"Cuando pedí la excedencia estaba segura que me la
iban a conceder hasta que todo esto pasara y así podría cuidar de
ella. Pero me la denegaron y no me han dado ninguna salida".
La que habla es Paloma. Celadora en uno de los grandes hospitales de
Madrid y tutora legal de su hermana de 55 años que tiene parálisis
cerebral y un índice máximo de discapacidad. "No tengo familia y
sólo me tiene a mí para cuidarla", explica a Público.
Antes de las medidas adoptadas por la emergencia del
coronavirus la llevaba a diario a un centro de día, del cual la
recogía un persona que cuidaba de ella hasta "que yo llegaba".
"Hacía turno de tarde, desde las dos hasta las once de la noche.
Pero cerraron el centro de día y la persona que nos ayudaba dejó
de venir por el confinamiento y me he visto sola con ella. Usa
pañal porque es incontinente y no puede hacer nada por si misma, ni
beber un vaso de agua. Todo hay que hacérselo", explica.
Antes de la declaración del estado de alarma
solicitó "unos días en el trabajo", que le concedieron. En total
cinco, que estiró a una semana. "Cuando pedí más me los denegaron.
Entonces solicité una excedencia, pero me la denegaron también. Pedí
usar mis vacaciones, pero me dijeron que no se podía. No me dieron
ninguna solución. La respuesta del hospital ha sido que por falta de
personal me tenía que incorporar, que era imprescindible. Considero
que el trabajo es importante, pero donde soy imprescindible es
aquí. No la puedo dejar sola".
Desde hace unas semanas Paloma está de baja. Su doctora le recetó
ansiolíticos debido a su estado de angustia y ansiedad y su centro
de salud se las ha ido ampliando hasta el momento. Afirma que esta
situación la tiene muy angustiada y deprimida y que nunca tuvo
ningún problema en el hospital donde trabaja y donde lleva
"muchísimos años". "Hay muy poca humanidad. Supongo que hay más
casos como el mío y que acabaré perdiendo el trabajo. Pero no la
puedo dejar sola. No puedo elegir"
Su
caso no es único. Dede que se instauró el estado de alarma y las
medidas de confinamiento para frenar los contagios, muchos
trabajadores del sector sanitario se han enfrentado a trabas para
cuidar a hijos menores, personas mayores a su cargo o
dependientes. Diversos sindicatos contactados por este diario para
esta información (algunos de los cuales han abierto líneas
telefónicas 900 para atender consultas), afirman que esas
situaciones se han multiplicado por todo el territorio nacional
desde la publicación del Real
Decreto Ley (RDL) 8/20 de 17 de marzo de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19.
Su artículo 6 establece que las adaptaciones de
jornada por deberes de cuidados se harán "por circunstancias
excepcionales" y siempre y cuando "esté justificada, sea razonable y
proporcionada, teniendo en cuenta las necesidades concretas de
cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, debidamente
acreditadas, y las necesidades de organización de la empresa".
Muchas comunidades autónomas que poseen competencias en Sanidad han
trasladado o adaptado estas medidas en instrucciones para sus
propios sistemas sanitarios. De hecho, la Comunidad de Madrid, por
ejemplo, se adelantó al Real Decreto del Gobierno y publicó su
propias medidas restrictivas el pasado 12 de marzo. La resolución,
emanada de la dirección general de Recursos Humanos y Relaciones
Laborales del Servicio Madrileño de Salud sobre permisos y
excedencias por cuidado de hijos y familiares durante la pandemia,
va más allá del RDL. Establece que las gerencias de los centros
sanitarios con "carácter general" denegarán la concesión de
cualquier permiso o licencia, así como cualquier tipo de
excedencia, mediante una resolución motivada "siempre y cuando las
situaciones concretas que concurran en el centro imposibiliten el
mantenimiento de la asistencia sanitaria a la población".
Estas medidas restrictivas están justificadas,
afirman diversos sindicatos consultados, debido al carácter
excepcional de la situación, sin embargo, critican que se están
llevando a cabo por un sistema de tabla rasa por el que en muchos
centros de trabajo se están denegando permisos y libranzas de forma
sistemática sin tener en cuenta las circunstancias particulares de
cada caso. También critican que no exista ninguna medida que
proteja a cuidadores de grandes dependientes (como el caso de
Paloma), a familias monomarentales con niños pequeños que no tienen
forma de delegar los cuidados o para cuidar a personas mayores.
"La realidad ahora es excepcional y viene agravada
por el problema de las plantillas. El hecho de que no haya
equipos de protección individual para todos está suponiendo muchas
bajas. Sólo en el Clínico [de Madrid] tenemos unas 800 bajas de
una plantilla de 4.000 trabajadores y lo que se está viendo por
parte de la dirección es que ahora se deniega cualquier permiso o
excedencia", afirma Santiago Zarapuz, trabajador del hospital
Clínico y delegado del sindicato Mats.
Este sanitario explica que se "están utilizando criterios que no
tienen lógica" y que las denegaciones de permisos y libranzas "se
están tomando de una forma discrecional que nada tienen que ver con
las necesidades de las persona cuidadoras". En muchas ocasiones,
afirma, estas medidas se toman por parte de jefes y mandos
intermedios y estas valoraciones son las que marcan las decisiones
de la gerencia. "Todo va al mismo saco", denuncia. "Se deniegan
tanto casos de personas que precisan una flexibilización de
horarios, como los que tienen casos más serios con personas
dependientes a su cargo que no pueden dejar solas". "Han cortado por
lo sano: a todo trabajador que esté capacitado para trabajar, se le
va a exigir que trabaje, con el drama social que esto supone para
muchas personas". "Búscate la vida. Además que te lo dicen así.
