Víctimas de pederastia se han reunido este jueves frente al Congreso de los Diputados para reclamar al Ejecutivo que amplíe los plazos de prescripción de estos delitos de manera urgente.

En concreto, quieren que el plazo comience a contar a partir de los 50 años de la víctima, y no a partir de los 30, como pretende el Gobierno con el anteproyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia. Así, los afectados tendrían hasta los 55 años para denunciar los casos leves y hasta los 65 para los más graves. Actualmente, el plazo comienza a contar con la mayoría de edad de la víctima, lo que en muchas ocasiones dificulta la denuncia o hace que cuando los casos salen a la luz ya sea tarde. 

Durante el acto, convocado por Infancia Robada, el portavoz de la asociación, Miguel Ángel Hurtado, una de las víctimas del ‘caso Monstserrat’, ha denunciado que "en 2016 entregamos 300.000 firmas en el Congreso. Todos los partidos políticos se comprometieron a estudiar el tema durante la próxima legislatura. Ha acabado y no han hecho nada". Esto ha supuesto, a su juicio, "una legislatura perdida en protección a la infancia" mientras "día a día siguen saliendo nuevos casos de pederastia gravísimos, depredadores sexuales que se van de rositas, abusando de decenas de menores durante décadas y no les pasa nada".

Hurtado ha exigido que los partidos políticos incluyan en su programa electoral su postura respecto al plazo de prescripción. "Nos gustaría la imprescriptibilidad, pero estamos dispuestos a ceder porque nos han dicho que hay dudas sobre la constitucionalidad. Sin embargo, queremos una reforma ambiciosa, apostamos por los 50 años", ha explicado antes de calificar como "parche" la reforma del gobierno. Con esa reforma, ha dicho, "si sucede un nuevo caso como el de Montserrat, las diez víctimas nos quedaríamos fuera. Yo tengo 36 años y mi delito prescribiría, según esa reforma, a los 35". 

"Una medida de salud pública"

"Esto no es sentarse en una mesa y contar todo de golpe", ha explicado el presidente de la asociación Infancia Robada y padre de la víctima del ‘caso Gaztelueta’, Juan Cuatrecasas. "Necesitan asistencia de un terapeuta, de un psiquiatra que siga el camino de la víctima, sin forzarla a contar, cuando ella quiera y pueda. Se tarda mucho tiempo", ha explicado. "Cincuenta años creemos que es un plazo equitativo y justo y que englobaría a la mayoría. No estamos valorando que a un cura se le termine juzgando cuando tiene 80 o 90 años que, obviamente, a esa edad no entraría ni en prisión, pero la víctima si necesita un reconocimiento", ha justificado para solicitar el aumento del plazo de prescripción.

Un aumento que es también "una medida de salud pública", según ha explicado Hurtado: "Si no hay sentencia judicial, los depredadores sexuales no entran en el registro de delincuentes sexuales. Cuando quieren trabajar con niños, pueden presentar un certificado de antecedentes penales sin mayores problemas".

Además, "si se amplia la ley, se incentiva a las instituciones, como la Iglesia, a denunciar inmediatamente los casos a la fiscalía, porque no es lo mismo pagar una indemnización por tres casos, que por 30. Hasta el momento, las instituciones no han colaborado con la justicia, no han denunciado, porque como el delito ha prescrito, no tienen que indemnizar a las víctimas", ha defendido Hurtado. En esa línea, ha lamentado que, a su juicio, "se le está dando un trato de favor" a la Iglesia, con "una ministra de Justicia que le pide permiso para saber cuántos casos hay". "A los políticos españoles les falta valentía. Están mandando el mensaje de que la Iglesia está por encima de la ley", ha afirmado. 

"Falta voluntad política"

Preguntado sobre si la Iglesia se ha reunido con víctimas, Hurtado ha indicado que "ellos dicen que sí" pero "con nosotros no se han puesto en contacto". "Sin nos recibieran, estaríamos encantados. El mensaje que les daríamos es que ya hay unas recomendaciones muy claras de la comisión de la infancia de Naciones Unidas", ha explicado.

Estas son: "denunciar todos los casos a la fiscalía; entregar todos los archivos de la perversión a las autoridades civiles; cesar obispos encubridores, ¿cómo puede ser que el abad de Montserrat siga siendo obispo después de todo lo que ha salido a la luz?; asumir la responsabilidad civil subsidiaria; darle una indemnización económica a las víctimas para que puedan acceder a terapia y rehacer su vida". "La hoja de ruta está bien clara", ha explicado Hurtado, pero "falta voluntad política, tanto del Gobierno como de la Iglesia. Mientras tanto, las víctimas siguen sin poder acceder a la justicia y los niños españoles siguen en peligro".

Frente al Congreso estaba también Peter Saunders, ex miembro de la comisión antipederastia vaticana, creada por el Papa Francisco en 2014. "Pensé que las cosas iban a cambiar en la Iglesia, pero en cinco años nada ha cambiado realmente", ha lamentado justo antes de recordar que en Reino Unido este tipo de crímenes no prescriben. Ocurre lo mismo en otros países, como Canadá, Irlanda, Sudáfrica, Australia, Nueza Zelanda, Argentina, Chile, El Salvador, Ecuador, México, Holanda o Suiza. "Lo que proponemos va en línea con las tendencias globales", ha defendido Hurtado, para quien "España tiene que ir a la cabeza, por el bien de nuestros niños".

Precisamente, en la misma línea, y en contra de lo que finalmente se ha plasmado en el anteproyecto de ley de protección a la infancia aprobado por el consejo de ministros, se manifestó la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, durante su visita al Vaticano en octubre. De hecho, en el comunicado posterior a la reunión con el secretario de estado del Vaticano, Pietro Parolin, el Ejecutivo anunciaba que realizaría "modificaciones en el Código Penal para conseguir que estos delitos sean imprescriptibles".