciona en dicha disposición la facultad de Juzgar ,no de instruir que se viene atribuyendo en normas y disposiciones canonicas posteriores a las jerarquias locales y concreto en este caso al Arzobispo de Granada.
Y asi dentro de la misma norma ,y ya dentro de las normas procesales, canónicas el art. 16 dispone que cada vez que el Ordinario o el Jerarca reciba una noticia al menos verosímil de un delito más grave, hecha la investigación previa, preséntela a la Congregación de la Doctrina de la Fe, la cual, si no avoca a sí misma la causa por circunstancias particulares, ordenará al Ordinario o al Jerarca proceder ulteriormente, sin perjuicio, en su caso, del derecho de apelar contra la sentencia de primer grado sólo al Supremo Tribunal de la misma Congregación.
En ningun caso de la documentaciónrecibida consta que la Congregacion para la Doctrina de la Fe haya “avocado” para si dicha informacion previa o instrucción , o que el Arzobispo la haya avocado a la CDF, por lo que debe obrar en poder pues del Arzobispo, al haber realizado la investigación previa de que habla el art. 17 de la misma Normae.  
Pero es mas y como antes se ha dicho , en este caso el propio Santo Padre y la Santa Sede ordenósu persecución al Arzobispo , como este mismo reconoce cuando comunica que poníaen marcha el procedimiento canónicoprevisto para casos como el presente, según escrito suyoal denunciante de fecha 16 de Septiembre de 2014 , y en el pfo primero de su comunicación a este juzgado de 6 de noviembre de 2014.
Escudarse ahora, despues de mas de seis meses en la competencia de la Congregaciónpara la Doctrina de la Fe, que si tiene funciones de juzgar canónicamente, pero no siempre de instruir , supone indiciariamente una evidente negativa a cumplir y colaborar con las autoridades civiles, o de ocultacion , cuando se han constatado que los hechos objeto de investigación tienen  una gran trascendencia y gravedad en sí mismos, por aparecer, además, como implicados representantes de confesión religiosa ,  pudiendo tratarse de actuaciones en las que  los implicados, lejos de ser los garantes de los principios religiosos proclamados por dichaconfesión y su mas Alto signatario , se podrían haber convertido en sus transgresores.

En tal sentido se sigue considerando necesaria y util la prueba solicitada, no Secreta y de obligado cumplimiento su aportacion.

Vistos los preceptos citados y lo demás de general y procedente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO:

Reiterando la providencia de fecha 7 de mayo de 2015, y concretando las consecuencias de su incumplimiento, habiéndoseomitido en las documentaciones sucesivas remitidas por el Arzobispado de Granada , asi como en la contestacióna dichorequerimiento, las declaraciones  e interrogatorios escritos de los sacerdotes sobre los que se inicio expediente eclesiástico, y que necesariamente deben de obrar de forma escrita a la luz de las disposiciones sobre procedimientos administrativos y eclesiásticos, y que dieron lugar incluso a resoluciones de suspensión de ese Arzobispado, requierase personalmente al Sr. Arzobispo de Granada D. Javier Martinez a fín de que aporte, en el Plazo de 3 dias, como parte de toda la documentación integra reiteradamente solicitada, las declaraciones, interrogatorios e informe que hubo de suscribir de forma escrita en relación a las personas implicadas en este procedimiento judicial y respecto a las que se siguióexpediente canónico. En todo caso deberá ser remitido e informado por la persona requerida.
En caso de incumplimiento podría incurrir en delito de Desobediencia a la Autoridad Judicialy/o Denegaciónde Auxilioa la Justicia ,librándoselos oportunos testimonios para depuraciónde sus presuntas responsabilidades. 

Para el caso de que no obre en su poder la documentación solicitada , y bajo apercibimiento de incurrir en Falsedad , ademas de los anteriores delitos, si no fuere cierto que no constare ya dicha documentación en su poder , sino en Congregación para la Doctrina de la Fe, deberá remitir copia autenticada del Decreto de Avocaciónemitido en su caso  por la indicada Congregación, asi como de la fecha del mismo y Decreto del Arzobispo aceptando la Avocación , fecha y  con expresión de la documentación remitida y su contenido  .

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal.

Contra la presente resolución cabe recurso de reforma, que se interpondrá en su caso ante este Juzgado en el plazo de los tres días siguientes a su notificación, plazo que respecto de las partes que se vean afectadas por el secreto de las actuaciones computará desde que se alce el mismo.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
E/