http://www.eldiario.es/sociedad/ONU-Espana-garantizar-proteccion-Galicia_0_642185996.html
La ONU ya exigió a España una mayor protección para
los menores como el niño asesinado en Galicia
El Comité para la Eliminación de la Discriminación de
la Mujer urgió al Gobierno en 2014 a tomar medidas para que los derechos de
visita "no pongan en peligro la seguridad" de los hijos
El organismo condenó al Estado por no proteger
adecuadamente a la hija de Ángela González, asesinada por su padre en un
régimen de visitas
Las estadísticas oficiales ya reconocen al niño
de Galicia como el quinto menor asesinado por violencia machista en lo que
va de año
Marta Borraz
10/05/2017
El dictamen de la CEDAW
recomendó a España revisar sus mecanismos para garantizar la protección de
los menores / PotironLight - Compfight
más INFO
Cinco cosas que siguen sin funcionar en la protección de los hijos de
víctimas de violencia machista
El Comité de Naciones
Unidas para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW) condenó
en 2014 a España por un caso similar al del menor asesinado este martes a
manos de su padre en el municipio coruñés de Oza-Cesuras. A través de un
dictamen, el organismo concluyó que el Estado no había protegido diligentemente
a la hija de Ángela González, que fue asesinada en un régimen de visitas por su
padre tras alertar del peligro que corría e interponer más de 30 denuncias.
El
asesinato del menor en Galicia también se ha dado en un contexto de
denuncias previas. Una de ellas, de 2008, que culminó con una sentencia
condenatoria por coacciones hacia la mujer y una orden de alejamiento que se
mantuvo hasta 2013, según confirmaron a Europa Press fuentes de la
investigación. Posteriormente ella presentó otra denuncia por amenazas
contra su exmarido, que fue sobreseída por no poder determinar la autoría.
Según fuentes de la investigación llegó a decirle que le haría daño donde
más le dolía.
El
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ya ha incluido en su
base de datos al menor, con el que ascienden a cinco el número de niños y
niñas asesinadas por violencia machista –tanto por sus padres como por
parejas o exparejas de sus madres– desde el inicio de 2017. La Defensora del
Pueblo ha pedido este miércoles en el Senado que se revisen los regímenes de
visitas concedidos a padres maltratadores.
Este es uno
de los puntos que más preocupan a los colectivos que trabajan con mujeres
víctimas y también está relacionado con una de las recomendaciones generales
que la CEDAW hacia a España en su dictamen, en el que se mostraba preocupado
por el número de menores asesinados en regímenes de visitas.
Entre las
advertencias que la ONU hacía a España se encontraba "tomar las medidas
adecuadas y efectivas" para garantizar el principio de no repetición de modo
que el ejercicio de los derechos de custodia y visita "no pongan en peligro
la seguridad de las víctimas, incluidos los hijos".
Además,
añadía que el interés superior del menor y su derecho a ser escuchado "deben
prevalecer en todas las decisiones que se tomen en la materia". Por otro
lado, recomienda al Estado proporcionar formación obligatoria en materia de
violencia de género con el objetivo de acabar con los estereotipos de
género.
El Gobierno no ha indemnizado a Ángela
Desde
entonces, se han producido avances en el marco normativo, como la aprobación
del Estatuto de la Víctima del Delito o la reforma de la Ley de Protección a
la Infancia, ambas de 2015, que reconoce a los hijos e hijas de las mujeres
maltratadas como víctimas directas y obliga a los jueces a pronunciarse
sobre ellos atendiendo a su interés superior.
Sin
embargo, las
expertas denuncian que es necesario poner en marcha la aplicación
práctica de estos avances legislativos para garantizar la protección y
atención a los menores, que aparece lastrada por la falta de recursos
especializados, el déficit en formación, el mantenimiento de las visitas o
la ausencia de protocolos que garanticen la detección precoz en el ámbito
sanitario o educativo.
La recomendación específica que hace la CEDAW a España sobre el caso de
Ángela es que se le repare de manera adecuada y se le otorgue una
indemnización. Sin embargo, el Ministerio de Justicia confirmó
en julio de 2015 su negativa a atender a las advertencias del organismo
justificándose en que el dictamen " no
vincula al Estado español en cuanto a su cumplimiento".
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