El Diario Vasco

Diputación y municipios se alían para mejorar la detección precoz del maltrato infantil

El Departamento de Políticas Sociales admite la dificultad de implantar los llamados programas basados en la evidencia, pero se compromete a evaluar los resultados

Martes, 20 febrero 2018

La diputada de Políticas Sociales, Maite Peña. / LUSA

Diputación y ayuntamientos han creado un grupo de trabajo para corregir «las deficiencias» derivadas del reparto de competencias en la atención a menores en riesgo o situación de desprotección. O dicho de otra manera, para evitar que los problemas escapen del radar de los servicios sociales o lleguen ya cuando el daño es grave. La alianza para mejorar la detección precoz de la desprotección infantil (negligencias por parte de los padres, pero también abusos y maltrato físico y psicológico) nace tras comprobarse las carencias de un sistema que atiende a casi 5.000 menores y sus familias en Gipuzkoa, entre los que pasan por programas de responsabilidad foral -la intervención especializada- y aquellos que son atendidos en la atención municipal -casos más leves-. Los problemas fueron puestos sobre la mesa en un informe realizado por la UPV/EHU a petición de la propia institución foral y del Ayuntamiento de Donostia, cuyas conclusiones fueron ayer debatidas en las Juntas Generales de Gipuzkoa.

El estudio concluyó que la red de atención destaca por su alta cobertura en la atención de casos, y por el elevado volumen de recursos, tanto humanos como económicos, destinados a la protección a la infancia en Gipuzkoa, una cifra que ronda los 40 millones al año. Sin embargo, la foto también sacó a relucir las fallas de un modelo mejorable. Así, aconsejó reforzar la detección temprana de los casos e implantar los programas basados en la evidencia, aquellos en los que se ha evaluado su eficacia. El informe subrayó que tanto en los servicios sociales donostiarras como en los forales «son escasas las intervenciones familiares con niños y niñas menores de 6 años, y casi irrelevantes en menores de 3. Las intervenciones más frecuentes se llevan a cabo con mayores de 8 años y en especial con adolescentes y preadolescentes que ya presentan problemas de conducta».

«El estudio no ha caído en saco roto», respondió ayer la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, al juntero de EH Bildu Ernesto Merino. La diputada jeltzale explicó que en 2013 la Diputación y el Ayuntamiento de Donostia firmaron con la UPV un convenio de colaboración para testar dos programas basados en la evidencia: SafeCare -para dotar de habilidades a los padres y evitar situaciones de negligencia- e Incredible Years -una intervención grupal entre padres, niños, niñas y profesores para manejar los problemas de comportamiento-. Esta fase experimental terminará en junio.

Reparto de competencias

Sin embargo, la diputada reconoció la dificultad de aplicar más programas en esta misma línea, tanto desde el punto de vista económico como de personal -por la necesidad de formación específica- y también de aplicación -por los requisitos a la hora de cambiar algún aspecto del programa original-, pero se comprometió a avanzar en la medición de los resultados del trabajo que se hace con los menores. Peña aludió además a un problema de reparto de competencias, pero a la vez se hace «necesario dotar de coherencia interna al sistema, para establecer un liderazgo compartido», admitió. Por ello, indicó que se ha creado el grupo de trabajo común, con técnicos forales y municipales para mejorar esa coordinación.

Un estudio de la UPV detectó carencias en la atención temprana de la desprotección infantil

EH Bildu ve «preocupante la falta de voluntad» foral para aplicar las medidas planteadas en el informe

Desde EH Bildu, Ernesto Merino lamentó «que el gobierno foral no va a implantar ninguno de esos programas y que la reconversión del sistema de protección de menores se aplaza sine díe», en contra de lo que aconseja el informe, del cual es parte la propia Diputación, subrayó. Merino recordó que, por ejemplo, en uno de los programas actuales de la Diputación, el llamado 'Trebatu', tan solo el 19,4% abandonan el programa por haberse cumplido los objetivos, «lo que deja en evidencia que el otro 80,6% restante lo abandona sin haber solucionado el problema». El juntero consideró «grave y preocupante la falta de voluntad de la Diputación para solucionar los problemas detectados en el sistema de protección de menores».