Que te den una baja… y esto no puede ser, por que los médicos
están recibiendo presiones por parte de la inspección", afirma
Zarapuz.
Medidas similares en toda España
Si bien la Comunidad de Madrid ha sido desde el
inicio de la pandemia uno de los principales focos de la emergencia,
estas restricciones al personal sanitario están ocurriendo a lo
largo y ancho del territorio nacional.
"Nos están trasladando un montón de dudas al gabinete
jurídico relativas a este tipo de casos desde distintos territorios
y nos llegan desde la desesperación", comenta Luz Martinez Ten,
secretaria de Mujer y Políticas Sociales de FeSP UGT.
"Estas medidas dependen de las consejerías de salud,
pero las instrucciones que dan son bastante confusas. Suelen decir
que las necesidades de conciliación serán atendidas de forma
excepcional. Pero si alguien solicita un permiso de conciliación que
está debidamente justificado, tendrían que dárselo. No se les
puede negar por el simple hecho de ser personal sanitario. No
puede sentar una premisa así" denuncia Martínez Ten.
"Después del decreto de alarma nos ha comenzado a
llegar denuncias de diferentes comunidades Autónomas. Las primeras
las recibimos desde Andalucía, porque el
Gobierno de la Junta publicó un decreto en el que se retiraban todo
tipo de permisos, incluyendo los contenidos en la ley de Igualdad.
Estamos hablando de la reducción de jornada por maternidad, o de los
períodos de lactancia y todo lo que tiene que ver con el cuidado de
los mayores. De todas las medidas que se establecen en la ley de
igualdad, que es de obligado cumplimiento y que no se ha derogado
por el decreto del Gobierno", explica María Victoria Gómez,
responsable de Negociación Colectiva de la Federación de Sanidad y
Sectores Sociosanitarios de CCOO.
Esta sindicalista afirma que el hecho de que el Real Decreto 8/20
del Gobierno derogue aspectos del Estatuto Marco para la Sanidad,
que es la norma que regula las libranzas y excedencias del personal
sanitario, "tiene cierta lógica por el momento de excepcionalidad
que estamos viviendo. Nadie puede coger ahora vacaciones ni moscosos. Lo
que no parece lógico es que esta situación de negación de permisos
afecte, incluso, a derechos básicos recogidos en la Ley de
Igualdad de 2007".
"Pero la que está vulnerando más significativamente
la ley de igualdad con todos los permisos y licencias que ahí se
establecen es Catalunya", afirman desde Comisiones Obreras. "No
concede ningún permiso de los que tiene establecidos en la ley pero
además está revocando los ya existentes. Estamos en esta
situación que estamos pero el personal sanitario también tiene
familia e hijos pequeños a los que cuidar como cualquier otra
persona". Gómez denuncia que en Catalunya, incluso, se está dando a
firmar a trabajadores de la sanidad un documento que viene a ser una
renuncia 'voluntaria' de permiso ya concedidos.
Para Martínez Ten una de las cuestiones preocupantes
del Real Decreto 8/20 aprobado por el Gobierno el pasado 17 de marzo
es que introduce una modificación relativa a las reducciones de
jornada que supone también eliminar el salario. Hasta ahora las
reducciones de jornada estaban reguladas entre un octavo de la
jornada laboral (el mínimo) y un máximo de media jornada, con un
ajuste del salario en función de esta reducción. El decreto
aprobado en la emergencia estipula que se puede solicitar una
reducción de jornada del 100% "pero con el 100% de reducción de
salario". "¿Que sucede con una familias monomarentales que
tenemos muchísimas? Porque aunque les concedan ese permiso dejarían
de cobrar. ¿Que supone para una familia no cobrar nada durante lo
que dure esta situación? Es una debacle para la mayoría", afirma.
¿Dónde están los subsidios para los cuidados?
La salida que le queda a casos como el de Paloma es
recurrir por la vía judicial, aunque esto no supone una solución
para este tipo de casos que deben resolver situaciones personales de
forma rápida. Si bien diversos sindicatos afirman que esta opción
está abierta y los juzgado aceptan este tipo de denuncias, los
plazos son muy largos y las resoluciones pueden tardar años.
El personal sanitario cuyos permisos, licencias o
reducciones de jornada se han denegado, no tienen más salida. Por
ello algunos sindicatos reivindican algún tipo de subsidios para los
cuidados. Porque en el caso de que se puedan acoger a la nueva
modalidad de reducirse el 100% de la jornada, necesitarán alguna
fuente de ingresos con los que subsistir durante el tiempo que dure
el estado de alarma.
"Cuando al principio de la crisis se cerraron los
centros de enseñanza de Euskadi y los de Madrid, lo que se dio a
entender por parte del Gobierno era que se iba a crear una
prestación o subido para los cuidados. Esto nunca ha llegado.
Fue de lo primero que se planteo pero nunca se puso en marcha. Las
personas que viven solas con sus hijos o con dependientes, si no
están en un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) en
que cobran la prestación de desempleo, se obligadas a reducirse el
100% de la jornada y no ingresar nada", afirma Martínez Ten.
"En lo que llevamos del estado de alarma se han
creado subsidios y nuevas fórmulas como la prestación por desempleo
sin necesidad de haber cotizado el año. Si somos capaces de
modificar todo esto, igual somos capaces de crear desde la
seguridad social una prestación para estas personas que están
obligadas a cuidar". De estas, la gran mayoría son mujeres,
afirman los diversos sindicatos, que es sobre las que está recayendo
el grueso de los cuidados. "Como pasa en toda crisis", puntualiza
Gómez.
Este diario contactó con la Consejería de Salud de
la Comunidad de Madrid para saber qué tipos de medidas se
estaban adoptando para paliar esta situación, pero hasta el momento
de cerrar esta información no se había recibido ningún tipo de
respuesta.