Los
gigantes españoles de la distribución Inditex, El Corte Inglés y
Cortefiel tuvieron el dudoso honor de formar parte del grupo de
empresas acusadas de emplear a niñas y adolescentes en sus plantas
textiles de India y Bangladesh en condiciones cercanas a la
esclavitud. Así lo reflejó hace más de un año el
informe 'Flawed fabrics', con datos y análisis de varias compañías
que vendían sus productos a los grandes dominadores de la moda
mundial.
El Confidencial se hizo eco por primera vez de este
informe, construido por la organización sin ánimo de lucro Centre for
Research on Multinational Corporations (Somo) y que en sus páginas
analiza algunos estándares de las grandes compañías. Esas tres grandes
marcas aparecen junto a la filial española de Carrefour y otras
grandes firmas como la sueca H&M, la holandesa C&A o la estadounidense
Walmart. Todas ellas tienen proveedores en la India y, según las
investigaciones del Somo, cuentan en sus plantillas con menores de
edad y personal en condiciones cercanas a la esclavitud.
El estudio
pone el ojo en los fenómenos de explotación que hay a su alrededor,
especialmente la infantil, pero también denuncia abusos en horarios y
sueldos o inseguridad derivada de la ausencia de contratos laborales.
Una de
las acusaciones más potentes del informe tiene que ver con el trabajo
infantil. El caso de India es significativo, ya que
según la OIT de los 168 millones de niños de entre 5 y 17 años que
trabajan en el mundo, más de 5 millones y medio lo hacen en el país
asiático. Entre las prácticas que permiten eso están el 'sumangali',
método por el que se contrata a niñas para trabajar por periodos de
entre tres y cinco años a cambio de un pequeño sueldo y el pago de
la dote para costear su boda. Es en Tamil Nadu, lugar que concentra
las fábricas textiles con peores condiciones, donde la OIT advierte
que el 60% de los trabajadores no supera los 15 años.
Aparte de
contar con plantillas integradas por muchos menores, las condiciones
laborales se basan en la inseguridad y rozan la esclavitud. Los
salarios son nimios, ya que tras analizar la situación de varias
fábricas, los sueldos oscilaban entre los 20 y los 66 euros de media
mensual. Somo denunciaba además que de los 151 trabajadores a los que
entrevistaron, solo 20 había firmado un contrato laboral. Con acuerdos
firmados o no, las condiciones generales son las mismas. Por cada 8
horas de trabajo corresponden 10 minutos de descanso y los parones
para comer no son obligación sino una opción que facilita -o no- la
empresa.
Las empresas españolas, un año después
Más de un año después de la publicación del
informe, preguntamos a las compañías españolas señaladas por su
situación actual en la zona si continúan teniendo relaciones laborales
con esos proveedores, los controles que realizan y cómo intentan
actuar para evitar estas prácticas en el futuro.
El Corte Inglés, compañía presidida por Dimas
Gimeno, fue señalada en ese informe y también fue una de las
multinacionales que contrataban con empresas que operaban en la
macrofactoría de Rana Plaza (Bangladesh) cuyo derrumbe el 23 de abril
de 2013 causó 1.132 muertes. Dos años después de la tragedia, la
cadena española todavía
no ha hecho pública la indemnización a los afectados, con el
argumento de que no hacer públicas las donaciones fue un criterio
acordado entre todas las empresas para no competir por ver quién
aporta más.
Al margen
de las indemnizaciones, El Corte Inglés afirma que trabaja activamente
"en la cadena de suministro para fomentar y garantizar el cumplimiento
de los derechos humanos y laborales en las empresas proveedoras. Para
ello contamos con un código de conducta basado en las convenciones
fundamentales de la OIT y que es de obligado cumplimiento por parte de
nuestros proveedores".
La
compañía dice luchar contra la práctica del 'sumangali' a través de
un proyecto desarrollado por ETI (Ethical Trading Iniciative), una
alianza de empresas, sindicatos y ONG que promueve el respeto a los
derechos de los trabajadores, respaldado por BSCI (Business Social
Compliance Initiative), impulsada por las empresas con el compromiso
de mejorar las condiciones laborales en la cadena de suministro
global. Esa iniciativa, según el grupo, "cuenta con la participación
de sindicatos, ONG, empresas e instituciones internacionales y
locales".
