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Pornografía infantil e internet: el reto
mayúsculo de atajar un fenómeno criminal clandestino y cada vez más sofisticado
La nueva ley de
infancia incluye el deber de denuncia y medidas de sensibilización social en
un contexto de aumento del material pedófilo tras el confinamiento, mientras
los expertos reclaman más medios personales y materiales
Un miembro del Grupo de
Delitos Telemáticos de la Policía Nacional sigue el rastro de un
ciberdelincuente. EFE
Helena Herrera, 22 de mayo 2021
A finales del mes pasado, dos
hombres de 24 y 50 años fueron detenidos por la Guardia Civil en Madrid y
Jaén acusados de corromper a niños de ocho y nueve años a través del popular
videojuego Fortnite. Los presuntos pederastas pedían a los menores que les
enviaran fotografías de ellos desnudos a cambio de regalos virtuales del
propio juego. Es sólo una de las últimas operaciones difundidas por las
fuerzas policiales, pero la hemeroteca recoge un goteo de detenidos por toda
la geografía por extorsionar a menores y tener o difundir pornografía
infantil a través de la red. Y esos son solo los casos que se detectan, pues
el gran reto en la lucha contra esta lacra es precisamente hacer aflorar un
fenómeno clandestino y cada vez más sofisticado, sostienen los expertos.
En el
caso citado, la voz de alarma surgió del entorno de las víctimas. Los
padres de los menores alertaron de que sus hijos estaban manteniendo
contacto con un adulto. Sin embargo, muchas de estas conductas nunca
llegan a denunciarse. “Particularmente, las de elaboración o
distribución de material ilícito porque las víctimas —habitualmente
menores de muy corta edad— ni tan siquiera son conscientes de la
agresión sufrida”, afirma Elvira Tejada, fiscal de Sala Coordinadora en
materia de Criminalidad Informática. Así, lo habitual es que las
investigaciones, cuando las hay, se inicien de oficio, ya sea a través
del ciberpatrullaje o a partir de avisos de ciudadanos, de cuerpos
policiales de otros países o de organismos internacionales.
Precisamente con el objetivo de sacar a la
luz más casos, la nueva ley de infancia —aprobada
esta semana— regula de forma específica el deber de cualquier persona
física o jurídica de comunicar las autoridades —y, si puede haber delito, a
la policía— la existencia de contenidos en internet que constituyan una
forma de violencia o abuso sobre los menores a y obliga a las
Administraciones Públicas a establecer “canales accesibles y seguros” para
ello. La medida llega en plena resaca del incremento de contenido pedófilo
en internet como consecuencia del confinamiento de la pasada primavera y la
incógnita de cuánto de ese material sigue vagando en la red.
Según datos del Departamento de Delitos
Telemáticos de la Guardia Civil citados por la
Fiscalía, los reportes sobre supuesta distribución de material ilícito
del National Center for Missing & Exploited Children [una ONG de EEUU a la
que están obligadas a dar información las tecnológicas] se incrementaron
diariamente en un 449% tras la declaración del estado de alarma y alcanzaron
un 730% en el periodo más rígido de confinamiento. Además, la Policía
Nacional registró entre el 15 de marzo y el 30 de abril de 2020 un total de
1.732 avisos o denuncias ciudadanas por detección online de material
pedófilo, un 352% más respecto a los registrados en el mismo periodo de
2019.
Jorge Flores, especialista en informática y
director de la asociación para el uso seguro de internet PantallasAmigas,
defiende que “cualquier esfuerzo” es importante para tratar de descubrir
este tipo de delitos. A su juicio, el mandato de comunicar cualquier
situación de violencia que recoge la nueva ley de infancia es positivo desde
dos puntos de vista. “Por un lado, aquellas personas que se topan con
material de este tipo se sienten avaladas por esa obligación; y, por otro,
ayudará a que más casos dudosos —por ejemplo, de jóvenes que no se sabe si
son o no mayores de edad— sean filtrados por aquellas personas que están
capacitadas para ello”, sostiene.
La penalista Sara Carou, profesora del
Grado de Criminología de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), se
muestra menos optimista. Recuerda que el deber de denunciar delitos existe
desde hace muchos años en la legislación española —la nueva ley se refiere a
cualquier contenido que suponga una forma de violencia, sea o no delictivo—
y considera “mucho más importante” generar “campañas informativas eficaces
para que la ciudadanía sea consciente de la gravedad del problema de la
distribución en internet de material pedófilo y generar una conciencia
social” al respecto. La llamada ‘ley Rodhes’ también establece que las
administraciones públicas desarrollarán campañas de educación,
sensibilización y difusión sobre el uso responsable de la red así como de
los riesgos de un uso inadecuado.
