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Ningún juzgado estaba
investigando los malos tratos a la niña asesinada en Valladolid
Mientras el juez de
Violencia Sobre la Mujer se encargaba de aclarar la situación de la
progenitora, el presunto delito sobre la niña no recayó en ningún
juzgado
El atestado policial
volvió al juzgado de guardia, cuando se archivó la investigación por
violencia de género, y se remitió al Decanato para que lo repartiese
La Fiscalía de Menores, al conocer el atestado puso el caso en manos de
la Gerencia de Servicios Sociales, que lo recibió el día 21 de julio
pero que no habló con la madre hasta el 26
Laura Cornejo
05/08/2017

Concentración por la niña muerta por maltrato en Valladolid EFE
Ningún juzgado
estaba investigando los malos tratos que sufría la pequeña de cuatro años
que murió
el pasado jueves en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid después
de sufrir una agresión sexual y una paliza y que fueron denunciados 22 días
antes. La niña ingresó prácticamente muerta y horas después tanto su
madre como su nueva pareja fueron detenidos como presuntos responsables de
los hechos. Del caso se hizo cargo el juzgado de Instrucción número 6, que
estaba de guardia. Si otro juzgado estuviese trabajando en la causa, el
juzgado de guardia se habría tenido que inhibir casi de inmediato, pero no
fue así. El atestado policial instruido el día 12 de julio, estaba perdido,
según indicaron fuentes judiciales a eldiario.es.
El protocolo por
malos tratos contra la menor se había activado el 11 de julio, cuando un
pediatra que la examinaba por morderse los labios hasta sangrar, detectó
falta de higiene y hematomas compatibles con una agresión. Sin embargo,
cuando la madre prestó declaración ante la Policía, explicó que su hija era
muy movida y que solía pelearse con su hermana de 12 años. Además de eso, se
presentó a sí misma como una víctima de violencia de género al relatar a los
agentes que su expareja y padre de la pequeña, la maltrataba
psicológicamente.
El atestado
policial, con los supuestos malos tratos que sospechaba el pediatra pero con
la parte en la que la madre decía ser una víctima destacada en negrita,
llegó hasta el juez de Violencia Sobre la Mujer. Cuando declaró el día 15,
el titular del juzgado no tuvo más remedio que archivar, porque la mujer
reconoció que su ex ni la había insultado, ni la había amenazado,
simplemente discutían mucho. El hombre la había dejado poco antes para irse
a trabajar fuera de España.
Pero eso ya
produjo un retraso muy importante: el caso de maltrato infantil pasó a un
segundo plano. Se había priorizado un posible caso de violencia de género
que no era tal. Con la denuncia de la mujer archivada, el atestado volvió de
nuevo al juzgado de guardia, que lo remitió al Decanato para el turno de
reparto.
La Fiscalía de
Menores, a la que también llegó el atestado con el posible caso de maltrato
infantil pero que se había tramitado como un caso de violencia de género
puso el caso en manos de la Gerencia de Servicios Sociales el día 19, una
notificación que se hace siempre en casos que afectan a menores. La Gerencia
lo recibió el 21, pero lo retrasó tres días más por ser viernes, y acabó por
entrevistar a la madre el día 26. Tras acordar una segunda cita en el
domicilio porque algo no cuadraba, la mujer la anuló. Este paso debería
haber encendido más alarmas: una cita de los servicios sociales tiene la
misma importancia que una citación judicial. La cita alternativa también
falló. Al día siguiente la niña agonizaba en un hospital.
Fuentes
judiciales explican que la Policía tuvo varias opciones, la primera realizar
dos atestados, uno sobre los malos tratos a la niña y otro sobre el supuesto
maltrato psicológico que sufrió la madre. Además, al no recibir ninguna
diligencia judicial sobe el caso que afectaba a la menor, pudo contactar con
el juzgado o el fiscal de guardia, de lo que no existe constancia.
La madre de la
niña, militar de profesión, ingresó ayer en el Centro de Penitenciario de
Valladolid, en el módulo de mujeres. Lo mismo ocurrió con su pareja,
exmilitar de profesión, que se encuentra en el módulo 2. Ni en su
declaración policial ni en la judicial habló nunca de él. Irrumpió en el
caso cuando llamó a los servicios de emergencia diciendo que la niña estaba
“muy mal”.
La juez del caso
ordenó el registro del domicilio familiar, si bien al estar el caso bajo
secreto de sumario no ha trascendido si se hallaron pruebas de relevancia.
Fuentes de la investigación comentaron a este diario que el estado del
cuerpo de la pequeña impresionó tanto a los médicos que la trataron, como a
los propios funcionarios judiciales.
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