Con todo, Eva Kreisler, coordinadora de la
campaña Ropa Limpia, una red internacional de ONGs, sindicatos y
organizaciones de consumidores, cree que "está demostrado que antes de
lo ocurrido en Rana Plaza se hicieron auditorías y aun así pasó lo que
pasó. Los sistemas que están ahora en marcha para controlar no
funcionan. Lo que se debe hacer es dar voz a los trabajadores sin que
sean reprimidos".
Kreisler critica que las auditorías que se
realizan "son privadas, por lo que cuando hay alguna anomalía la
información se la queda la empresa y no la conocen ni los
trabajadores". Por ello, propone que se acompañe de "auditorías
públicas e inspecciones independientes, con sindicatos locales y
trabajadores implicados sin temor a represalias". La coordinadora de
Ropa Limpia concluye con que "es difícil hacer un seguimiento de sus
acciones porque es una industria opaca".
Bershka,
filial de Inditex, es otra de las marcas que aparece relacionada con
las fábricas señaladas por su relación con Cotton Club Ltd, dirigida
por el Grupo Mondol. La compañía controlada por Amancio Ortega niega
cualquier tipo de vínculo y asegura que " la referencia a Bershka
puede inducir a error, ya que cita la relación comercial que esta
cadena del grupo tuvo con otra sociedad del Grupo Mondol, la cual era
totalmente ajena a la actividad de Cotton Club Ltd".
Actualmente, y
según la web de Inditex, el primer grupo textil del mundo sigue
operando con fuerza en India. El número de trabajadores de plantillas
que dependen de Inditex (incluyendo a subcontratas) asciende a 6.473
en España, frente a los 79.102 de India. Es precisamente el sistema de
subcontratas el que permite a las grandes marcas eludir su
responsabilidad cuando se cometen abusos, al contratar a empresas que
a su vez hacen lo propio con otras pero con un menor control, dando
espacio a las malas condiciones laborales. De este modo evitan
cualquier implicación directa con las empresas que se saltan la
legislación internacional y la cadena de responsabilidad se diluye.
El
papel de los sindicatos occidentales
Isidor
Boix, coordinador de IndustriALL Global Union para la aplicación del
Acuerdo Marco Global con Inditex, asegura trabajar en esa zona y
acredita que "ahora mismo no hay empresas españolas que compren
directamente a proveedores con malas condiciones laborales. No hay
ninguna prueba de que esto ocurra". Boix considera que, tras la
tragedia de Rana Plaza, donde hubo varias empresas españolas
implicadas, estas han tenido una actitud correcta, y que la lentitud
en el pago de las indemnizaciones "no es solo culpa de las compañías,
sino que las leyes del propio país complican todo".
Cortefiel,
que en el informe de Somo es relacionada también con el proveedor Cotton
Club Ltd, niega sin embargo cualquier tipo de contacto con este
fábrica. "Realizamos auditorías y tenemos un sistema de supervisión
con los más altos estándares a nivel global, haciendo evaluación
directa de nuestros proveedores", señalan.
El grupo,
en manos de fondos de capital riesgo desde 2005, tiene gran presencia
en Asia y numerosos proveedores en India. Según datos de la propia
empresa publicados en su última
Memoria de Sostenibilidad, el 40% de los pagos a proveedores son
en Asia, por un 43% en el territorio nacional.
Carrefour
España era otra de las empresas mencionadas en el informe de Somo.
eldiario.es se puso en contacto con la empresa el 1 de febrero para
conocer si ha habido avances en esta materia. "Carrefour cumple con la
legislación vigente", fue la respuesta de una portavoz, nueve días
después. El grupo anunció en julio de 2014 que abandonaba India
tras la llegada al poder de Narendra Modi, con planteamientos
opuestos al comercio minorista multimarca de inversores extranjeros.
La
situación de las empresas textiles españolas no es el único punto aún
pendiente de mejora. En un reciente
artículo en the Guardian (traducido al español por este medio) se
asegura que las condiciones de seguridad en las fábricas de Bangladesh
siguen sin aplicarse. Según el rotativo británico, la mayoría de las
empresas europeas firmaron el
Acuerdo sobre fuego y seguridad de edificios de Bangladesh, que
afecta a más de 1.600 fábricas utilizadas por marcas como H&M, Marks &
Spencer y Primark.
Los
inspectores del acuerdo establecieron planes de reforma estructural,
eléctrica y en relación a incendios para la mayoría de las fábricas.
Sin embargo, dos años y medio después, todos menos un 10% de ellos no
están aún aplicados o van con retraso, y solo dos estaban concluidos
en diciembre, la fecha del último informe actualizado.