Irene Montero anunció también que su ministerio
modificará la ley del aborto para derogar la reforma
introducida por el Partido Popular en 2015. Esta
modificación prohibió el aborto a las menores de 16
y 17 años sin autorización parental.
Irene Montero este miércoles en
su comparecencia en la Comisión de Igualdad /
EFE
Marisa Kohan
Madrid, 7 de octubre 2020
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha
anunciado este miércoles que "los criterios sin
aval científicos, como el
Síndrome de Alienación Parental (SAP), no puedan
ser tomados en consideración en la Justicia en
nuestro país". Por ello, explicó que el
ministerio que ella dirige, conjuntamente con la
vicepresidencia segunda del Gobierno y el
Ministerio de Justicia, introducirán cambios en
la ley contra las violencias en la infancia para
impedir que su uso.
En su comparecencia ante la comisión de Igualdad
del Congreso de los Diputados, Montero afirmó
que "ser escuchado a cualquier edad es un
derecho consignado en las leyes, y en una ley
contra la violencia en la infancia es necesario
reforzar este derecho". La ministra defendió que
es necesaria "una cautela estricta" hacia este
supuesto síndrome que se sigue aplicando y que
invalida la declaración de los niños niñas que
han sufrido violencia, "por entender que existe
una interferencia adulta (normalmente de la
madre). Esto es "enormemente preocupante",
puesto que contribuye a la "impunidad de formas
de violencia contra la infancia y son
inasumibles para un Gobierno feminista", añadió.
Esta propuesta viene a cumplir uno de los puntos
acordados en el pacto de Estado contra la
violencia de género y que está incluido en las
guías de recomendaciones del Consejo General del
Poder Judicial, aunque no se trata de una medida
de obligado cumplimiento.
Este diario adelantaba en la presentación del
proyecto de ley en el consejo de Ministros en
junio pasado, que la
ley carecía de la necesaria perspectiva de
género y que su articulado carecía
de un posicionamiento claro en contra de este
supuesto síndrome, un patología que no es
reconocida por ninguna institución médica o
psiquiátrica internacional y que se aplica en
muchos procesos judiciales para desacreditar la
versión de los menores. En muchas ocasiones su
aplicación acaba culpabilizando a las madres de
influir en el relato de sus hijos, lo que
influye en la desprotección de los menores que
sufren violencia de género o abusos sexuales por
parte de sus padres y en
muchas ocasiones las madres acaban sin la
custodia de sus hijos e hijas.
Reforma de la ley del aborto
Montero afirmó también que su ministerio
iniciará trabajos para reformar la Ley de Salud
Sexual y Reproductiva y de la Interrupción
Voluntaria del Embarazo de 2010, para derogar
la reforma introducida en ella por el Partido
Popular en 2015. Esta reforma promulgada por
el entonces ministro Alberto Ruíz Gallardón
prohibió el acceso a las menores de 16 y 17 año
a abortar si tener autorización de sus
progenitores.
Según Montero, la reforma incluirá el
derecho a las "formas más novedosas" de
anticoncepción y la promoción de la
educación sexual y reproductiva.
del aborto y derogar la reforma introducida.
Sistema estatal de cuidados y otras medidas
Estas no fueron las únicas medidas anunciadas
por Montero en el Congreso. Aunque con poca
concreción sobre su avance y sus contenidos, la
ministra de Igualdad hizo un repaso a una amplia
bateria de acciones que su ministerio esta
llevando a cabo.
Entre ellas la intención de extender la
atención integral que hoy reciben las víctimas
de violencia de género a todas las víctimas de
violencia machista, como la explotación
sexual. Esta actuación está contemplada en el
llamado Plan España te protege contra la
violencia machista que se pondrá en marcha
en breve y que supondrá un incremento del
servicio de atención telefónico y digital del
016, la ampliación y mejora de los dispositivos
telemáticos de control de agresores y la
construcción de unos 50 centros de atención
integral.
La ministra también ha anunciado que en las
próximas semanas el Consejo de Ministros aprobará
dos reales decretos de que tienen que ver con la
igualdad retributiva y con la obligación de
las empresas de más de 50 trabajadores elaboran
planes de igualdad.
Montero volvió a poner sobre la mesa la
necesidad de contra con un sistema estatal de
cuidados, como ya hizo en otra comparecencia, y
pidió disculpas por no haber llegado a tiempo a
todos los compromisos. Explicó que, aunque el
ministerio no ha estado parado por la pandemia,
"no estamos llegando a tiempo" a todos los
compromisos.
En relación a la tramitación de la de la ley de
protección de la Libertad Sexual, Montero ha
afirmado que el texto está finalizado seis meses
después de su presentación tras incorporar las
enmiendas y mejoras aportados por la sociedad
civil. También ha desvelado algunos de los cambios
que se introducirán en ella la ley van
encaminado a reforzar algunos de los principios
rectores de la noma "como la accesibilidad y la
inteseccionalidad, la ampliación del objeto
de la ley a niños y niñas o la inclusión del
feminicidio sexual".