Casi 100.000 menores españoles se vieron las caras con un juez en 2005. Más de 50.000 tenían dieciséis y diecisiete años, mientras que una cifra algo menor -41.465- tenía catorce o quince. El 3% de los procesos se produjo en el País Vasco y tres de cada cuatro de ellos tuvieron lugar en Vizcaya.

El número impresiona por sí mismo, y más cuando se piensa que los motivos por los que los jóvenes acabaron en el banquillo abarcan desde daños y lesiones hasta robos con agresión. En la memoria anual de la Fiscalía General del Estado consta que hubo casi 5.000 órdenes de internamiento -bien en régimen cerrado, semiabierto, abierto o terapéutico-, aunque el informe no desglosa de manera específica sus causas. Esa cifra engloba faltas y delitos 'típicos' pero también incluye un nuevo fenómeno que, según afirman los especialistas de diversas áreas, «está creciendo sin parar»: la violencia que los hijos ejercen contra sus padres.

Jueces, fiscales, entidades de protección al menor, abogados y psiquiatras coinciden en el aumento de los casos de progenitores que denuncian a sus hijos por maltrato y acaban recurriendo a la Justicia. Recientemente, un congreso de padres en Navarra desveló que «varios centenares» de matrimonios habían optado por esa vía, aunque el número exacto es difícil de concretar ya que no existe una única entidad que gestione este problema «ni ellos quieren hablar por vergüenza».

Agotar las vías

A modo de ejemplo, en la Comunidad Valenciana hubo 59 casos de violencia por parte de menores hacia sus mayores en 2004, lo que supuso un incremento del 64% respecto a 2003. Y el alza supuestamente registrada en 2005 ha llevado a la Generalitat a extender un programa de ayuda -las 'escuelas de padres'- que hasta ahora desarrolla la Colonia San Vicente Ferrer.

Conclusión: las denuncias van en aumento, a pesar de que, por su dureza, las familias «agoten todas las vías» antes de llegar al banquillo. Cuando lo hacen «es porque están desesperados. El solo hecho de acudir a una sala suele alcanzar para intimidar a los chavales y lograr que corrijan su conducta», indica el magistrado Jaime Tapia, especialista en jurisdicción penal de menores. En otros casos, sin embargo, «es necesario ir más allá».

Más allá es una sentencia. Este juez de la Audiencia de Vitoria reconoce que la ley les otorga «muchos matices para ajustarnos a cada caso», aunque son fundamentales «unos servicios y herramientas sociales» que existen pero «deben mejorar». «Solucionar cualquier problema familiar con instrumentos del Derecho es complicado -expone el magistrado-. Hay que poner más medios y habilitar nuevos servicios. El fenómeno de la violencia juvenil contra los padres obliga a las instituciones a actuar ante una realidad distinta para la que no siempre están preparadas».

El propio plan de justicia juvenil desarrollado por el Gobierno vasco para el periodo 2004-2007 señala que «hay personas con problemáticas novedosas», a las que es preciso ofrecer una respuesta «centrada en la individualidad de cada adolescente». No en vano, las medidas de internamiento han aumentado en Euskadi en un 72% entre 2000 y 2003. El problema, a juicio de los especialistas, es que en los centros de rehabilitación conviven adolescentes con historial delictivo y menores que llegan allí por otras causas «menos graves».

Y ahí radica la clave de la cuestión. Al todavía reciente fenómeno de los padres maltratados se une un problema aún más embrionario: «El sistema no da ninguna salida. Los niños necesitan estar en sitios adecuados y no hay centros que ofrezcan tratamientos para chavales con síndromes de trastorno social. Hay una falla en la Administración, que no contempla la necesidad de reforzar estos servicios en las comunidades autónomas, y una falla en el sistema educativo, que tampoco hace nada al respecto», sostiene José Luis Calvo, vicepresidente de Prodeni, una de las entidades dedicadas a defender los derechos de los niños, pese a que, paradójicamente, cada vez «más padres llamen para solicitar ayuda».

Riesgo de contagio

La cifra de centros de internamiento en España es difícil de calcular, pues su responsabilidad se reparte entre diferentes instancias. Las asociaciones ciudadanas afirman que «se trata de un mundo muy hermético». Pero puede servir de aproximación el hecho de que la media aconsejada por establecimiento oscila entre 15 y 20 jóvenes y que sólo en 2005 hubo 5.000 órdenes de ingreso.

La cuestión ahora es discriminar: «No es lo mismo un joven internado por homicidio que otro ingresado por hurto, pequeños robos o violencia familiar», puntualiza el fiscal Antonio Huélamo, que ejerce su actividad en Toledo. «Los casos de agresión han aumentado significativamente y no hay centros adecuados en todas las provincias para acoger a estos chavales».

En esa misma línea, el psiquiatra Vicente Garrido -autor de 'Los hijos tiranos: El síndrome del emperador'- señala que muchas instituciones «están pensadas para jóvenes delincuentes que proceden de la marginación y ese no es el caso de los chicos que sufren este síndrome. Hay sin duda un riesgo de contagio de actitudes antisociales».

Por ese motivo, la asociación de fiscales a la que pertenece Huélamo aboga por «una mayor diversidad de centros» y la gestación de «tratamientos más específicos tendentes a socializar a los jóvenes». «La obligación primordial es 'reciclar' a esos menores para que puedan vivir de una manera normalizada en un contexto social».

«Las vejaciones» son «más graves cada vez» y «se pueden equiparar a los casos de violencia doméstica», añade Calvo. Lo único «positivo» es que la «presión» es «muy fuerte al aumentar el número de familias afectadas y esos servicios, finalmente, llegarán. Estamos en una transición para convertirnos en un país dotado de medios».