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Feminicidio de menores: cada vez matan a más niñas y
adolescentes en México
Las cifras revelan que el asesinato de niñas de 0 a
17 años ha aumentado en México los últimos 3 años: en 2015, se registraron
50 víctimas; en 2014, 53; en 2017, 61; en los primeros 5 meses de 2018 van
30
Muchos asesinatos de niñas y adolescentes fueron
clasificados como "homicidios dolosos", sin análisis de género, lo que va
en detrimento de penas más severas y de la prevención y atención a las
víctimas
Si se hubiesen tenido en cuenta, la cifra se
elevaría de los 194 asesinatos de niñas entre 0 a 17 años registrados como
feminicidios en este tiempo, a 671
Mexico.com - Sergio Rincón y Saúl Hernández
24/07/2018

Ilustración de Adán Vega.
Ana Lizbeth Polina Ramírez apenas tenía ocho años
cuando alguien decidió asfixiarla. Bastó con que la pequeña saliera unos
momentos a jugar afuera de las oficinas donde trabajaba su madre para que su
familia la perdiera para siempre.
La pesadilla comenzó el domingo 15 de julio, en la
colonia Vistas del Río del municipio de Juárez, Nuevo León. Las cámaras de
seguridad de la empresa habían captado a un hombre robusto acercarse a la
menor para llevársela del lugar. Tan pronto la madre denunció el hecho a la
policía municipal comenzaron a buscarla, pero fue hasta la mañana siguiente
que la Fiscalía estatal activó la Alerta Amber, un sistema de notificación
de menores de edad desaparecidos.
Para ese momento ya era demasiado tarde: el cuerpo
inerte de Ana yacía abandonado en un terreno baldío en la misma colonia
donde desapareció.
Al tiempo que ella era raptada y asesinada, otra
menor sufría su mismo destino, pero en Altamira, Tamaulipas. Ahí, en una
colonia llamada Arboledas, Estrella 'N', otra niña de 8 años, fue asesinada
mientras se encontraba sola en su casa. Varios medios locales dieron a
conocer que el lunes 16, un hombre, al parecer conocido de los padres, se
metió a la casa y tras haber abusado de la pequeña, la mató de una herida en
el cuello.
Estos dos casos de feminicidio infantil estremecieron
a la opinión pública en solo una semana, en un país en el que la violencia
de género se encuentra triste y fuertemente arraigada, y en el que el
feminicidio de menores de edad (de cero a 17 años) ha crecido en los últimos
años.
En diciembre de 2017, el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) comenzó a recabar cifras
sobre el perfil de las víctimas de este crimen en cada estado y logró crear
un historial de los últimos tres años.
En 2015 se registraron 50 víctimas. Un año después,
la cifra creció a 53. Para 2017 ya sumaron 61, y en los primeros cinco meses
de este año, se habían contabilizado 30 casos. En total, estamos hablando de
194 feminicidios registrados de niñas y adolescentes en este periodo. Esto
en números absolutos.
Pero incluso si consideramos el crecimiento de la
población femenina menor de 18 años en el tiempo —según las proyecciones del
Consejo Nacional de Población— la tasa del delito crece de 2.54 casos por
cada millón de niñas y adolescentes en 2015 a 2.70 casos en 2016 y a 3.12 en
2017.
Esto dicen las cifras oficiales, pero es probable que
el fenómeno sea mayor. De
acuerdo con datos de la activista María Salguero —quien lleva un
seguimiento detallado del fenómeno—, la cifra de feminicidios de este año ya
suma 43 casos, contando los ocurridos en la tercera semana de julio.
Estos crímenes, según coinciden especialistas,
ocurren en medio de un caos de marcos legales donde cada estado decide cómo
atender e investigar sus casos. Y a esto, añaden expertos, se suman
instituciones donde aún prevalece una cultura machista y misógina.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim)
evidenció en 2017 que las autoridades judiciales se niegan a trabajar con
perspectiva de género para brindar acceso a la justicia a niñas, niños y
mujeres víctimas de violencia. “La violencia machista que se ejerce desde
las instituciones y por parte de servidores públicos afecta directamente la
dignidad y la integridad e incluso revictimiza a niñas, niños, adolescentes
y mujeres que buscan ejercer su derecho de acceso a la justicia en todo el
país”, indicó Redim
en un mensaje para las autoridades de los tres niveles de gobierno.
La ola feminicida contra niñas en México ha sido tan
preocupante que desde 2015 la ONU pidió a las autoridades mexicanas implementar medidas
concretas para frenar estos casos. El Comité de los Derechos del Niño
expresó su “profunda consternación” acerca de las persistentes actitudes
patriarcales y estereotipos de género que discriminan a las niñas y a las
mujeres, “y que resultan en una extremada violencia contra ellas”. Por ello
llamó al Estado a implementar acciones para erradicar estas actitudes.
