La Defensora del Pueblo pide que los menores en riesgo
puedan comer en la escuela en verano
La Defensora del Pueblo,
Soledad Becerril, ha dirigido una recomendación a las consejerías de Presidencia
de todas las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, para
que los comedores escolares atiendan este verano a los menores en situación de
mayor vulnerabilidad.
El objetivo es asegurar que
aquellos en situación de riesgo de exclusión, que durante el periodo escolar
asisten a esos comedores, no se vean privados de una alimentación adecuada
cuando termine el curso. Organizaciones como Save the Children y Ayuda en Acción
han advertido del número creciente de niños cuya única comida completa y
equilibrada del día es la facilitada en el colegio.
Desde la Institución, la
Defensora teme que, durante el período de vacaciones escolares, el cierre de los
comedores pueda agravar las situaciones de precariedad.
El riesgo de
pobreza y exclusión social ya alcanza a 2,8 millones de niños, el 33,8%
de la población menor de edad en nuestro país, según datos de Eurostat. Las
cifras de aquellos por debajo del umbral de la pobreza también son alarmantes:
2.500.329 menores españoles, el 29,9% del total.
Además, España es el segundo
país de la Unión Europea, sólo por detrás de Grecia, donde menos eficaces están
siendo las políticas sociales para combatir la pobreza infantil,
alertaba Save the Children el pasado abril. Mientras que en España, el
porcentaje de niños que viven bajo el umbral de la pobreza solo se redujo en 6,9
puntos (de un 36,8% a 29,9%) una vez recibidas las prestaciones sociales,
Irlanda redujo el alcance del drama en 32 puntos, pasando de un 49,1% a 17,1%.
Entre las transferencias
sociales se incluyen las prestaciones por desempleo, el acceso a vivienda
social, al permiso parental, a la sanidad y educación, deducciones fiscales, y
un salario mínimo.
La Institución considera que
garantizar esa adecuada alimentación infantil debe ser una prioridad para todos
los poderes públicos y en ese esfuerzo deben comprometerse el conjunto de las
administraciones públicas. En 2013, varias Comunidades Autónomas, como
Andalucía, Extremadura y Canarias, mantuvieron abierto este servicio.
