He leído con mucho cuidado el informe que las Naciones Unidas ha presentado a través del Comité de los Derechos del Niño titulado "Observaciones finales sobre el segundo informe periódico de la Santa Sede" y quiero compartir algunos puntos clave en asuntos vinculados a Explotación y Abusos Sexuales que no he visto publicados en otros medios de comunicación locales.

El comité insta encarecidamente a la Santa Sede a:

“(b) Retirar inmediatamente a todos los abusadores sexuales de niños conocidos y sospechosos, y remitir el asunto a las autoridades policiales y judiciales pertinentes con fines de investigación y procesamiento penal”.

“(d) Modificar el derecho canónico para que el abuso sexual infantil sea considerado como un delito y no como un mero “delito contra la moral”, y derogar todas las disposiciones que permitan imponer una obligación de silencio a las víctimas y a todos aquellos que tomen conocimiento de este tipo de delitos”.

“(f) Asegurar que todos los sacerdotes, el personal religioso y personas que trabajan bajo la autoridad de la Santa Sede sepan sus obligaciones de denuncia y del hecho de que en caso de conflicto, estas obligaciones prevalecerán sobre las disposiciones del derecho canónico”.

“(g) Desarrollar programas y políticas para la prevención de esos delitos y para la recuperación y reintegración social de los niños víctimas, de conformidad con los documentos finales aprobados en los Congresos Mundiales de 1996, 2001 y 2008 contra la Explotación Sexual de Niños, celebrada en Estocolmo, Yokohama y Río de Janeiro, respectivamente”.

“(h) Desarrollar programas preventivos de educación para aumentar la conciencia sobre el abuso sexual de los niños y enseñarles los conocimientos necesarios para protegerse a sí mismos”.

A la Iglesia Católica se le presenta ahora la oportunidad histórica de generar un cambio de enorme impacto en la vida de muchos niños, niñas y adultos de buena parte del mundo. Un acto de abuso, por sutil que éste sea, puede arruinar una vida.