También recomendó al país "velar por que se penalice
el feminicidio (asesinato de una mujer por razón de su género) en todos los
códigos penales de los estados, con objetivos que permitan su adecuada
implementación de acuerdo con los estándares internacionales y estandarizar
los protocolos de investigación policial para el feminicidio en todo el
país. El Estado deberá garantizar la aplicación efectiva de las
disposiciones que penalizan el feminicidio en los códigos penales federales
y estatales”, fueron las recomendaciones que hizo la ONU.
No hay acciones para el cambio cultural
Para Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA),
el aumento de feminicidios de niñas y adolescentes se ha dado, entre otras
razones, por la ausencia de un mandato federal que ha provocado que haya
estados donde casi no se destinan recursos para prevenir y castigar estos
delitos, lo que hace que sea más fácil cometerlos.
Además, señala el funcionario federal, las
instituciones locales tienen marcos legales desiguales, es decir, cada
estado investiga de manera distinta el feminicidio. A esto se suma que
algunos casos de violencia de género contra menores son atendidos por las
procuradurías [órganos que se encargan de investigar los delitos de orden
estatal en México] y otros por institutos de mujeres e incluso por el
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
“Las acciones contra la inseguridad pública están
adoleciendo de una perspectiva de género, pero también claramente no estamos
haciendo el trabajo de cambio cultural. México ha avanzado muchísimo en el
cambio legal a favor de la igualdad y ha avanzado en la creación de
instituciones, pero no hay acciones para el cambio cultural. Esto nos deja
en una situación donde la violencia de género no solo no puede disminuir,
sino que aumenta”, agrega Bucio.
El titular del SIPINNA señala que existen más de 3
mil instituciones a nivel nacional para garantizar la seguridad de los
menores, pero en muchas de ellas se minimizan los distintos tipos de
violencias contra los niños, niñas y adolescentes. Ricardo Bucio detalla que
existe un compromiso por parte de gobernadores para mejorar sus
instituciones con el fin de garantizar el bienestar de los menores, sin
embargo, “no todos lo están haciendo”.
A finales de año, añade el secretario, todos los
gobiernos locales tienen que asumir un marco legal contra el castigo
corporal, “que es la puerta de entrada a las violencias expresas, que puede
terminar en el peor de los casos en feminicidio”. Las procuradurías de
atención a niños, niñas y adolescentes, asegura Bucio, ya cuentan con un
mandato legal para tener mecanismos de atención diferenciada y evitar que
casos como el de Ana o Marlene se multipliquen por todo el país.
Ilustración de Adán Vega para mexico.com
El feminicidio de menores se pierde entre cientos
de crímenes mal clasificados
Blanca Estela, una adolescente de 17 años de edad,
fue agredida sexualmente, golpeada y asfixiada el 16 de junio de 2017. Su
cuerpo fue abandonado en el interior de una cisterna en la delegación
Iztacalco, Ciudad de México. El agresor fue detenido mes y medio más tarde,
pero el
caso no fue clasificado como un feminicidio, sino como un homicidio
calificado, pese a que los trabajos periciales confirmaron la violencia de
género.
“Se resolvió un caso de homicidio calificado ocurrido
el pasado 16 de junio (de 2017), en agravio de una adolescente de 17 años,
golpeada un sinnúmero de ocasiones, agredida sexualmente y privada de la
vida por asfixia“, dijo el procurador de Justicia de la Ciudad de México,
Edmundo Garrido, durante
una conferencia de prensa. ”Creo que debe destacarse el profesionalismo
de nuestra policía de investigación y la capacidad que tiene de respuesta”,
presumió.
El caso de Blanca Estela evidencia la falta
de perspectiva de género que existe en las instituciones en México. Ello
tiene una consecuencia más grave aún, que es que el número real de
feminicidios de menores está oculto tras los datos de los delitos
clasificados como “homicidios dolosos”, coinciden en señalar especialistas
consultadas por mexico.com, e incluso lo acepta un funcionario federal.
En este reportaje se había cifrado en 194 los
feminicidios de menores de edad (clasificados como tal) que se cometieron
entre enero de 2015 y mayo de este año, según los datos del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Pero resulta
que a estos casos habría que agregar el de “homicidios dolosos" y tenemos
como resultado que en ese mismo periodo hubo 671 asesinatos de niñas y
adolescentes (0 a 17 años). Es decir, muchos de estos últimos casos bien
podrían ser como el de Blanca Estela.
Y, al igual que sucede en el caso de feminicidios, la
estadística de homicidios dolosos contra menores ha ido creciendo: en 2015
se registraron 193 casos; en el 2016, 170; en el 2017 hay un incremento a
220, y en los cinco primeros meses de este 2018 hay 88 casos. Si hacemos el
cálculo con relación a la población, el delito también ha crecido, pasando
de 9.8 casos por cada millón de mujeres menores de 18 años en 2015, a 11.2
casos en 2017.
