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Francia prohíbe las bofetadas a los niños: ¿qué dicen
la ley y los tribunales en España?
A pesar de que en nuestro país la ley suprimió en
2007 el derecho “corregir” físicamente a los menores, los jueces apelan al
deber de educar de los padres para rechazar algunas denuncias
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Tras un largo proceso legislativo, Francia aprueba
hoy una reforma legal (apodada "ley antibofetadas") que prohíbe los castigos
corporales a los niños en el hogar y en la escuela. La norma, que entrará en
vigor en otoño, establece que la autoridad de los padres deberá ejercerse
"sin violencias físicas ni psicológicas". Con este cambio regulatorio, el
país galo se suma tardíamente a la lista de Estados que han abolido
jurídicamente esta práctica, conforme exige la Convención sobre los Derechos
del Niño y la Carta Social Europea.
En España, fue en el año 2007 cuando se desterró del
Código Civil el párrafo del artículo
154 que permitía a los padres corregir "razonable y moderadamente" a los
menores, añadiéndose el inciso de que la patria potestad se debe ejercer con
respeto a la "integridad física y mental" de los hijos. Un derecho a
reprender y corregir a los hijos que justificaba, siempre que se dieran
ciertos requisitos, algunos castigos, como un tortazo, cachete o azote.
Sobre el papel, por tanto, los padres no tienen
reconocido un derecho de corrección sobre los menores, pero, sin embargo, la
jurisprudencia lo sigue invocando para justificar ciertos castigos físicos
como parte del deber de educar a los menores, siempre que no se excedan
algunos límites. Si bien es muy difícil trazar la delgada línea que separa
el derecho a corregir (con una interpretación cada vez más restrictiva) del
delito de lesiones o maltrato en el hogar, los tribunales han ido
estableciendo una serie de criterios.
Así, por ejemplo se tiene en cuenta si el castigo
buscaba o no el interés o bien del menor; si es una reacción a una acción
previa del niño; y si se trata de hecho puntual o, por el contrario, se
produce habitualmente. En ningún caso está amparada la violencia
desproporcionada, que se juzga como delito de lesiones (artículo 153 del Código
Penal), omaltrato
en el ámbito familiar (artículo 173 del Código Penal).
En ocasiones, la justicia ha evitado penalizar la
reacción de los progenitores cuando es una respuesta puntual a un previo
comportamiento violento de los menores. Así, en una sentencia dictada en
2017 por un juzgado de lo Penal de A Coruña absolvió a una madre que había
propinado una bofetada a su hijo de 11 años después de que este se negara a
obedecerla. El magistrado entendió que, en este caso, el comportamiento del
chico al arrojar al suelo un móvil "no solo muestra desprecio hacia la
autoridad materna, sino también hacia el esfuerzo y trabajo que supone ganar
un salario para adquirir bienes”. Para el magistrado, la progenitora no
había abofeteado a su hijo para causarle una lesión, “sino que su intención
era poner fin a una actitud violenta”.
En otra ocasión, la Audiencia Provincial de Córdoba,
en el año 2004, absolvió a una madre que había dado una "palmada en el culo"
a uno de sus hijos por llegar tarde a casa llevando consigo al hermano
pequeño. Para la Sala, “tal actuación es conforme con los usos sociales en
las relaciones de padres e hijos”, y califica la reacción de “adecuada”,
rechazando que se hubiera excedido en el ejercicio del derecho de
corrección.
Hijos desobedientes
Los tribunales también distinguen entre un bofetón
aislado y una educar a base de tortazos. Así, la Audiencia Provincial de
Barcelona consideró en 2009 que dar unos “sopapos” al hijo de 10 años sin
causar lesión alguna no entraba dentro del concepto de maltrato. Los
magistrados consideran que el menor no cumplió las “razonables órdenes del
padre para que estudiase”, y avalan que este actuara en la creencia de que
cumplía su deber de educar y formar. Diferente criterio siguió la Audiencia
Provincial de Pontevedra cuando condenó a una madre a dos meses de cárcel y
la prohibición de aproximarse a su hijo de 10 años durante seis meses por
haberle dado "un par de bofetadas" cuando este se negó a ducharse. Los
magistrados consideraron que el reproche ante una eventual desobediencia del
menor “nunca puede justificar el uso de la violencia que ejerció”. Además,
descartan que la actuación de la condenada estuviera orientada al beneficio
del menor, calificando la conducta como constitutiva de un delito de
maltrato en el ámbito de violencia doméstica.
La Audiencia Provincial de Tarragona, en una
sentencia de 2012, rechazó considerar como comportamiento delictivo las
conductas (una bofetada, un cachete, una zurra, un estirón de pelo) “que se
realizan en un determinado contexto y en una situación aislada y puntual”.
Así, absolvió a un hombre que pegó una bofetada a su hijo de 10 años por no
querer saludar a una amiga del padre, resistiéndose a las posteriores
peticiones del progenitor para que se disculpara por su comportamiento.
Violencia desproporcionada
Una discusión de una madre con su hija menor en la
calle, dándole un golpe con la mano abierta en la nariz y un fuerte tirón en
el brazo izquierdo, fueron suficientes razones para que la Audiencia
Provincial de Castellón condenara a la progenitora a una pena de trabajos en
beneficio de la comunidad y la prohibición de aproximarse a su hija a menos
de 200 metros durante 6 meses. En la sentencia, dictada en 2016, los
magistrados consideraron que la madre superó el deber de corrección que le
correspondía.
Una sentencia de la Audiencia Provincial de
Guadalajara dictada en 2012 rechazó que la conducta de una madre que sometía
a su hija “a constantes insultos y agresiones casi a diario” estuviera
amparado por el derecho a la corrección. Para los magistrados, la finalidad
del derecho de corrección deberá estar siempre orientada al propio interés
del menor, por lo que los castigos físicos, lejos de ser pedagógicos, “solo
sirven para extender y perpetuar conductas violentas”.
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