ESCRITO DIRIGIDO AL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

23.06.09

Estimado Sr. Alcalde:

 Con relación al asentamiento de la Tablada vuelvo a insistir pidiendo su clausura por insalubridad y riesgo para sus residentes y su traslado provisional a instalaciones tipo albergue o polideportivo mientras se le da una salida normalizada al problema. Se trata de una situación de emergencia pues han sido forzados a instalarse en el campo en condiciones de precariedad y la Administración debe activar mecanismos de emergencia en la línea apuntada. A tal fin le pido que lidere ante la Junta de Andalucía la acción requerida y saque a esas criaturas de allí.

ESCRITO DIRIGIDO A LA FISCALÍA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA

FISCALÍA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA

Ilma. Señora Fiscal Jefe Doña María José Segarra Crespo

 José Luís Calvo Casal, portavoz de la asociación PRODENI, de nuevo y con relación al asentamiento de la Tablada, ante esa Fiscalía COMPARECE Y DICE:

 Un día más continúa el abandono institucional del poblado entendido en cuanto a que no se está procurando ninguna medida de alivio y salida a la situación de emergencia, a punto de cumplirse tres meses de la huida forzada de familias de las Tres Mil Viviendas.

 La única actividad de la Junta de Andalucía, o puesta en marcha de algún dispositivo de emergencia, ha sido la sui generis escolarización de unos setenta niños y niñas ¡DURANTE 5 DÍAS! Y no los 7 que apunté en mi escrito de ayer a esa Fiscalía. Lo que yo no sabía y ahora estoy perfectamente informado es que la citada escolarización fue de tres horas cada uno de esos días, o sea, no llegó a las mínimas cinco horas establecidas en el horario lectivo escolar, con lo que la expresión “escolarización sui generis” adquiere todo su vigor. Por otra parte, en su escrito de respuesta a nuestra denuncia, nos hacia usted referencia a su confianza de que a partir del final de curso continuaría alguna actividad con los niños tipo escuela de verano. Pues bien, como preveíamos, no hay nada de nada.

 Por parte de las Administraciones siguen con la política de que el arreglo de este problema es muy complicado y, aparte de haber fracasado en sus reuniones, suspendidas a primeros de Junio, solamente se aplican a dilucidar acerca de la citada dificultad, dejando de lado una cuestión esencial de básica intervención humanitaria, como es la atención a estas criaturas y la búsqueda de un alojamiento provisional que mejore el más que tercermundista alojamiento actual.

 Por nuestra parte estamos remitiendo escritos a las autoridades pidiendo que se clausure el asentamiento por insalubre e inhabitable dadas las condiciones añadidas de calor que agrava los riesgos a la salud. Y pedimos que se activen mecanismos o dispositivos de emergencia con traslado de las familias a alojamientos tipo albergue o polideportivo, de forma provisional hasta ir resolviendo la ubicación de cada una en viviendas normalizadas. Es decir, señora Fiscal, hay alternativas y son de libro pero ninguna voluntad.

 Lo que está sucediendo aquí no tiene parangón en ningún lado, pues cualquier emergencia derivada de catástrofes naturales, guerras o conflictos, se resuelve en el mundo buscando establecimientos que reúnan básicos recursos de subsistencia, sin separar a las familias, pues esa es otra cuestión a plantear.

 Efectivamente, la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Doña Micaela Navarro, ha salido presurosa a ofrecer el acogimiento residencial de todos los menores del enclave, separándolos de sus familias, una medida que las familias han rechazado y que nosotros consideramos absolutamente inapropiada, pues la solución únicamente debe pasar por la protección global de todo el grupo y no por la separación de los hijos de los padres, por muy buena intención que lleve la Junta.

 Tenga en cuenta que estas familias vienen sufriendo presión y desamparo de forma ininterrumpida desde que a finales de Marzo tuvieron que salir huyendo. Primero se les expulsó, como usted bien reconoce, bajo amenazas. Segundo, se les impide cualquier posibilidad de retorno, incluso a quienes tienen la vivienda legalizada, bajo amenazas del otro clan, la negativa del Comisionado, y la fórmula administrativa de ir estudiando caso por caso fiando las conclusiones del estudio como mínimo para septiembre. Es decir, toda una política de tierra quemada para impedir su regreso. Pero, a la vez, se les están cerrando todas las puertas a salir del infierno, picados de los bichos y apareciendo ya los anunciados focos de infección.