El problema de fondo y la consecuencia de esta falta
de clasificación estricta, es que se invisibiliza a las víctimas y las aleja
de acceso a la justicia. Reportar adecuadamente estos casos permite la
implementación de medidas de carácter urgente que pongan freno al contexto
de violencia feminicida, así como penas más severas para los culpables,
acciones de prevención, atención, investigación con criterios metodológicos
y presupuesto necesario, dice la CNDH respecto al tema en un caso de Puebla
ocurrido en 2017.
“Las autoridades no está clasificando los casos”
María de la Luz Estrada, coordinadora del
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), dice que dentro de
la cifra de homicidios puede haber feminicidios que no fueron clasificados
de forma adecuada. Esto lo sabe porque ha estudiado en profundidad los
informes de autoridades federales que se han realizado para generar alertas
de género en algunos estados.
Ella explica que las bases de datos disponibles no
contienen detalles por separado de cada muerte de una menor. Esto ha
dificultado demostrar cuántos feminicidios están dentro de la cifra de
homicidios, y muchos de éstos últimos pueden ser potenciales feminicidios.
“Las autoridades no está clasificando los casos de
niñas como feminicidios. Muchas veces en el imaginario de los operadores de
justicia piensan que solamente se agrede, se discrimina a mujeres adultas y
no ven el feminicidio en niñas. No cabe en la mente de la autoridad y lo
invisibiliza”, opina Luz Estrada.
“Cuando ves que la autoridad oculta datos, puede ser
que esté involucrada, ¿Por qué no podemos saber la verdad? ¿Por qué la
autoridad no investiga? (...) No solamente se trata de discriminación,
machismo, sino que debemos saber si existe corrupción o involucramiento de
autoridades con la delincuencia”, agrega la integrante del OCNF.
El propio Ricardo Bucio Mújica, desde el Sistema
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), lo
acepta: “Sí puede haber (feminicidios que se investiguen como homicidios).
Eso depende de la fiscalía e incluso de la decisión que tome el propio
juzgador, y si no hay claridad de lo que implica la perspectiva de género y
si no hay un marco legal adecuado acerca del feminicidio, esto podría estar
ocurriendo claramente”.
Para la activista Verónica Villalvazo, mejor conocida como Frida
Guerrera, quien ha generado su propia base de datos de feminicidios, existen
más feminicidios infantiles, pero las autoridades no lo reportan por
“corrupción, omisión o falta de preparación”.
En lo que va de 2018, ella ha documentado 46
feminicidios de menores de edad, mientras que la cifra oficial –con corte a
mayo— es de 30 casos reportados. Para Frida, esto manda un mensaje de
impunidad, y con ello “es más fácil" asesinar a una niña: “Hay un mensaje
que mandan: ‘son niñas, no me importan, nadie las va a reclamar’”.
Cultura adultocéntrica
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la
Red por los Derechos de la Infancia en México, coincide en que hay “una alta
probabilidad” de que la visión y cultura machista en el marco jurídico y en
los funcionarios que atienden los casos imposibilite una clasificación
apropiada de estos delitos violentos. El problema puede estar desde cómo las
procuradurías conceptualizan el tipo penal hasta las evidencias que
presentan para sustentar el caso y los elementos que el juez toma en cuenta
al momento de emitir su sentencia.
Con todo, el especialista no puede afirmar que se
trate de una práctica generalizada y particularmente intencional. Para ello,
señala, se tendría que hacer una revisión caso por caso de todos los
homicidios de niñas y adolescentes que no fueron investigados como
feminicidios.
Si la ausencia de un marco con perspectiva de género
ya es un problema al momento de investigar un feminicidio, las niñas y
adolescentes quedan en mayor desventaja cuando además tenemos un sistema
adultocéntrico que normaliza la violencia contra los menores. De acuerdo con
el director ejecutivo de REDIM, el 80% del marco legal mexicano discrimina
los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, esto en un país donde
ocho de cada diez hechos de violencia sexual contra menores de edad son
cometidos por alguien que tiene una relación directa y casi siempre de poder
sobre ellos. Este trato desigual en la legislación –que ve a los niños como
propiedad familiar– contribuye a que haya más casos de feminicidios contra
mujeres menores de 18 años que además no son tipificados como tal.
La duda sobre si México está investigando de forma
correcta los feminicidios ha ido creciendo. Tanto que recientemente la ONU emitió recomendaciones para
que el Estado adopte “medidas urgentes” con el fin de prevenir, investigar y
juzgar adecuadamente las muertes violentas y desapariciones de mujeres.
Entre otras cosas, la ONU recomendó a México unificar los protocolos de
investigación policial sobre el feminicidio y crear bases de datos más
detalladas.
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