Medios complejos
La opacidad que ofrece internet, sumada a
la búsqueda incesante de herramientas para permanecer en el anonimato, hacen
que estos delincuentes sean especialmente escurridizos. De hecho, los
expertos reconocen que, aunque haya quien de la voz de alarma, muchos de
esos avisos ni siquiera pueden llegar a materializarse en investigaciones
concretas. “En muchas ocasiones se debe a la falta de información
suficiente, en otras a la carencia de recursos personales y materiales
adecuados para abordar una actividad criminal en continua expansión y que se
lleva a efecto por medios de comunicación cada vez más complejos y
sofisticados y protegidos con sistemas de encriptación muy difíciles de
quebrar”, sostiene la fiscal Elvira Tejada.
El tráfico de contenidos pedófilos se
realiza habitualmente en foros ocultos en la dark web [la internet
profunda a la que no se puede acceder a través de buscadores convencionales
como Google], mediante sistemas de almacenamiento de archivos en la nube, a
través de redes de intercambio P2P o de aplicaciones como Telegram o
WhatsApp. También se ha detectado de forma más reciente el uso de los
canales de comunicación de videojuegos online como vía para contactar con
menores. “Es sencillo. El pedófilo pesca donde puede, donde hay menores y se
puede comunicar con ellos. Los videojuegos son un entorno lúdico y
distendido donde tampoco es extraño que participen personas de diferentes
edades, pero hay que tener las mismas precauciones que en las redes
sociales”, afirma Flores.
“Las oportunidades criminales aumentan
exponencialmente en el ciberespacio”, añade Carou, que afirma que la
eliminación de las fronteras físicas y cronológicas, el aumento constante de
las posibilidades conectivas entre personas y el pretendido anonimato del
que gozan los internautas son el perfecto caldo de cultivo para la comisión
de delitos. Y advierte: “Los pedófilos de todo el mundo han hecho de
internet el mejor medio de comunicación y ensalzamiento de sus execrables
prácticas. Antes el contacto entre víctima y agresor se producía en un
espacio físico concreto, susceptible de ser detectado por terceros, ahora
los pedófilos tienen acceso a los menores desde sus propias casas a través
de internet”.
En 2019, de cuando son los últimos datos
publicados por la
Fiscalía General del Estado, se iniciaron en España 1.214 procedimientos
judiciales por delitos contra la libertad sexual de menores en internet, un
10% del total de ciberdelitos. No obstante, el Ministerio Público advierte
de que estas cifras no reflejan en absoluto el volumen de los delitos de
esta clase cometidos en la red sino, únicamente, las investigaciones en
curso. De ahí que “el número de expedientes se mantenga de una forma estable
frente a la evolución real de estas manifestaciones criminales”, dice la
Fiscalía en su última
memoria.
Las cifras reflejan una tendencia al alza
especialmente significativa en las investigaciones sobre el llamado
child grooming, un fenómeno delictivo que la Policía Nacional define
como el conjunto de estrategias que un adulto desarrolla para ganarse la
confianza de un menor a través de internet con el fin de obtener concesiones
de índole sexual. Las investigaciones sobre este tipo de acoso—que está en
el Código Penal desde 2010— han incrementado un 130% desde 2015, con un
total de 225 en el último ejercicio del que hay datos.
Flores explica que el child grooming
puede ser un fin en sí mismo, en el que el depredador sexual busca con esa
víctima algún tipo de satisfacción mediante el envío de imágenes o vídeos;
pero también puede llegar a buscar un encuentro físico. “Los pedófilos y
pederastas consolidados satisfacen su trastorno consumiendo este tipo de
imágenes. A veces las buscan directamente utilizando a menores y otras
intercambiando o metiéndose en redes en las que, como prueba de entrada,
tienen que aportar imágenes”, explica este experto.
Ante este desafío, la fiscal de
Criminalidad Informática considera que es necesaria “una respuesta más
contundente del Estado de Derecho que fomente tanto las denuncias como la
investigación eficaz de estos hechos”. Con ese objetivo, a su juicio,
habrían de combinarse, por un lado, medidas de sensibilización social; y por
otro, la dotación a operadores jurídicos [jueces, fiscales, abogados…] y
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de una formación más
específica en esta materia, y de los medios personales y materiales
necesarios para mejorar su capacidad y eficiencia en la investigación.
También Carou, jurista especializada en
especializada en Derecho penal y penitenciario, defiende que un factor
relevante para atajar este tipo de criminalidad es dotar de medios humanos y
técnicos suficientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la Fiscalía y a
los jueces. “Son mucho más importantes las acciones concretas que las
declaraciones vacías de contenido incluidas en normas legales”, sostiene. Y
apunta también a la “rigidez” de la tipificación de las conductas y los
medios de investigación pensados para un mundo offline como una de
las causas de la ineficacia del sistema penal español en la contención de
este fenómeno criminal. “Por desgracia, los recursos son limitados y las
investigaciones se acaban centrado en los casos más evidentes. Sin duda hay
una gran carencia en ese sentido”, sentencia Flores.
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PRODENI