De izquierda a derecha,
los vecinos del bloque de la calle Angostas de los Mancebos 2:
Carmen, Piedad, Jesús, José Antonio, Maribel, Antonio, Michael,
Roberto, María del Carmen, María Teresa y Aurora. Víctor
Saínz
Manuel Viejo /
Madrid 17 de octubre 2019
Hace dos semanas sonó el timbre de más de 200
hogares repartidos en 14 inmuebles en el centro de Madrid. Un
joven trabajador de una empresa de paquetería se presentó con un
burofax. “Vino un señor y me dio una carta sin más
explicaciones”, cuenta María del Carmen Martínez, de 92 años, en
el salón de su casa de la calle Angosta de los Mancebos 2, de La
Latina. “Mi hija me explicó que igual nos echan de casa. ¡Y yo
pensé que era propaganda!”. Lo mismo le contaron al cocinero
Luis Fernández sobre su local de la calle Santa Teresa 9: “No
entiendo qué está pasando”. Es el primer paso: los 14 bloques de
viviendas pertenecían a Fusara, una
fundación tutelada por la Iglesia que contaba con estos
inmuebles en propiedad gracias a la herencia de dos familias
adineradas. Hasta ahora. El 30 de julio se vendieron todos, pero
Fusara no explica los detalles de la operación, la cuantía de la
venta y tampoco confirma si el dinero irá en parte para crear un
gran proyecto de educación concertada en Madrid.
Michael
y Roberto, de 47 y 38 años, son un matrimonio holandés. “Nos
dijeron que se iba a prorrogar cada año y que nunca se iba a
vender”. Ellos invirtieron más de 4000 euros en la casa para
instalar la calefacción con el permiso de Fusara. Víctor
Sainz
Lo que parece claro es el negro futuro que les
espera a los inquilinos. “Vine a esta casa con un año y ahora no
nos quieren dejar morir a gusto”, dice la vecina María Teresa
Alonso, de 79 años. Los receptores del burofax son inquilinos
con contratos de alquiler en vigor: unos tienen rentas antiguas
y otros, en su mayoría, por debajo del precio de mercado. Con
sus mensualidades se mantenían los centros educativos con los
que aún cuenta la fundación Fusara. Ahora los vecinos de los 14
bloques se están organizando. Su intención es denunciar a Fusara
porque siempre les aseguró que sus casas no serían vendidas.
El patronato que gestiona Fusara lo forman
seis miembros: el Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro; el
alcalde, José
Luis Martínez-Almeida; la delegada del Gobierno, Paz García
Vera; el decano del Tribunal de la Rota, Carlos Manuel Morán, y
dos sacerdotes de la capital. La liquidación y venta de los 14
inmuebles se aprobó el 30 de julio. Los vecinos se preguntan
ahora quién es el nuevo propietario y qué va a pasar con sus
contratos.
“Se mantendrán todos los contratos que están
en vigor”, cuenta Manuel Fernández Clemente, secretario de la
Fundación Fusara, que se declara como “abogado urbanista”. ¿Y
los que caducan el mes que viene? “Eso ya no lo puedo
controlar”. Fernández ha firmado un contrato de confidencialidad
que le obliga a guardar silencio sobre el precio y el comprador
de los 14 inmuebles. “Existía una problemática muy seria con el
estado de los inmuebles. No contábamos con fondos y se realizó
un estudio en el mes de mayo con un proyecto de transformación”.
Hoy la mayoría de los pisos se encuentran en perfecto estado.
Más de 40 vecinos cuentan que, cuando entraron a vivir,
realizaron inversiones de miles de euros (otros de pesetas) para
reformar sus viviendas con el visto bueno de Fusara.
Fusara es la Fundación civil de Santamarca y
de San Ramón y San Antonio. Su objeto es “educar a menores de
edad carentes de medios económicos con enseñanza católica”. Es
la fusión de dos fundaciones en 2008 que contaban con numerosos
inmuebles, de cuya administración proveían fondos para
orfanatos, colegios concertados y residencias. Su patrimonio
entonces estaba valorado en 70 millones de euros.
