Algunas de las mujeres ligadas a Infancia Libre, tres de las
cuales fueron detenidas.
Una niña de 11 años que tenía que declarar este
jueves sobre los posibles abusos sexuales de su padre hacia
ella, se ha visto obligada a acudir al juzgado de la mano de su
propio progenitor, investigado en la causa, y a marcharse
posteriormente con él.
La menor es hija de Patricia G., una de las
madres ligadas a Infancia Libre y la segunda detenida por la
Policía adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla el pasado
mayo. Desde entonces, la niña está viviendo con el padre y sin
contacto con la madre, a la que se le ha aplicado una orden de
alejamiento.
No ha sido la única actuación sorprendente en
este caso. En la misma mañana del jueves, hora y media antes de
que la menor declarara, la Fiscalía de Madrid emitió una
comunicado informando que había presentado un escrito de
acusación contra Patricia G. por un delito de sustracción
sustracción de menores por el que solicita para la madre tres
años de prisión. Según denuncia el abogado de la madre, este
escrito no había sido registrado en el juzgado esta mañana por
lo que se había enviado a los medios de comunicación antes de
darlo a conocer a las partes.
"Lo primero que ha pasado es que Fiscalía ha
emitido una nota de prensa el mismo día, poquito antes de que
declarara la menor. Y que lo hizo para el público en general,
porque el escrito no estaba en el juzgado, no estaba en la causa
y es imposible que la tuviéramos. Llama mucho la atención esa
prisa hacer público esta misma mañana la petición de prisión. A
lo mejor alguien tendría que explicarlo", afirmó Jaime
Montero, abogado de la madre.
El escrito de acusación de la Ficalía afirma que
tras el divorcio de Patricia G. con su expareja, se
estableció de mutuo acuerdo que la patria potestad fuera
compartida y que se acordó un "régimen de visitas de la menor
con el padre, de fines de semana alternos y períodos
vacacionales por la mitad".
La nota de la Fiscalía explica que, pese a este
acuerdo, en octubre de 2017 "la acusada, con ánimo de alejar
a la menor de su padre y desvincularla totalmente del progenitor
paterno y apartarla definitivamente tanto de él, como del
entorno familiar de éste, se llevó a su hija del domicilio en el
que residían en Madrid y del centro escolar al que acudía",
manteniéndola apartada de su expareja durante 20 meses, hasta
que a principios de mayo de 2019“y sin escolarizar a fin de
evitar que fuera localizada", hasta que fue hallada por la
Policía el 11 de Mayo de 2019 fue hallada por la policía.
Ninguna mención a la denuncia de abusos sexuales
El escrito de acusación de la Fiscalía es
escueto. En él no se hace la más mínima mención a las denuncias
presentadas por la madre sobre posibles abusos sexuales de su
expareja hacia la menor, ni
de la reapertura del caso judicial contra éste, ordenado
por el juzgado de Instrucción nº 54 de Madrid tras la
incorporación de diversos informes que no habían sido tenidos en
cuenta cuando se sobreseyó el caso.
La citación de la menor a declarar ante el
juzgado este jueves, es parte de la reapertura de esta causa y
el abogado de la defensa espera que haya más actuaciones, como
una llamada a declarar a algunos de los expertos que firmaron
los informes.
Diversas juristas contactadas por Público señalan
lo sorprendente de la actuación de la Fiscalía, al
reconocer que no es un procedimiento habitual el hecho de que
hagan público un escrito de acusación mediante una nota a los
medios de comunicación antes de entregárselo a las partes. En
este sentido han manifestado la necesidad de que es investigue
esta actuación. En la misma línea se ha manifestado el abogado
de madre que cree que la Fiscalía tiene que dar explicaciones.
Sobre el hecho de que el escrito de la Fiscalía
no contenga ninguno de los elementos del caso entre el acuerdo
de separación y la huida de la madre, diversos expertos han
explicado que, si bien no es una obligación ni incurre en un
delito, la Fiscalía debería recoger con rigor los detalles
del caso en el escrito de acusación, y contemplar el
conjunto del caso para entender qué puede haber fallado en el
acuerdo de visitas, por qué en un momento determinado se
suspenden y si existe algún motivo justificado que no se esté
teniendo en cuenta.
Para el abogado de la madre, si la Fiscalía
incluyera en la acusación los pormenores del caso estarían
incluyendo la causa de la justificación que haría que el ilicito
no sea tal, o dicho en términos más jurídicos, elimina la
antijuricidad de la acción".
Fuentes de la Fiscalía afirmaron a Público que
el escrito de acusación sólo se había centrado en el hecho de la
sustracción y que cualquier otro pormenor del caso debería ser
visto en los juzgados correspondientes, dando a entender así que
se trata de actuaciones distintas. "Esto es hacer oídos
sordos a la realidad, porque parece que los dos procedimientos
fueran estancos y los fiscales de uno y otro no hablan. Y
esto parece que es así. Por qué en al juzgado hay un fiscal que
parece que ve indicios y en la Fiscalía de Madrid han ignorado
totalmente esta historia".
Patricia G. es una de las las cerca de 20 madres
relacionadas con la organización Infancia Libre que la policía
judicial acusó en un informe que formaban parte de una "trama
criminal" dedicada a interponer denuncias falsas sobre abusos
sexuales hacia sus hijos por parte de sus exparejas, para
apartarlos de los menores. El informe fue entregado a la
Fiscalía, que
el pasado 31 de enero y tras una investigación, lo archivó al
no encontrar indicios de organización criminal.