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Human Rights Watch (HRW) y
tres ONG que se dedican a vigilar los derechos humanos en Corea del Norte
pidieron hoy al Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño que presione al
régimen de Pyongyang para que cese la explotación infantil a través del trabajo
forzado y la discriminación.
HRW, la Coalición Internacional para Parar los
Crímenes contra la Humanidad en Corea del Norte, el Sindicato Nuevo de
Mujeres coreanas y la Misión Caleb informan esta semana en Ginebra al grupo
de trabajo que prepara las sesiones del Comité sobre los Derechos del Niño
sobre la situación en ese país.
El Comité analizará los derechos de los niños
norcoreanos en su sesión de septiembre, dado que Corea del Norte ha
ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño.
Las ONG afirman en un comunicado que, si bien el
régimen norcoreano asegura haber abolido el trabajo infantil hace 70 años,
el Partido del Trabajador y otras agencias gubernamentales "aún exigen a
estudiantes y a otros niños" a que formen parte del trabajo forzoso para el
Estado.
Otras violaciones de derechos humanos incluyen la
discriminación gubernamental con respecto al acceso a la educación, abusos
contra niños con madres en países terceros, castigos físicos en escuelas y
niños que se ven obligados a trabajar durante largas horas y sin paga en
brigadas paramilitares de trabajo forzoso, indican.
Estas brigadas trabajan principalmente en proyectos
de construcción de edificios e infraestructuras públicas.
En la sesión preparatoria del grupo de trabajo del
Comité sobre los Derechos del Niño, que se celebrará a puerta cerrada, los
expertos de la ONU escucharán los testimonios de dos adolescentes
norcoreanos que huyeron del país, y que fueron víctimas del trabajo forzado
en las escuelas.
Las ONG señalan que las escuelas, fuerzas del partido
oficial, administradores de colegios y profesores han exigido a estudiantes
que cultiven, ayuden a construir edificios, estatuas, carreteras o vías
ferroviarias, reúnan materiales -como trozos de metal, papel usado, piedras
o pieles de conejo- que pudieran ser utilizados o vendidos por los
institutos.
Si un estudiante no consigue el precio fijado por los
productos reunidos entonces debe pagar una multa en efectivo, indican las
ONG.
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