El caso de la niña asesinada en Valladolid se dilató por no activarse el
protocolo oficial contra el maltrato infantil
El documento exige que, al detectarse indicios, se
abra un expediente y se notifique el caso a Servicios Sociales y al registro
autonómico de maltrato infantil nada más conocer el caso
La Junta ha asegurado que no tuvo esa notificación y
que conoció el asunto al comunicárselo la Fiscalía diez días después de la
sospecha
El caso del abuso y presunto asesinato de la pequeña de cuatro
años muerta hace una semana en Valladolid se alargó de manera fatal en el tiempo
porque no se activó el protocolo oficial contra el maltrato a menores, según han
confirmado fuentes del caso. El documento obliga a avisar por escrito y por
triplicado en cuanto se detectan indicios de un posible caso.
El Protocolo
Básico de Intervención Contra el Maltrato Infantil y en Ámbito Familiar
del Ministerio de Sanidad "tiene por objeto la mejoría de la coordinación
interinstitucional para obtener una respuesta rápida y eficaz". Para la
pequeña de la capital castellanoleonesa no hubo tal respuesta.
¿Qué es lo que establece el protocolo? Cuando la detección
del posible caso se produce en el ámbito sanitario "e l médico, pediatra o
profesional de enfermería de atención primaria o de salud mental o centro
hospitalario que tenga sospecha o evidencia de un caso de maltrato infantil
debe cumplimentar la hoja de notificación y, conjuntamente con el trabajador
social del centro hospitalario o de salud, enviarla a los servicios sociales
correspondientes". Esa hoja de notificación tiene tres copias: una para el
historial del centro, otra para los Servicios Sociales y otra para el
registro autonómico de maltratos.
En este caso, el pediatra que primero vio a la niña
contactó directamente con el 112, quien le recomendó llamar a la Policía,
según reconocen desde el propio centro hospitalario.
Además, el plan trazado por el Ministerio incluye que "sin
perjuicio de ello, el facultativo remitirá también el preceptivo parte de
lesiones o informe médico al Juzgado de Guardia o a la Fiscalía".
Los agentes de la Unidad Familia y Mujer (UFAM) acudieron
al hospital y tomaron declaración a la madre. Un día después, el pediatra
acudió voluntariamente a declarar a comisaría. La policía no comprobó si el
padre estaba fuera de España ni intentó localizarlo para que diese su
versión de los hechos, según confirman fuentes de la investigación.
El hospital, con el que eldiario.es contactó,
no pudo aclarar si se siguió el protocolo, si se rellenó el formulario
preceptivo con tres copias, y se notificó a los distintos órganos
competentes. Tanto los centros sanitarios como los centros
educativos, deben tener estos formularios.
Con esa cadena de avisos prescrita, una vez que se alerta el posible caso de
maltrato, los servicios sociales de la Comunidad empiezan a trabajar de
inmediato. Pero no fue así. El gerente de Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León, Carlos Raúl de Pablos, ha asegurado que tuvieron conocimiento
del asunto por la Fiscalía de Menores, que les instó a investigar la situación
de la familia el pasado 21 de julio, diez días después de que se detectasen los
posibles maltratos en el hospital.
La Fiscalía de Menores tiene como objetivo la
investigación de delitos cometidos por menores, así como el
control, seguimiento sobre materias relativas a la guarda, protección y
tutela de los menores en situación de riesgo o desamparo.
Entrevista
extraña
Con todo, Servicios Sociales no se entrevistó con la madre hasta cinco días
después de que los fiscales les avisaran. De haberse usado el protocolo, la
Junta debería haber actuado mucho antes.
Tras la entrevista, la trabajadora social elaboró un informe en el que,
según ha podido saber eldiario.es,
dejó datos que hacían ver que algo fallaba en la versión de normalidad que
daba la progenitora. Sin embargo, este informe no se pone en conocimiento de
la Policía, de la Fiscalía o del Juzgado de Guardia, aunque se decide
celebrar un encuentro en el domicilio familiar el 28 de julio.
La madre lo anuló aduciendo motivos laborales. Tampoco esta circunstancia se
comunicó a la Fiscalía o a la Policía y no hubo intento de comprobar que,
efectivamente, ese día la madre tenía que trabajar. Los servicios sociales
trasladaron la visita al día 1 de agosto, pero cuando acudieron a la
vivienda nadie abrió la puerta.
Ni siquiera en esta circunstancia optaron por poner en conocimiento de la
Policía o de la Fiscalía la falta de colaboración de la madre ni buscaron
una medida que les permitiese conocer el estado de la pequeña. Un día
después, la niña ingresaba en el Hospital Clínico Universitario de
Valladolid en parada cardiorrespiratoria, muerte clínica y signos evidentes
del maltrato. Fueron detenidos tanto la madre como su compañero sentimental
del que la Policía nunca tuvo conocimiento.
Prioridad que no se contempló
Pero el protocolo contra el maltrato infantil, también
recoge lo que debería ocurrir en el ámbito judicial, y es muy claro: en la
fase de instrucción "se dará preferencia a cualquier procedimiento relativo
a maltrato infantil, de manera análoga a la prioridad reconocida en las
causas con recluso".
No fue el caso, tal y como publicó eldiario.es,
se trató con prioridad un presunto caso de maltrato psicológico del padre
sobre la madre, que declaró en cuestión de días ante el Juzgado de Violencia
Sobre la Mujer.
El atestado policial puso en negrita, subrayado y con
mayor cuerpo de letra la parte de la supuesta violencia de género.
Posteriormente, tras archivarse la causa, el juez envió el testimonio, (la
parte que afectaba a la niña y en que se hablaba del posible maltrato) a la
Oficina del Decanato para que lo turnase a un juzgado de Instrucción el día
25, cuando la pequeña aún estaba viva. No sólo no se le dio prioridad, sino
que estuvo
diez días sin turnar y llegó al juzgado el 3 de agosto, el mismo día en
el que la cría había fallecido.
