Una mujer a la que
los servicios sociales de Álava le quitaron la custodia de su hijo
menor y posteriormente se la entregaron al padre del niño, denuncia
la lentitud y las trabas para poder ver al menor, que se
encuentra hospitalizado con un linfoma (un tipo de cáncer) y
para tener acceso a su diagnóstico. Su hijo, hoy con 14 años, ha
manifestado ante los servicios sociales y en diversas ocasiones
desde que fue ingresado que quiere estar con su madre y que
sea ella quién lo cuide mientras esté en el hospital.
Sin embargo, un
informe emitido por los el área del menor y familia de la
Diputación de Álava, decretó el "desamparo" del niño y que ella
ejercía "interferencias" (una forma camuflada de denominar al
Síndrome de Alienación Parental, SAP). Basándose en ese informe
y en una reciente denuncia del padre del niño, en la que acusa a
esta madre y a su hija mayor por maltrato psicológico hacia él,
un juzgado impuso una orden de alejamiento a la mujer y la
prohibición de comunicación con el menor. Desde entonces, solo
ha podido ver a su hijo a cuentagotas y en la actualidad no tienen
visitas ni acceso a los informes médicos.
La aplicación del
llamado
Síndrome de Alienación Parental (SAP) quedó prohibida en nuestro
país hace ya un año, cuando entró en vigor la
Ley Orgánica de protección Integral a la Infancia. En el texto
de esta norma se explicita que "los poderes públicos tomarán las
medidas necesarias para impedir que planteamientos teóricos o
criterios sin aval científico que presuman interferencia o
manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación
parental, puedan ser tomados en consideración".
Sin embargo,
cientos, tal vez miles de madres (no existen cifras oficiales
que midan este impacto) sufren los efectos de haberles aplicado
esta falsa patología en los juzgados o en los procesos de
custodia de los menores.
El caso de esta
madre alavesa, Inmaculada Fuentes, no es único, pero es
especialmente doloroso y dramático por las circunstancias que rodean
el caso y por el hecho de que desde el hospital le niegan incluso
los análisis del menor y el historial clínico. "Los servicios
jurídicos del hospital me dicen que no me pueden informar de cómo
está y qué tratamientos le han puesto hasta que no se pronuncie el
juzgado y que no me van a decir nada", explica Fuentes, que es
auxiliar de clínica en el Hospital de Txagorritxu (Vitoria).
Sin embargo, las medidas de alejamiento que se la han impuesto no
afectan al ejercicio de su patria potestad. "Tampoco a su hermana
mayor, que ya tiene 18 años, le dan los expedientes y sólo puede ver
a su hermano cuando y cuanto lo autorice el padre", dice.
"Mi expareja se
saltó la orden de alejamiento y me permitió estar con mi hijo
algunas horas tres días. Pero a partir de ahí, me lo ha prohibido",
explica esta madre a Público. Inmaculada se refiere a los
días 17, 18 y 19 de mayo en los que pudo estar en el hospital con su
hijo menor. Pero desde el día 20 no ha podido verlo ni sabe nada. A
partir de ahí, el padre dio instrucciones al hospital de que no
podía acercarse al menor ni tener comunicación con él por ningún
medio debido a que tiene una orden de alejamiento del crío.
Tampoco tiene acceso a las pruebas médicas y a los informes de
evolución de la enfermedad de su hijo, que está recibiendo
quimioterapia.
Fuentes lleva
meses intentando tener visitas con su hijo y tener permiso para
verlo desde que está ingresado, cosa que aún no ha conseguido a
pesar de haber interpuesto medidas urgentes para que el juzgado
le permitan las visitas y de haber intentado presentar un
escrito a la fiscalía de menores de Vitoria-Gazteiz, que ha sido
rechazado.
Retirada de
custodia
La pelea judicial
de Inmaculada Fuentes por recuperar a su hijo se extiende a lo largo
de varios años. "Mi expareja decidió irse de casa en 2016, pero
seguía entrando y saliendo cuando le daba la gana", afirma Fuentes.
Esto duró al menos seis meses, hasta un día que, en una pelea entre
el padre y la hija mayor hija, éste cogió por el cuello a la
menor que contaba entonces 12 años y la cría llamó a la Ertzaintza.
