A,. P. decidió
apuntarse a un programa de intervención familiar de los Servicios
Sociales de Castilla y León para mejorar la relación con sus hijas. Lo
que jamás imaginó esta mujer es que, pocos meses después y sin aviso
previo llegarían a su casa los trabajadores sociales junto a la
Guardia Civil para llevarse a sus hijas, notificarle que las habían
declarado en desamparo y que le quitaban la tutela.
Con solo 12 años, las
mellizas fueron ingresadas en un centro de menores a 80 kilómetros de su
madre, sin darles explicación ni justificación alguna. Y así
pasaron un año entero, hasta que el Juzgado de Primera Instancia de
Ávila estimó el recurso de la madre, le devolvió la tutela y las niñas
pudieron volver a casa. "No existía ni un solo dato de desprotección",
dijo entonces el fiscal, que acusó a la Administración castellanoleonesa
de actuar "con una desproporción abismal" ya que las menores "están con
su madre bastante mejor que con la Administración".
Ahora, el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a la Consejería de
Familia autonómica a indemnizar con 150.000 euros a la familia (50.000
euros para cada una) por los daños ocasionados, según ha informado la
Fundación Raíces, que asumió la defensa legal de la familia.
En su sentencia, el
Tribunal incide en que no se realizó "ninguna audiencia con la madre, ni
se le pidió aclaración o explicación, ni tan siquiera se explicó nada a
las menores" a la hora de tomar la decisión".
"Este tiempo ha sido
el más doloroso de nuestra existencia", reconoce la mujer. Habla de
"impotencia", de "verte arrollada por un sistema poderoso que
funciona contra ti, que no eres nadie".
Visitas de una hora al
mes
Al trauma de la
separación repentina se suma el choque que supuso para las niñas el paso
por el centro. "El trato no se aleja del puede recibir el ganado.
Al fin y al cabo eres el trabajo del personal del centro, y te
acabas sintiendo como un número más, como la propiedad de la
Administración, sin voz ni voto", asegura una de las chicas, ya mayor de
edad y estudiante universitaria.
Las niñas relataron
haber sufrido agresiones por parte del personal y que solo le
permitían ver a su madre durante una hora un solo día al mes sin más
motivo que el incidente del teléfono móvil.
"Es un secuestro,
no creo que haya otro término para lo que hacen, te arrancan de un
ambiente conocido y seguro, como es la familia y la escuela, y te llevan
a un ambiente hostil y desconocido, Todo esto genera un estrés inmenso,
miedo y un enorme desconcierto", recuerda la otra joven.
En su sentencia, el
juez apunta que, pese a la "buena salud física y mental", las menores
"tuvieron que ser atendidas por problemas de pérdida de peso y de
salud mental", que sufrieron "cuadros de ansiedad" y
"desarrollo de anorexia", que "empeoró el absentismo escolar
y el desinterés y empeoramiento de sus calificaciones".
Según denuncia Lourdes
Reyzábal, presidenta de la Fundación Raíces, "en este caso logramos que
las niñas pudieran volver con su madre y, tras seis años, se ha
reconocido que la actuación de la Administración vulneró sus derechos,
pero no puedo dejar de pensar que en nuestro país, miles de familias se
enfrentan a situaciones semejantes".
Para Reyzábal,
"nuestra legislación, a diferencia del resto de Europa, permite que el
procedimiento de retirada de tutela se lleve a cabo mediante un
procedimiento administrativo y no judicial, que no ofrece las
suficientes garantías ni a los propios niños y niñas ni a sus familias,
que ven su familia rota por un mero informe de los servicios sociales".
Su organización ya
realizó estos apuntes y varias propuestas y recomendaciones durante la
tramitación de la la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia
y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), sin embargo no fueron
atendidas y la ley se aprobó en 2021.
"Si en España este
procedimiento ya concedía un poder casi omnímodo a los técnicos de
Servicios Sociales, hoy, en virtud de la LOPIVI, la indefensión de las
familias es absoluta pues, se ha otorgado la categoría de agente de
autoridad a los técnicos de la administración", sentencia Reyzábal.
PRODENI