Cinco cosas que siguen sin funcionar en la protección
de los hijos de víctimas de violencia machista
La protección y atención a los menores está lastrada
por la falta de aplicación de un marco normativo que sí ha avanzado en los
últimos años
Aunque la ley establece que son víctimas directas de
la violencia machista, se siguen estableciendo regímenes de visitas y rara
vez se retira la patria potestad
Además, necesitan la autorización del padre, aunque
haya sido condenado, para que sean atendidos psicológicamente
07/05/2017
La ley ya les reconoce como
víctimas directas de la violencia que sufren sus madres, pero en muchos casos
siguen siendo invisibles. Poco sabemos de cómo impacta en los hijos e hijas de
las víctimas de violencia machista la situación que viven en sus hogares porque,
como al hijo de Raquel – a
ambos los mató su padre el pasado
2 de mayo en Alcobendas (Madrid)– solo
se les nombra cuando acaban siendo asesinados.
Sin
embargo, la protección y atención de estos menores sigue estando lastrada
por la falta de aplicación práctica de un marco normativo que sí ha
avanzado en los últimos años. Aunque la Ley de Protección de la Infancia y
el Estatuto de la Víctima, aprobados en 2015, les reconocieron algunos
derechos, el sistema todavía está atravesado por varios puntos negros:
La ausencia de detección precoz
La Ley
Integral contra la Violencia de Género ya preveía en 2004 la puesta en
marcha de medidas para la detección precoz de la violencia machista, tanto
hacia mujeres como sus hijos, pero solo algunas comunidades han
desarrollado protocolos específicos para el ámbito escolar o sanitario
que, en muchos casos, están implantados a medias.
Para la
abogada María Naredo, se trata de algo "que todavía está en pañales"
porque "son pocos los colegios que tienen unos indicadores concretos o
formación para el profesorado". De esta manera, ejemplifica, "se puede
estar diagnosticando de hiperactividad a un niño que la noche anterior ha
visto una paliza. ¿Cómo va a prestar atención en clase?".
Las visitas con el agresor
Los
cambios normativos de 2015 obligan a los jueces a pronunciarse ante
denuncias de violencia machista sobre la adopción o no de determinadas
medidas civiles como la suspensión de regímenes de visitas o de la patria
potestad. Aunque el porcentaje de retiradas ha ido en ascenso en los
últimos años, "sigue habiendo una tendencia a seguir manteniendo regímenes
de visitas con padres agresores como si fuera un divorcio contencioso",
explica el psicólogo Pablo Nieva.
Según los
datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2016 un 5,7% de las
medidas dictadas fueron suspensión del régimen de visitas y un 0,7% de la
patria potestad frente al 3,5% y 0,4% del año anterior. Cifras que, para
la abogada e investigadora Violeta Assiego, son insuficientes y denotan
una falta de cuestionamiento "de la relación paternofilial incluso cuando
intermedia violencia".
La
experta considera "necesario" abrir el debate sobre si la suspensión debe
de ser automática o no, pero insiste en que "no se puede obviar que las
visitas sirven a los maltratadores para instrumentalizar a los menores
como arma arrojadiza contra la madre, además de la violencia que supone
para ellos".
La autorización del maltratador para ser
atendidos
Esta
falta de cuestionamiento del " pater
familias", en palabras de Naredo, conduce a que sea
necesaria la autorización del padre, aunque sea un agresor, para que
sus hijos e hijas sean atendidas psicológicamente debido a la violencia
que están viviendo en casa. Una muestra de que "se da una contradicción
porque se considera un derecho absoluto el poder del padre y un derecho
relativo la protección del menor, cuando debería ser al revés", dice la
experta.
Esta
condición deriva de un requisito legal en aplicación de la patria
potestad, recogida en el Código Civil, que establece que será ejercida por
ambos progenitores. El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos
lo ha cristalizado en el Código Deontológico a través de su artículo 25 en
una interpretación de la patria potestad que Naredo considera "errónea"
porque "debería ejercerse en beneficio de los hijos".
Ocultos en los datos
En España
no existe una base de datos oficial sobre cuántos menores conviven
diariamente con la violencia machista, que solo engrosan las estadísticas
oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad cuando
son asesinados. LaMacroencuesta
de 2015 da una idea de la envergadura del problema porque u n
63% de las víctimas asegura que sus hijos han presenciado el maltrato y,
de ellas, un 64% afirma que también lo sufren.
Assiego
considera que las Administraciones deberían comenzar a estudiar en
profundidad la realidad de estos menores desde un punto de vista
cualitativo y cuantitativo. "No sabemos cuál es su situación, cómo les
afecta, qué medidas de protección tienen...Ni siquiera las estadísticas
oficiales del Consejo General del Poder Judicial incorporan cuántos hijos
tienen las mujeres denunciantes", ejemplifica.
Cuando no son escuchados
La ley
establece que los menores deben ser escuchados en cualquier procedimiento
judicial cuya resolución vaya a afectarles, pero "sigue sin ponerse a los
niños en el centro y la justicia sigue sin estar adaptada a la infancia",
sostiene Naredo. Algo que se refleja en sentencias que, por ejemplo,
obvian el
rechazo verbalizado por el menor a mantener visitas con su padre agresor.
Así
ocurrió en el caso de Ángela González, cuya hija fue asesinada por su
padre en una visita sin supervisión después de manifestar su negativa en
múltiples ocasiones y haber denunciado su madre el peligro que corría.La
ONU condenó a España a reparar a Ángela y revisar su propia práctica
judicial porque entendió que el Estado había incurrido en una negligencia, pero
el Gobierno se ha negado.
El caso sirve también para ejemplificar algo
que va a investigar la Comisión Europea tras una queja en la que se
denunciaba cómo algunos tribunales restan credibilidad al testimonio de
los menores en la investigación de abusos sexuales cometidos contra ellos
por sus progenitores. De esta manera, establecen amplios regímenes de
visitas aunque el hijo lo rechace.