ASUNCIÓN.-
El caso
de una niña de 10 años embarazada de 21 semanas tras ser
presuntamente violada por su padrastro se ha recrudecido después de
que el Gobierno de Paraguay haya impedido que aborte.
En enero de 2014, la madre de la niña había denunciado al padrastro
por supuestos abusos sexuales a la pequeña. Sin embargo, la
denuncia fue archivada por un fiscal de la ciudad de Luque, en el
Gran Asunción, que es investigado por una posible negligencia.
Más de un año después, la niña fue conducida por su progenitora a un
hospital de Luque, ante la creencia de que el aumento abdominal de
la menor podría tratarse de un tumor. Después, en el hospital
público de Trinidad, en Asunción, se le diagnosticó que estaba
embarazada de 21 semanas, lo que se notificó a los responsables del
centro a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, pero no a la
Fiscalía, que era la instancia correspondiente.
Días más tarde,
el asunto dio un giro con la orden de prisión preventiva para la
madre, de 32 años, a quien la Fiscalía imputa los supuestos delitos
de "incumplimiento del
deber del cuidado" y como cómplice de "abuso sexual en niños". El
Ministerio Público justifica la medida al alegar que la mujer
proporcionó algunas pistas sobre el posible paradero del padrastro,
pero resultaron inútiles.
Amnistía Internacional (AI) inició hace días una acción urgente para
reclamar a las autoridades de Paraguay que protejan la vida de la
niña, ya que se trata de un embarazo de alto riesgo, puesto
que la pequeña no tiene aún desarrolladas todas las características
de una mujer adulta. Sin embargo, AI no se ha posicionado a favor
del aborto, sino de que una junta médica de profesionales tome la
decisión que sea correcta para defender la vida de la niña.
Sí ha habido algunas voces reclamando el aborto, algo que ya ha sido
desechado por el Gobierno, que ha recordado que no está contemplado
en la ley ni cuando el embarazo es fruto de una violación. En este
sentido, el Ministerio de Salud recordó por medio de un comunicado
que su obligación, atendiendo a la Constitución paraguaya, es
preservar la salud de la niña y del feto.
De acuerdo con las cifras de 2014, que todavía son provisionales,
684 menores de entre 10 y 14 años dieron a luz ese año, mientras que
unos 20.000 alumbramientos fueron de madres de entre 15 y 19 años,
según Maria Ligia Aguilar, de la Direccion de Niñez y
Adolescencia.
Aguilar señaló que esa realidad sólo será reversible en el momento
en que ocurra un cambio de paradigma en la sociedad paraguaya, que
incluye a los fiscales que no contemplan la gravedad de ese tipo
de denuncias, hasta las propias familias de las menores.
"Es un tema de educación cultural y a la vez un círculo
prolongado por la pobreza de esas familias. Muchos casos de esa
violencia están naturalizados en el país porque las familias lo ven
como una cosa normal", dijo Aguilar.