Según refleja la madre, los problemas entre padre e hija iban en
aumento y ella no quería ver al padre.
Entonces se
tomaron medidas cautelares hacia el padre, que tardaron cerca de
seis meses en hacerse efectivas. Ella mantuvo la custodia de los dos
menores y a él le concedieron visitas en un punto de encuentro con
la hija mayor y visitas con el hijo menor los fines de semana
alternos y vacaciones. Al poco tiempo, las visitas con la hija mayor
se suspendieron por el Punto de Encuentro Familiar. "El
juzgado las dejó sin efecto porque no eran beneficiosas para la
niña", explica Fuentes, que afirma que las valoraciones que hacía el
punto de encuentro tanto de ella como de su hija mayor eran muy
negativos.
"En 2019, nos
derivaron a asuntos sociales del Ayuntamiento". El área del Menor
y Familia de la Diputación de Álava les impuso la presencia de
educadores en casa, tanto de la madre como del padre. "Las
valoraciones que hicieron de mí fueron devastadoras", afirma
Fuentes. El 28 de octubre de ese año una trabajadora social se
llevó al hijo menor del colegio para ingresarlo en un piso de
acogida sin que la madre estuviera al tanto. A partir de ese
momento, la Diputación de Álava asumía la custodia del menor.
A la madre le permiten poder ver a su hijo dos días en un punto de
encuentro. Desde entonces, sólo ve al niño con cuentagotas en esos
momentos y en un permiso de vacaciones de diez días que le concede
el juzgado. Los abuelos paternos sólo ven a su nieto en unas
vacaciones y en visitas vigiladas una vez al mes.
El 31 de marzo del
año pasado, el área del Menor y Familia de la Diputación le dio
la custodia del hijo menor al padre y el juzgado estableció para la
madre visitas vigiladas. Sin embargo, tal como denuncia Fuentes,
a partir de noviembre del año pasado éstas cesaron y desde el punto
de encuentro le comunicaron que tiene que ser el juzgado quien
renueve las visitas.
Sólo tres miembros
de la familia fueron evaluados por los equipos psicosociales del
ayuntamiento. Tanto la hija mayor como el menor manifestaron que
querían vivir con la madre. En la valoración de Fuentes el escrito
habla de "desamparo" de los menores y de "interferencias" por parte
de la madre. A él no lo valoraron, afirma la madre, porque no lo
vieron necesario.
Denuncia del padre
por maltrato psicológico
El pasado mes de
febrero fueron a juicio. La expareja de Fuentes la había demandado a
ella y a su hija mayor por "maltrato psicológico". El juzgado
entonces impuso la orden de alejamiento de la madre de su hijo
menor. Una orden que intenta ahora revertir o que se suavice
para poder cuidar a su hijo en el Hospital Universitario Cruces de
Álava-Gasteiz, donde está ingresado. La orden de alejamiento no
tiene fecha, por lo que no se revertirá hasta que el juzgado tome
medidas.
"No solo me
denuncia a mí, sino también a mi hija mayor, y lo hace cuando la
niña acaba de cumplir 18 años, porque quiere que se la juzgue
como mayor. Sin embargo, como los hechos que denuncia ocurrieron
cuando la niña era menor de edad, no se la juzgará como mayor",
explica la madre.
No es la primera
disputa de Fuentes ante la justicia. Hace unos meses, tanto ella
como otras dos madres (María Mercedes García y Laura Fuentes),
denunciaron ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y
diversas instituciones la vulneración del derecho a una tutela
judicial efectiva y al acceso a un proceso justo de forma reiterada
por parte de la justicia del País Vasco.
Se trata de
tres mujeres que sufren situaciones diferentes que califican como
"violencia institucional" y cuyos casos están centralizados en el
Palacio de Justicia de Vitoria-Gasteiz. Las denuncias van desde la
prevaricación a la aplicación del falso Síndrome de Alienación
Parental, como informó Público.
El pasado 20 y 21
de mayo durante el I Encuentro Estatal sobre violencia vicaria y
violencia de género institucional, diversas expertas y
representantes políticas
reconocieron que el Estado es un colaborador necesario para
perpetuar la violencia vicaria que sufren muchas mujeres en el
sistema de justicia, y que estas actuaciones por acción u omisión,
constituyen violencia institucional.
PRODENI