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El Colegio de Periodistas de Galicia denuncia los "abusos" de algunos medios en el crimen de Asunta
El colectivo profesional reclama la aprobación de una Ley de Garantías del Derecho a la Información y la puesta en marcha de mecanismos independientes capaces de defender a la ciudadanía de las prácticas periodísticas contrarias a la ética y a la deontología profesional.
01/10/2013
Algunas de las portadas publicadas en los últimos días
En los últimos nueve días el asesinato de
Asunta Basterra, de doce años, ha dominado las portadas de la
prensa y de los informativos de la televisión, y también ha
ocupado muchas horas en otro tipo de programas. La cobertura
ofrecida por muchos de ellos ha sido criticada desde un inicio
por una parte importante de los lectores, bien por el peso de
especulaciones y bulos, rumores y datos sin contrastar, bien por
el tratamiento gráfico escogido, tanto para la menor fallecida
como para sus padres, en prisión desde el viernes, o también por
la gran cantidad de conjeturas y juicios paralelos desarrollados
tanto por periodistas, opinadores y supuestos expertos. El
Colegio de Periodistas de Galicia, a través de su decano,
Xosé Manuel Pereiro, acaba de proponer
la aprobación de una ley que "ponga fin a abusos como los que se
están cometiendo en el caso de la niña asesinada en Santiago".
Pereiro denuncia, en un reportaje publicado por infoLibre la
"impotencia" de las organizaciones profesionales a la hora de
poner freno a esta situación y recuerda la necesidad de aprobar
una
Ley Orgánica de Garantías del Derecho a la Información de la
Ciudadanía (LOGDIC), propuesta hace ya años por los colegios
profesionales y los sindicatos que forman parte del
Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP). En esta norma
se reclaman mecanismos capaces de defender a los ciudadanos de
las prácticas periodísticas contrarias a la ética y deontología
profesional. La LOGDIC, de la que existe hasta un borrador
articulado, propone entre otras cosas la creación de un Consejo
Corregulador de Periodismo que se ocupe de hacer cumplir, a
periodistas y medios, el código deontológico de la profesión,
aprobado por la Federación Internacional de Periodistas. La
propuesta de las organizaciones profesionales es que este
consejo sea independiente del Gobierno y esté integrado por
representantes de los periodistas, de las empresas de
comunicación, del Poder Judicial, de la universidad y de las
asociaciones de consumidores.
Desde el Colegio se recuerda que "las empresas de comunicación
siempre se han opuesto a este escenario" y que "como mucho
defienden la autorregulación, un modelo que les asegura seguir
siendo juez y parte, porque deja bajo su control decidir qué
contenidos cumplen los mínimos éticos exigibles al derecho a la
información y cuáles no". También destacan que "la necesidad de
organismos independientes es una recomendación oficial del Grupo
de Alto Nivel de la UE sobre Pluralismo y Libertad de los
Medios" y que en el Reino Unido conservadores, laboristas y
liberales se pusieron de acuerdo el pasado mes de marzo para
crear una autoridad independiente con capacidad para sancionar a
los medios de comunicación que falten a la ética. Sin embargo,
añaden, ni el anterior gobierno socialista ni la actual mayoría
absoluta popular permitieron la apobación de un organismo
independiente del poder político semejante.
En Catalunya y Andalucía funcionan desde hace años consejos de
regulación del audiovisual que, dado que radios y televisiones
dependen de una licencia concedida por el Estado y deben
respetar unas determinadas condiciones por las que recibieron su
licencia de emisión, se encarga de velar por el cumplimiento de
unas mínimas reglas éticas y deontológicas. De hecho, el Consell
Audiovisual de Catalunya (CAC) anunció el pasado viernes que va
a analizar el comportamiento de los medios de comunicación
catalanes en el caso de la niña asesinada en Santiago. Xosé
Manuel Pereiro concluye que "hay que establecer reglas claras
para los periodistas y los ciudadanos".
Incumplimientos de la deontología profesional
El
Código Deontológico del Periodismo Gallego, aprobado por el
Colegio Profesional de Periodistas de Galicia en 2008, recoge
una docena de mandatos o recomendaciones muy escuetas, y que
mutatis mutandis coinciden con
disposiciones semejantes aprobadas por otras organizaciones
profesionales en todo el mundo. El primer criterio afirma que
"el primer deber del/la periodista es la búsqueda de la verdad y
su esencia es la disciplina de la verificación" y llama a evitar
"la difusión de suposiciones y rumores". También recomienda
"difundir únicamente informaciones fundamentadas, evitando en
cualquier caso afirmaciones o datos imprecisos y sin base de
sobra, que puedan lesionar o menospreciar la dignidad de las
personas". Igualmente se pide "observar escrupulosamente el
principio de presunción de inocencia en las informaciones y
opiniones relativas la causas o procedimientos penales en
curso".
