El Observatorio de Sostenibilidad de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile realizó un estudio que analizó la información pública de las empresas y declaraciones en temas de sostenibilidad respecto a la zona de Quintero y Puchuncaví.

El estudio concluyó que la regulación chilena es menos exigente que la recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que la normativa para emisiones de SO2 establece niveles diez veces menores que en Estados Unidos y tres veces por debajo de México, lo que “evidencia lo desfasado que estamos con la normativa internacional”.

El trabajo contrasta, además, la realidad institucional chilena y el desarrollo de la sostenibilidad por parte de las empresas con criterios internacionales, como el ESG (Environmental, Social & Governance), exigibles por inversionistas y financistas que quieren disminuir riesgos en sus inversiones, especialmente en proyectos de alto impacto en comunidades o territorios.

Entre los problemas detectados aparece la situación de abandono del reciente Programa para la Recuperación Ambiental y Social de Quintero y Puchuncavi de 2017, que estableció 123 acciones en soluciones integrales, e incluso la creación de un Consejo de Recuperación ambiental y social.

También la falta de indicadores ambientales y control sobre emisiones por parte del Estado, así como el hecho de que la red de monitoreo esté en manos de tres empresas y exista escasa información sobre emisiones y sostenibilidad por parte de la mayoría de ellas.

“Nuestro principal objetivo es la misión del observatorio: identificar en poco tiempo pero con herramientas muy especializadas una situación particular que impacta los temas ambientales, sociales y económicos que son los pilares de la sostenibilidad”, indicó Reinalina Chavarri, directora del Observatorio de Sostenibilidad del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios (FEN).

A juicio de la académica, "hay principios constitucionales que no se están cumpliendo, pero también no hay una institucionalidad acorde para dar soluciones a estos temas. Las empresas cumplen con la ley y lo que les pide, e incluso entregan datos de forma voluntaria, por lo tanto se valora ese trabajo, pero nadie fiscaliza si lo que está sucediendo puede tener reparación. Los derechos ambientales hoy son un Derecho Humano de cuarta generación, como el tener derecho a un medio ambiente acorde, o a agua potable, entonces debemos tener respuestas a situaciones de crisis en los territorios”.

Parte de las propuestas que se esbozan en el informe para Quintero y Puchuncaví es “poner una clínica ambiental, para estudiar fenómenos de contaminación e impacto en salud en los territorios, para mejorar la data. Somos muy pobres en nuestro país en esta materia, entonces debemos tener mejor información. Este caso lo deja en evidencia”.

Además se impulsa la necesidad de mayores compromisos desde la institucionalidad que “en el corto plazo se debe resolver lo que pasa con la gente, hoy, pero lo clave es a largo plazo, y que las autoridades gubernamentales tengan claro que cualquier cosa que se haga debe ser pensada e implementada a largo plazo. Deben existir los instrumentos para fiscalizar adecuadamente porque hay una responsabilidad de mirar estas decisiones, sin ver el rédito político que traigan éstas”.