Hace veintitrés años Chile
ratificó la Convención Internacional de Derechos del Niño, Niña y
Adolescente (CIDN). Pese a ello, seguimos debatiendo sobre la
necesidad de contar con una Ley de Protección Integral donde se
reconozcan los derechos de los niños/as y que asuma compromisos y
acciones reales que eviten la vulneración de sus derechos.
La actual
legislación, conocida como Ley de Menores, fue promulgada en 1968,
es decir, en un contexto social completamente diferente. Concibe a
los niños, niñas y adolescentes como objetos de derecho y no como
sujetos con plenos derechos.
Durante años, la sociedad civil ha
manifestado sus críticas al modelo, planteando y exigiendo que el
Estado se haga cargo integralmente de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes, promoviéndolos y protegiéndolos amparados en
las normativas internacionales.
Pese al arduo trabajo
realizado por Sename y las organizaciones ligadas al tema por velar
por el interés superior del niño, persiste la necesidad de asegurar
la no discriminación, garantizar su participación y autonomía,
además de resguardar su supervivencia y desarrollo a través de
definiciones legales, políticas y técnicas que sienten las bases
para desarrollar instituciones coherentes.
Reconocemos que las
deficiencias del sistema son múltiples, a pesar de todo el amor y
profesionalismo que ponemos en nuestro trabajo diario. La promoción
y la generación de instrumentos, prácticas y programas
institucionales son parte de las mejoras que se deben hacer a la
legislación actual, para que los niños y niñas desarrollen en pleno
sus capacidades y se hagan sujetos de sus propias vidas.
Muchos son los
cuestionamientos que se le hacen a las políticas actuales, entre
ellos la forma en que los niños, niñas y adolescentes enfrentan el
sistema judicial. La victimización secundaria, es decir, cada vez
que una víctima vuelve a contar su historia, es una forma más de
vulneración. A ello hay que sumar la alarmante cifra que señala que
el maltrato al interior de las familias chilenas bordea el 75 por
ciento. Cuando los niños/as son alejados de sus familias e ingresan
a una residencia por orden judicial, se busca evitar una vulneración
mayor, siendo ésta una de las últimas posibilidades que el sistema
ejecuta, ya que se reconoce por sobre todas las cosas el derecho de
nuestros niños, niñas y adolescentes a vivir en familia.
Es por lo anterior que una
Ley de Protección Integral a la Infancia posibilitaría fortalecer
cambios culturales necesarios al interior del Estado, las familias y
las comunidades, reenfocándolas en pos de una cultura del respeto
por nuestros niños, niñas y adolescentes que son el futuro de Chile.
Mucho queda por trabajar para mantener los apoyos necesarios para
entregarle al país un nuevo marco legislativo.
No obstante la esperanza
en que una legislación pueda aportar a reconocer a nuestros niños y
niñas como sujetos con plenos derechos, debemos comenzar como
sociedad a hacernos cargo de nuestra responsabilidad con la infancia
de nuestro país, ya que será la única manera que los cambios
jurídicos tengan el efecto deseado.