El Colegio también aprobó otros documentos y recomendaciones
específicas referidas, por ejemplo, a la cobertura de la
información judicial, que también se deberían observar en el
caso de Asunta. La
Guía para el tratamiento de los
procesos judiciales fue aprobada el pasado año por el
Consejo Audiovisual de Andalucía a través de un protocolo de
colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y
el Colegio de Periodistas de la comunidad. Este texto señala
algunos de los problemas generados por ciertas coberturas de
procesos judiciales, que incurren en la "vulneración del derecho
a la presunción de inocencia, la celebración de juicios
paralelos o la violación del derecho al honor y la intimidad de
los menores".
El texto también señala que "toda información relativa a asuntos
judiciales debe estar contrastada y presidida, siempre, por el
principio de presunción de inocencia que ampara a la persona
imputada y acusada, garantizándole ser tratada como inocente
hasta que en él se dicte una sentencia de condena" y que "los
medios de comunicación deben rectificar inmediatamente cualquier
información errónea". Otra de las recomendaciones de esta guía
señala que "los medios de comunicación no deben incentivar
juicios paralelos usurpando la función de los tribunales", pues
"la justicia no emana de los medios de comunicación".
En el caso de Asunta entran en juego, además, otros factores, al
tratarse la víctima de una menor de edad. El Colegio de
Periodistas aprobó en 2007 otras recomendaciones relativas a la
cobertura de informaciones que tengan a niños y adolescentes
como protagonistas. Ese año un menor le dio a otro una fuerte
paliza en el muelle de la parroquia de Escarabote (Boiro). La
paliza fue grabada en vídeo con un móvil y fue difundida por
medios de comunicación de toda España. Como consecuencia, el
Colegio elaboró un
decálogo de actuación para este tipo de informaciones con
menores. En esta declaración se defiende la "protección del
menor, preservación de su imagen y derecho a la intimidad, a la
dignidad y al anonimato de todas las personas implicadas" y
también se llama a "evitar el sensacionalismo, la intromisión en
los sentimientos y las especulaciones sobre estos".
En este texto se subraya que "los medios de comunicación habían
debido huir del sensacionalismo predominante, sobre todo en los
titulares, que en muchas ocasiones no es más del que una
exageración de la realidad, que añade más emotividad y empatía
que información relevante". Y se destaca que los medios gallegos
"caen con demasiada frecuencia en la descripción de datos
excesiva y detallada que no representa más que la parte
escabrosa e impactante de la noticia". También se critica que en
algunas ocasiones se busca "orientar las declaraciones y
afirmaciones de los testigos a cara descubierta a conseguir la
información que dé más juego y fomente el sensacionalismo y el
amarillismo".
El Colegio también recomienda "no alargar las informaciones de
modo inncesario", siguiendo esquemas propios de los
reality shows o de los programas
del corazón. El texto explica que "cuando la información que ha
generado la noticia deja de ser importante o interesante porque
caduca, los datos poco relevantes y que no añaden ningún tipo de
valor se convierten en el eje de la noticia, para lo cual es
necesario, en la mayoría de las ocasiones, exagerar o calificar
estos aspectos para darles una apariencia externa atractiva que
llame la atención de la audiencia". De igual manera se pide "no
implicar a terceros", pues los medios "suelen utilizar las voces
no autorizadas de vecinos y conocidos para darle una mayor carga
de veracidad a las información y a las testigos".
Reacciones y reflexiones sobre el papel de los periodistas
Las críticas a la cobertura del caso
realizada por la mayor parte de los medios llegaron en los
últimos días por vías diversas, internas y externas a la
profesión.
Este lunes los medios se hacían eco del anuncio realizado a
través de las redes sociales por Carme Hermida, profesora en
la Facultad de Periodismo de la USC y concejal en Teo, donde
apareció el cadáver, de no seguir impartiendo clases en ese
centro, "después de ver estos días la información que hacen -o
los obligan a hacer- los periodistas salidos de esta facultad".
Añadía que "personal y profesionalmente no tengo fuerzas para
invertirlas en la formación de personas que sabes seguro que se
van a convertir en seres morbosos, manipuladores, mentirosos,
despreciativos, pagados de sí mismos e irreflexivos".
El viernes pasado Luis Villamor publicaba en El Diario una
reflexión titulada
Noticias y cuentos sobre la muerte de una niña. En el texto,
el periodista señala que en este caso "todas las alarmas sobre
periodismo serio saltaron por los aires", con "datos escasos" y
"especulación volcánica". Añade que "a la noticia de la
aparición del cadáver de Asunta le siguieron una serie de
titulares tan atractivos como contradictorios, sin que medie, de
un día para otro, explicación ninguna al público y mucho menos
fe de errores". Y concluye que "no es lícito suscribir que la
realidad no te estropee una buena crónica".