Son 800 pesos (algo más de 50
euros), que no pueden cambiarle la vida a nadie, pero que en Argentina
han resultado casi una revolución. La Asignación Universal por Hijo
–el ingreso que reciben los menores con padres desempleados o con
empleos informales o muy precarios– es uno de los hitos del gobierno
de Cristina Kirchner y una medida que, en plena puja electoral, no es
cuestionada por ningún partido político. Hasta el liberal Mauricio
Macri (al que las encuestas dan por ganador en la segunda vuelta del
22 de noviembre) la ha respaldado y ha prometido su ampliación.
No es la primera medida que se
ensaya en América Latina para apuntalar los ingresos de los más
pobres. México lleva años con Progresa-Oportunidades y Brasil con
Bolsa Família. Pero la AUH argentina, creada en 2009, tiene
características excepcionales que le han valido reconocimiento
internacional: más que una simple transferencia de capital, supone una
ampliación de derechos.
"La diferencia con lo que se
hace en otros países es que aquí se cambió la concepción restringida
de la seguridad social en la niñez. En Argentina los hijos de padres
trabajadores ya tenían sus beneficios (asignaciones familiares o
desgravaciones fiscales), así que lo que se hizo fue ampliar esa
cobertura a aquellos que vivían en familias con empleos informales o
precarios". No se puede discriminar a los menores por la situación
laboral de los padres", explica Roxana Mazzola, especialista en
desigualdad y autora del libro Nuevo
paradigma. La Asignación Universal por Hijo, que ya va por su
tercera edición.
La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.
Este cambio no es menor en un
país en el que la mitad del trabajo en 2002 no estaba en negro (ahora
la tasa de empleo informal ronda el 34%). El programa ha sido
destacado por Unicef y hasta por el Banco Mundial, que coloca a
Argentina entre los países con "mayor performance" por destinar más de
50% de las transferencias al quintil más pobre de la sociedad, gracias
sobre todo a la AUH y a los comedores escolares.
¿Renta básica ciudadana o asignación infantil?
Esa integración bajo el
paraguas de la seguridad social y no como un plan de asistencia fue de
algún modo revolucionaria pero no inesperada. Argentina llevaba tiempo
inmersa en el debate que también se plantea en España de garantizar o
no –y en todo caso, de qué manera– una renta básica o ciudadana que
amortigüe los efectos de la crisis en los sectores más vulnerables.
"Aquí la discusión sobre la
renta básica y los posibles efectos económicos adversos de la
universalidad se zanjó poniendo el foco en la infancia. Tomando la
carta de Derechos del Niño y haciendo un uso efectivo y no retórico de
ella", sostiene Mazzola. Porque el de los menores es el segmento más
afectado por la desigualdad. Mucho más en en una región,
Latinoamérica, que tiene el triste privilegio de ser la más desigual
del planeta.
En 1997 el 35% de los niños
tenía cobertura de la seguridad social. Hoy es más del 80% de los 12
millones de menores de 18 años de Argentina. La AUH atiende a unos 3,5
millones de menores y embarazadas. De acuerdo con la evaluación
realizada por la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social,
la AUH representa el 24,5% de la totalidad de los ingresos de los
hogares receptores y el 36% en las familias más pobres.
"Es un complemento que hay que
establecer mientras no se crean nuevos empleos. No garantiza salir de
la pobreza, sino que los pobres no estén tan mal", opina Agustín
Salvia, responsable del Observatorio de la Deuda Social de la
Universidad Católica Argentina (UCA), criticado por el gobierno por
destacar en sus informes un alto porcentaje de pobreza: el 28% de la
población, según el último de ellos.
Para Salvia, "los programas no
resuelven el problema de las personas en situación de pobreza. Eso se
resuelve con mejores trabajos y mejores condiciones de socialización y
de hábitat. Con políticas más integrales de desarrollo", defiende.
Pero reconoce el peso de estas medidas: "Hoy tenemos 10 millones de
pobres, y sin las ayudas habría dos millones más. Y de los dos
millones de indigentes actuales pasaríamos a cuatro", señala.
"Muy difícil de erradicar"
Ese dinero de la AUH se usa
principalmente para comprar alimentos, ropa, calzado, material escolar
y también material de construcción para mejorar las viviendas. "Los
prejuicios que se extendieron al principio y que todavía algunos
repiten, como que los beneficiarios son unos vagos y que la plata se
va en juego y drogas, quedan más que desmentidos en las evaluaciones
de impacto de la AUH", sostiene Mazzola, que menciona otro de los
supuestos con los que la medida fue atacada en un primer momento:
"tampoco desincentiva el empleo, porque precisamente es un
complemento", defiende la especialista.
Salvia plantea más dudas,
porque explica que el magro salario de un empleo de baja cualificación
muchas veces no consigue igualar la suma de las asignaciones con los
ingresos de la economía informal. "El problema es que Argentina no
está creando empleo y eso hace a estas medidas muy difíciles de
erradicar", asegura.
Con todo, los estudios
–incluido el de la UCA– muestran que a partir de la AUH hay un
descenso del trabajo infantil y de labores femeninas en condiciones de
explotación. Otro efecto positivo es el del aumento de los controles
sanitarios y de la permanencia en la escuela. Es que los beneficiarios
de la AUH reciben un 20% del total de la asignación a finales de año,
cuando presentan la constancia de que los niños están recibiendo los
cuidados de salud necesarios (incluida la vacunación) y de que
concurren a clase.
Para Mazzola el desafío
consiste en generar condiciones para la inserción laboral de la mujer
y una red de cuidados (guarderías, centros de día para ancianos) que
mejore la empleabilidad de las mujeres y así ampliar el porcentaje de
cotizantes. "Pero sobre todo es una inversión a largo plazo, en
materia educativa y social, para que quienes hoy son beneficiarios de
la AUH tengan mejor formación y más oportunidades en el futuro". La
cuestión es si un gobierno de corte más liberal tendría entre sus
prioridades mantener esta apuesta en una época de vacas flacas como la
que se prevé en la región en los próximos años.
"La AUH no es una
medida cara, supone un 0,8% del PIB", tercia Salvia. Se calcula que el
estado invierte al año unos 28.000 millones de pesos (1.750 millones
de euros aproximadamente). En todo caso, Salvia no cree que todos los
partidos sean "necesariamente partidarios ideológicamente de la
medida, sino que han adherido a ella porque es necesario", remacha. En
todo caso, sino por convicción por simple pragmatismo, es poco
probable que un gobierno de la alianza opositora Cambiemos elimine la
AUH. "En un panorama económico de ciertos ajustes, quitarla produciría
un shock muy fuerte. Las familias no
tendrían con qué reemplazar ese ingreso y se multiplicaría la protesta
social".