Proteger a los menores de la violencia y la negligencia doméstica, incluso de
sus propios padres, es un imperativo legal y moral y en Estados Unidos existen
roles, leyes e instituciones dedicadas específicamente a ello.
Cuando los casos son graves, las autoridades tienen la capacidad de retirarle
a los padres la custodia de sus hijos cuando éstos son víctimas de abuso o
maltrato.
Pero ¿qué sucede cuando uno de los protagonistas clave en la protección y
cuidado de los menores es, a su vez, el causante de una una injusta ruptura
familiar?
Casos de padres que pierden la custodia de sus
hijos por un reporte incorrecto de violencia o negligencia contra menores
emitido por un médico son ominosamente frecuentes en EEUU, (Getty Creative)
De acuerdo a una investigación de la
televisora NBC News y el periódico Houston Chronicle, ese es un caso
ominosamente frecuente en Estados Unidos: médicos que determinan
equivocadamente que padres agredieron a sus hijos o los mantuvieron en
condiciones negligentes y, con ello, producen que las autoridades les retiren
la custodia injustamente.
Esos medios relataron algunos de
los, al parecer, muy numerosos casos.
En Michigan, un médico determinó
que las marcas en el abdomen de un bebé y sus costillas sanadas tras facturas
eran signos de maltrato físico y al reportarlo provocó que los padres
perdieran la custodia del pequeño y también de otro de sus hijos. Meses
después, tras revisarse la evidencia por otros médicos, se determinó que no se
trató de abuso, sino que las marcas fueron producidas por las correas de un
columpio y las facturas por una deficiencia de vitamina D, y un juez devolvió
a los menores a sus padres.
Pero el trauma sufrido por la
familia fue severo.
En otro caso, un médico consideró
que el sangrado en el cerebro de un bebé de cuatro meses fue sufrido por
sacudidas provocadas por sus padres, una maestra y un paramédico, pero no
consideró las causas médicas de ese sangrado, provocada por una condición
crónica. Al reportar ello como abuso el padre fue acusado penalmente, detenido
y exhibido públicamente como un presunto agresor de su propio bebé. Tiempo
después, revisiones médicas posteriores descartaron que ese sangrado del menor
hubiese sido provocado por sus padres.
Y, en otro caso, dos menores le
fueron quitados a su madre cuando un doctor consideró que la madre los había
sometido a tratamientos médicos innecesarios, incluso motivada por ganar
notoriedad mediática. Más de un año después, un juez determinó que el médico
no tenía pruebas factuales para avalar su decisión.
En esos y otros casos, las
familias fueron separadas de modo injustificado, lo que les provocó severo
sufrimiento. Y no se trataría de casos aislados o extraordinarios. NBC y el
Chronicle identificaron, en una investigación que duró un año, unos 300 casos
en 38 estados. Todos de familias separadas porque un médico acusó de maltrato
o negligencia a los padres por equivocación, por valorar inadecuadamente la
condición del menor o por omitir otras consideraciones importantes.
Esto no quiere decir que los
médicos, en sí, no deban valorar si un padre maltrata a su hijo. En realidad
están obligados legal y éticamente a hacerlo, su testimonio es clave en las
decisiones de autoridades y jueces, y eso es una cuestión pertinente para la
protección de menores. Pero cuando el proceso es errado o se tuerce, el
sufrimiento resulta severo.
Como relatan los medios que
hicieron la investigación, los padres acusados padecieron el horror de ser
separados de sus hijos injustamente, y debieron luchar de modo arduo y
duradero para poder revertir la decisión equivocada, reunir a sus familias y
librarse ellos mismos de cargos penales.
Pero, al ser los casos numerosos,
eso también revela que los médicos en cuestión, encargados justamente de
detectar abuso infantil y reportarlo y testificarlo ante las autoridades
competentes, presumiblemente actúan convencidos de la veracidad de su
diagnóstic
