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el país

 

Castilla y León protege por ley la asistencia social contra la pobreza

La Junta diseña una red de ayuda con el apoyo de los partidos de la oposición

El programa coordina todos los recursos existentes y los pone bajo control de la Administración

 
Jaime Prats Valencia 27 NOV 2013
 

Las familias en riesgo de desahucio en Castilla y León podrán acceder a ayudas extraordinarias para hacer frente al pago de la hipoteca u otros gastos relacionados con la vivienda habitual. Ante problemas por falta de alimentos, una llamada al teléfono 012 servirá para activar un procedimiento destinado a cubrir las necesidades urgentes en menos de 24 horas en cualquier rincón de la comunidad.

Estas son algunas de las medidas incluidas en la Red de Protección de las personas y familias afectadas por la crisis que las Cortes de Castilla y León han creado este miércoles con la aprobación de un decreto ley avalado respaldado con los votos de todos los grupos políticos (PP, PSOE e IU). El programa también habilita seis millones de euros en dos años para ayudas de emergencia para familias con sus miembros en paro en riesgo de perder su vivienda.

El aval del decreto ley llega después de que la semana pasada, los partidos de la oposición (PSOE, IU) respaldaran la creación de la red de protección contra la pobreza e incluso la enriquecieran con distintas aportacione . Este acuerdo se produjo después de que sindicatos, empresarios y entidades del tercer sector también se mostraran partidarios de este plan de apoyo a personas en situación de desprotección.

El plan vertebra los 23 programas puestos en marcha para apoyar a las personas más castigadas por la crisis que coordina la Junta de Castilla y León en colaboración con los recursos que ofrecen tanto las entidades locales, como las organizaciones sin ánimo de lucro y los empresarios.

Este programa, presentado hace dos semanas, se ha enriquecido en el texto aprobado este miércoles con medidas extraordinarias para aliviar los efectos de la crisis en las familias. Por ejemplo, con iniciativas contra los desahucios o de provisión de alimentos. Pero también con la agilización del acceso a la prestación de la renta garantizada de ciudadanía, así como flexibilizar los criterios para acceder a ella y limitarlos a condenados por agresión sexual.