«El
amianto es una bomba que tenemos metida en nuestras casas, colegios
y tuberías. La enfermedad se produce 30 ó 40 años después de la
primera exposición. Es un problema muy serio que la administración
no aborda». El representante de la Plataforma Málaga
Amianto Cero, Francisco Puche,
asegura que los colegios son uno de los principales escenarios en
los que hay actuar. Las futuras generaciones conviven horas rodeados
de este material cancerígeno y se estima que, tras un prospección
que hizo la plataforma en 80 colegios de Málaga y provincia, el 30
por ciento contiene amianto. «Esto quiere decir que en
Málaga habrá unos 100 ó 200 colegios con amianto»,
sentencia.
La cifra
podría ser incluso superior ya que solo se basa en el exterior de
los centros educativos; 80 inmuebles, de los cuales 24 estaban
afectados. Nadie ha supervisado el interior de los inmuebles y hay
indicios para pensar que muchos centros contienen uralita. «Hace
unos meses, en el CEIP Miraflores de los Ángeles descubrieron
amianto en un lugar invisible, dentro de un laboratorio», explica.
La necesidad de comprender la
importancia de crear un registro sobre el estado de los centros y
trazar un plan de retirada de amianto en aquellos afectados coge
fuerza tras el último varapalo en el Parlamento andaluz, el rechazo
a una Proposición No de Ley (PNL) que instaba a la Junta de
Andalucía a su retirada en todos los centros de la comunidad.
El PSOE y Ciudadanos votaron en contra.
Ante el rechazo a la PNL, las
Asociaciones de Padres y Madres (AMPA) han trazado un plan B para
continuar con las negociaciones. El presidente del AMPA Piedra de la
Torre del CEIP José Calderón de Campanillas, Paco
Jara, detalla que la negativa constante por
parte de la Junta para obtener información necesaria para elaborar
un informe sobre el estado del inmueble les ha llevado a trabajar
con otras instituciones. «Necesitamos demostrar que la vida útil del
amiento ha culminado o está a punto», matiza. Y es que la ley
prohíbe la utilización de este material pasado ese tiempo.
El centro
de Campanillas es el que lleva la batuta de
las acciones que se promueven en la provincia y ya mantiene
conversaciones con el distrito y el Ayuntamiento para que le
faciliten la información necesaria. Un paso que ya han iniciado
otros centros.
Entre hoy y mañana acudirán a
la Fiscalía de Menores para ver si pueden actuar. «Hay riesgo para
los menores», sentencia. Además, han solicitado ayuda al Defensor
del Pueblo y en estos momentos está en trámite la solicitud;
igualmente, enviarán toda la información que han reunido hasta el
momento y pedirán ayuda a la presidenta de la Junta, Susana
Díaz, y a la consejera de Educación, Adelaida de la
Calle.
Las protestas continúan en la
calle y el próximo día 21 hay una prevista en Cádiz para apoyar la
situación extrema a la que se enfrenta un centro. Los expertos han
declarado que hay partículas en el aire, según declara Jara. En
cuanto a próximas concentraciones en la ciudad, se prevé que para el
mes que viene haya una y el curso próximo se realizará un encuentro
entre los colegios. «Queremos que de cara al curso que viene se
logre que destinen parte de la partida presupuestaria a la
eliminación del amianto y que el resto de colegios vean que sí se
interesan por nosotros», sentencia Paco Jara.
Hasta el
momento, aproximadamente un centenar de centros son partícipes en
este conflicto a través de la Federación de la AMPA, pero Jara
puntualiza que son entre 10 y 15 centros los que participan en las
concentraciones y actuaciones.