 Evidentemente, este no es un problema cualquiera y por eso exige soluciones que salgan de la rutina burocrática y de los corsés de las competencias, pero antes, y a la vez, las Administraciones deben actuar solidariamente como lo harían ante cualquier emergencia que afectara a cualquier otro colectivo de la población: Ofreciendo alojamientos apropiados mientras se buscan soluciones por muy complicadas que se presenten. Si eso no se hace, como se puede apreciar con la Tablada, nos encontramos ante una patente discriminación social y un tratamiento desigual de la población por parte de los poderes públicos, que debería se perseguida, o cuando menos reprochada por parte del Ministerio Fiscal.

 La actitud de la Consejera para la Igualdad remitiendo a esa Fiscalía la negativa de las familias para el acogimiento residencial de sus menores, nos parece una nueva afrenta y un insulto, pues con dicha nota al Ministerio Fiscal pretende echarle la responsabilidad a los padres de lo que pueda pasar con sus hijos mientras sigan en la Tablada, y eximirse ella y la Junta de Andalucía de cualquier tipo de culpa.

 En ese sentido, vuelvo a reiterar mi queja y denuncia por lo que aquí está pasando, y pido a esa Fiscalía se pronuncie en torno al desamparo institucional que padecen las familias del asentamiento. Un asentamiento forzado por las circunstancias, no querido por sus residentes y que hay que clausurar cuanto antes dando otra alternativa. 

 A tal efecto solicito que por parte del Ministerio Fiscal se recabe urgente información de la Consejería de Salud sobre las condiciones sanitarias del enclave de la Tablada y su habitabilidad, y en función de la misma, lleve a cabo las acciones oportunas.

 Espero su respuesta.

Málaga, 23 de Junio 2003.

ESCRITO DIRIGIDO A LA CONSEJERA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

 23.06.09

SEÑORA CONSEJERA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

 Aún a fuer de saber que no voy a obtener respuesta, deseo dirigirme a usted con relación a las familias que sufren el asentamiento de la Tablada.

 Y digo que “sufren” porque se encuentran allí forzadas por una situación que ellas no han buscado voluntariamente, en cuanto se las expulsó a la fuerza y con amenazas de las Tres Mil Viviendas por parte de otro clan de familias, y se les impide regresar, incluso a quienes tienen acreditada la legalidad de su vivienda, bajo la especie, además, de que se está procediendo a un estudio que, como pronto, concluirá en septiembre.

 Las condiciones de estas familias son más que tercermundistas porque en situaciones de emergencia por catástrofes naturales, conflictos o guerras se procede generalmente ofreciendo enclaves con elementos básicos de subsistencia e higiene mientras se trabaja para la normalización de las familias afectadas. En ningún caso se separa a los hijos de sus padres.

 Le digo esto, primero, porque por parte de las Administraciones no hacen más que marear la perdiz de quien es la competencia y de lo complejo del problema, dejando de lado que la primera y elemental actuación es atender las necesidades primarias de los afectados, que se ven obligados a permanecer bajo mínimos de salubridad con un calor cada vez más insoportable y con la lógica aparición de focos infecciosos. No entiendo como la Consejería de Salud no ha emitido un certificado o informe declarando la insalubridad de la zona y pidiendo la clausura del enclave. No lo entiendo.

 Como no entiendo tampoco que el Ayuntamiento y la Junta no se pongan de acuerdo y no busquen otra alternativa tipo albergue o polideportivo mientras se ponen a estudiar y resolver la solución final de ubicación de las familias.

 Y, en segundo lugar, por su propuesta de llevar a los menores a un alojamiento o acogida en los centros de su institución, separándolos de sus familiares adultos, lo que nos parece, sinceramente y con todos los respetos, una auténtica barbaridad en estas condiciones, aunque su propuesta obedezca a criterios de solidaridad y tenga buenas intenciones.  

