Patricia Fernández mantiene grabados tres
momentos de sus siete primeros años de vida. El paso del tiempo no ha
logrado despojar a su memoria de los golpes y los insultos que su madre
soportaba de manos de su progenitor biológico. Se niega a llamarle padre
–"eso es otra cosa", afirma–. Tampoco olvida una fecha. El 20 de febrero
de 2005 una denuncia y una orden de alejamiento les condujo a ella y a
su hermano Jesús, que tenía cuatro años, a lo que ahora define como "un
infierno".
Entonces comenzaron los psicólogos y las visitas
obligadas, un laberinto judicial del que no encontraban la salida.
"Recuerdo que siempre me preocupaba lo que le pudiera
pasar a mi madre cuando salía de casa y resulta que el peligro lo
teníamos dentro", sentencia sobre la situación de violencia que vivió. El
maltratador fue condenado y el juez le dio la custodia a su madre
imponiendo visitas con él un día a la semana en un punto de encuentro
con supervisión.
"Cuando se separaron pensé que el peligro había
desaparecido, pero lo único que había hecho era irse de casa". Porque lo
que no hizo la justicia fue escuchar a Patricia y a Jesús: "No queríamos
ir a las visitas, era horrible, la policía nos llevaba a rastras",
afirma la joven, que hace unos meses cumplió 18 años. Al llegar al punto
de encuentro siempre se negaba a bajar del coche, afirma, pero "me
obligaban a verle".
La situación empeoró cuando comenzaron los
ataques de ansiedad. "Sentía muchísima desesperación, le teníamos miedo,
era alguien agresivo con quien no queríamos estar. Nunca hubo una
muestra de cariño por su parte", apunta Patricia, que recuerda "las
veces en las que tenía que venir la ambulancia e incluso los mismos
médicos decían que no podía salir de casa". Esta futura estudiante de
periodismo ha decidido contar su historia, y lo ha hecho publicando el
libro Ya no tengo miedo, para, dice, dar voz a los
que no la tienen.
Son las víctimas más invisibles de la violencia
machista, los hijos de las mujeres maltratadas, que no cuentan en las
estadísticas oficiales
y que son desde hace un año reconocidos por ley como víctimas directas
de la violencia de género. Pero cuando se les pregunta a ellas, a
sus madres, sí hablan. Seis de cada diez mujeres que sufren violencia
machista declara que sus hijos o hijas la han presenciado y, de ellas,
un 64% asegura que también la ha sufrido, según la
Macroencuesta de 2015.
"Daba igual lo que yo dijera"
A Patricia y a Jesús nunca les pegó, pero "un día
se cabreó tanto mientras íbamos en el coche que empezó a dar golpes en
el volante y a decir que nos iba a estrellar, que ahí íbamos a morir
todos". Sin embargo, el malestar y la negativa de los hermanos a ver a
su progenitor fue interpretada por los psicólogos y educadores sociales
del punto de encuentro como evidencia de una supuesta manipulación a la
que estaban siendo sometidos por parte de su madre.
Así lo especifica una sentencia del Juzgado de
Instrucción Nº1 de Collado Villalba (Madrid), emitida a principios de
junio de 2008, en la que la jueza corrobora que "ambos niños presentan
una actitud de rechazo hacia su padre", del que no reconoce "ni el más
mínimo indicio ni motivo alguno para dudar de sus valores como padre".
Por eso, tras calificar el rechazo de "injustificado", asegura que
"tiene su origen en una influencia obstaculizadora por parte materna".
"Daba igual lo que yo dijera, la justicia nunca
nos escuchó y no solo no nos protegió, sino que nos lanzó a los brazos
del maltratador", sentencia Patricia, que recuerda cómo llegaron a
prohibir a su madre llevar a los menores al punto de encuentro por la
supuesta manipulación que ejercía. "Nos empezó a llevar mi abuela, a la
que tuvieron que operar de la pierna de agarrarnos tan fuerte a ella
para no ir con él".
Sin contacto con la madre ni su entorno
"Acusaban a mi madre de que no nos llevaba al
punto de encuentro cuando solía ser porque me había dado un ataque de
ansiedad que no podía moverme", cuenta la joven. Como resultado, la
jueza obligó a los menores a pasar ese verano con el maltratador de su
madre y les prohibió "tener contacto con la madre o el entorno
familiar".
Patricia le puso nombre a lo que había ocurrido
con el paso de los años. "A mi madre le habían aplicado el llamado
Síndrome de Alienación Parental (SAP)", señala. Esta supuesta patología,
calificada de "teoría pseudo-científica" por el Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ), fue ideada por Richard Gardner en 1985. Según
este médico, el SAP se da cuando un progenitor – la
mayoría de las veces la madre– aliena a sus hijos contra el otro en el
contexto de la disputa por su custodia.
Gardner, que fue acusado de fundamentarse en su
experiencia –se encontraba en el litigio por la custodia de sus hijos– y
no en pruebas científicas, concibió un supuesto tratamiento basado en lo
que llamó la "terapia de la amenaza", que implica el cambio de custodia
o restringir el contacto entre el supuesto progenitor manipulador y los
menores, como hizo el juez con la madre de Patricia y Jesús. A pesar de
que el CGPJ ha invalidado el uso del SAP,
sigue habiendo sentencias que lo utilizan explícitamente para privar
de custodias.
Aumentan las medidas de protección
"Tuvo que estar sometida a terapia en la que le
decían que cuando nos viera tenía que decirnos que ellos se llevaban
bien", apunta la joven. Pasado el verano ambos menores regresaron con su
madre y les obligaron de nuevo a las visitas, un fin de semana cada 15
días hasta noviembre de 2013. Aquel día encontró una foto en casa de su
progenitor en la que "él había escrito la fecha de su última paliza, el
20 de febrero, junto a la frase 'te lo mereces'".
"Llamé a la policía y les expliqué que nosotros
no queríamos estar con él, pero que nos habían obligado durante años".
Esa fue la última vez que le vieron. El relato de Patricia y otras
tantas como ella ha servido a las expertas que trabajan con hijos e
hijas de mujeres maltratadas para denunciar su situación. Reivindican
que no se permitan largas visitas con los maltratadores e incluso que se
suspendan los régimenes de visitas.
Algo que parece estar aplicando poco a poco la
justicia. Los últimos datos oficiales indican que
las medidas de protección a los menores han aumentado. De hecho, en
el primer trimestre de 2016 la guardia y custodia se suspendió en 515
ocasiones frente a las 311 de 2015. El alza alcanzó, en el caso de la
patria potestad, un 280% al pasar de suspenderla diez veces de enero a
marzo del pasado año a 38 durante los tres primeros meses de este.