“Esto es una fundación civil aunque esté el
Arzobispo”, cuenta un portavoz del Arzobispado. Sin embargo, en
el patronato también están dos párrocos: Pedro Pablo Dones, de
la iglesia de Nuestra Señora de Madrid, y José Andrés Silva, de
la parroquia de San Juan de Ribera. Fuentes del Ayuntamiento
afirman que no tienen constancia de esta operación. La delegada
del Gobierno no estuvo presente el día que se aprobó la venta y
tampoco delegó su voto, según fuentes de la Delegación.
A
Piedad Martínez, de 46 años, le caduca el contrato de alquiler
en el mes de febrero. Víctor
Sainz
“La venta del patrimonio se empezó a gestar en
mayo y se dijo que fuera al mejor postor", cuenta uno de los
miembros del patronato que prefiere mantenerse en el anonimato.
“Se dijo que había un banco interesado. Nos reuníamos cada seis
meses para observar que todo estuviera correcto. Quien tomaba
las decisiones era David López Royo”. David López es abogado y
representante del Arzobispo de Madrid en el patronato. Este
periódico se ha puesto en contacto varias veces con su entorno
sin éxito. El cardenal Carlos Osoro le nombra Delegado Episcopal
de Fundaciones —que engloba a un total de 64— en marzo de 2016. “La
sociedad nos está exigiendo transparencia”, dijo en una
entrevista para Alfa y Omega en 2017.
El 25 de septiembre llegó otro burofax a la
casa de la vecina Carmen Martínez: “Venimos a informarles de que
el pasado 30 de julio se formalizó la escritura pública de
compraventa a favor de Alprozan Premium S.L del inmueble/local
arrendada por usted”. La misma carta se envió a los vecinos de
los otros 13 inmuebles que poseía Fusara: Fuencarral 113, Olivar
5, Castillo 4, Fúcar 13… Con una diferencia: el nombre de la
empresa. Cada bloque de pisos ha sido adquirido por una sociedad
limitada distinta: Neoxata Trade S.L, Prozarmo Partners S.L,
Pirosca Market S.L... Estos nombres, más propios de marcas de
medicamentos que de empresas, son los nuevos propietarios. O
dicho de otra manera: sus nuevos caseros.
Pero, ¿quién está detrás? Las 14 empresas que
compraron los 14 inmuebles de Fusara se crearon entre el 2 de
abril y el 13 de junio de este año con un capital de 3.010 euros
cada una. Todas tenían en principio la misma administradora:
María Elena García Pastrana, que vive en Badalona y que cuenta
con 1.012 empresas vinculadas a su nombre por toda España, según
el registro mercantil. Sin embargo, las 14 sociedades cambiaron
de administrador días más tarde. La propietaria de este armazón
empresarial de 14 empresas es otra sociedad limitada: Tapiamar
Partners S.L.. El nuevo propietario del entramado es Roberto de
Juan González, según el Registro Mercantil. De Juan cuenta con
31 sociedades situadas en un domicilio social cercano al
opulento Paseo de La Habana. “Mi intención es que los vecinos
estén tranquilos. Cosa diferente es que la gente que esté
viviendo ahí considerara que, como esto era de la Iglesia,
tendría una casa de por vida. Cuanto antes sepa la gente que los
Reyes Magos son los padres, mejor”.
—¿Por qué se crearon las 14 sociedades?
— Yo no rindo cuentas a nadie.
—¿Representa a un fondo buitre?
— La gente habla por hablar.
—¿Tiene algún proyecto?
— No acostumbro a dar explicaciones a nadie. Y
menos, a la prensa.
—¿Se respetarán los contratos de alquiler?
—Los contratos vigentes, sí.
Del precio de la venta de los inmuebles guarda
silencio. Este martes llegaron más burofaxes a los vecinos: “Le
comunicamos la decisión irrevocable de rescindir el contrato el
mes que viene. Atentamente, Roberto de Juan”.
La
vecina Maria Isabel Martinez, de 75 años, nació en una de las
casas de Fusara. "Sabiamos que estas fincas no se podían vender
porque nos dijeron que las rentas iban para un orfanato". Víctor
Sainz