Mire, cuando hay una emergencia social, una necesidad de amparo como la que padecen estas familias, lo primero que hay que garantizar es la integridad del grupo, el que permanezcan juntos, pues no hay mayor trauma para sus miembros que verse separados en esas condiciones, que considerarían una afrenta y un castigo, entendiendo por nuestra parte perfectamente la negativa de los padres a su propuesta, porque, mire, estas familias vienen sufriendo continuas agresiones desde el primer momento que uno de sus miembros, desgraciadamente soltó una bala que abatió a uno de los hijos del clan de los Marianos. Primero, fueron expulsados bajo amenazas de muerte, llevándose sólo lo puesto y refugiándose en el campo en la zona de la Tablada, creando por su cuenta y en precario un habitat sin agua, luz, ni saneamiento.

 Esa situación de emergencia, de salvar sus vidas, de buscar el amparo aunque fuera bajo el sol y las estrellas debería haber durado justamente el tiempo que tardaran las instituciones en buscar otra alternativa o, allí mismo, procurarles los servicios básicos imprescindibles. En lugar de eso, se les dejó abandonados, teniendo que buscarse el agua por su cuenta por las gasolineras, algunos tomando luz de los postes con verdadero peligro, y los niños sin escuela durante dos meses y medio al no haberse puesto en marcha ningún dispositivo por las Administraciones para que continuaran con su escolarización, en un absentismo escolar forzado que se quiso paliar unos días (cinco) antes de finalizar el curso con una intervención consistente en llevarlos a un colegio por las tarde y prestarles atención de tipo higiénico, alimentario y estudios, pero, claro, únicamente cinco días lectivos al acabar el curso ya, y solamente tres horas cada tarde con reducción de dos respecto al horario lectivo normalizado. Y ahora lo que se le ocurre es llevárselos a centros de acogida después de tanta inasistencia no atribuible a las familias, sino a las instituciones.

 Mire, usted, que sepamos, el sistema de protección de menores está hecho para intervenir cuando fracasan las familias y se producen situaciones de riesgo familiar. Entonces se procura la protección del menor, bien por la vía de que la propia familia solicita esa ayuda (acogimiento residencial voluntario) o bien porque la institución entiende que hay que proteger al menor y separarlo de forma cautelar y luego se verá.

 Para lo que no está hecho el sistema de protección de menores para responder a situaciones de emergencia social, para eso está lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1/96 de 15 de Enero ilustrativa para el caso de la Tablada, por el que las Administraciones deben responder con acciones sociales que mitiguen los riesgos sin tener que separar a los hijos, dado que no es una responsabilidad de las familias, y si el sistema quiere amparar a los niños y darles mejores condiciones de vida que las que sufren en el enclave o lugar de emergencia, debe hacerlo de forma global amparando igualmente al conjunto de la familia, no separando a sus miembros.

 Por lo tanto, en su referencia a la Fiscalía dando cuenta de la negativa de los padres, no cargue usted la responsabilidad sobre ellos, que únicamente es de ustedes, a quienes habrá que pedírsela y no a los padres, si se produce alguna desgracia que esperemos no suceda, pero dadas las condiciones y el incremento de los riesgos, no es desde luego imprevisible.

 Por todo ello, le solicito que inste a sus compañeros de Gobierno y al propio Ayuntamiento de Sevilla para que actúen en sentido unitario en torno a alojar al conjunto de las familias en algún tipo de establecimiento que, dadas las circunstancias, podrían ser albergues o polideportivos, mientras se le da una solución definitiva a este jeroglífico que ustedes dicen que es el asunto que tienen en sus manos, repartiendo si fuera necesario a las familias pero cada una con sus hijos, no con sus hijos aparte, qué verdadera locura. 

 Sin más, señora Consejera, espero que haya cordura en la Administración y no se les vaya este asunto de las manos. Mire a su alrededor en el mundo (Honduras, Bangla Desh…) a ver dónde encuentra usted una medida de intervención ante una emergencia en la que los hijos son separados de sus familias. Sería Andalucía la primera en el mundo.