Instituto de Enseñanza Secundaria
María Guerrero en Collado Villalba Madrid.SANTI
BURGOS
Berta Ferrero
Madrid, 5 de
octubre 2020
Los contagios en los centros educativos de Madrid se
extienden y se descontrolan. Es la razón que esgrime
la Federación Regional de Asociaciones de Padres y
Madres del Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los
Ríos, que aglutina a más de 800 asociaciones de
padres de toda la región madrileña, para dar un paso
más y presentar una denuncia administrativa en el
registro de la Consejería de Educación por la ineficacia
del protocolo de la administración regional.
“Tras las primeras tres semanas lectivas del curso
escolar, y después del esfuerzo realizado por toda
la comunidad educativa para adecuarse a las
recomendaciones vigentes, en lugar de ver cómo se
estabiliza la situación relativa a la seguridad y
las medidas para la prevención de la covid-19 en los
entornos escolares, no encontramos más que
irresponsabilidad de las consejerías que deben velar
porque nuestros hijos accedan a su Derecho a una
Educación de calidad y que garantice su seguridad en
términos sanitarios”, explica Carmen Morillas,
presidenta de la FAPA.
Lo que cuenta la FAPA ya no es un secreto. La semana
pasada, el presidente de la asociación de institutos
públicos de Madrid, (Adimad), Esteban Álvarez,
explicó que la media de positivos confirmados en los
centros públicos oscila entre los dos y los cuatro
diarios. Normalmente, cuando el centro recibe la
llamada de un padre confirmando el prositivo, el
coordinador covid intenta llamar al teléfono
habilitado por Salud Pública. Nunca obtienen
respuesta, por lo que acaban mandando un correo cuya
respuesta, a los cuatro o cinco días, suele ser
que no se haga nada: al respetarse supuestamente las
distancias de seguridad dentro del centro, no es
necesario tomar medidas. “Estamos siendo testigos de
cómo, ante la aparición de casos de infección por
coronavirus en el alumnado, los protocolos
establecidos para el manejo del caso, así como las
medidas a adoptar en los contactos del aula, llegan
a una vía muerta”, se queja Morillas. El caos, al
final, genera miedo y el miedo desconfianza.
Cuando la FAPA registró la denuncia el pasado
viernes ante la Consejería de Educación, poco
después recibieron una respuesta: debían dirigirse a
la Consejería de Sanidad porque, aseguraban en
Educación, ellos no tenían competencias. “Así que la
denuncia la registraremos ahí también”, añade
Morillas, que se queja también del último protocolo
emitido por la Comunidad de Madrid. “El pasado 25 de
septiembre, como si no fuese bastante, emiten
un nuevo protocolo en el que eliminan, por una
parte, la posibilidad de realizar el estudio de
contactos estrechos que establece el protocolo
ministerial y, por otra, la posibilidad de baja
laboral por contacto a los familiares de los menores
positivos asintomáticos”, lamenta la presidenta de
la Federación.
CC OO, por su parte, también han iniciado un proceso
de denuncia administrativa a Salud Pública y de la
Orden del Consejero de Educación, Enrique Ossorio.
“Y vamos a denunciar ante la máxima autoridad
laboral también”, añade Isabel Galvín, representante
de educación en Madrid del sindicato.
Para un correcto control de la pandemia, asegura la
FAPA, “los criterios científicos y técnicos
recomiendan, como estrategia, realizar test
diagnósticos, rastreo de contactos y el aislamiento
de los casos confirmados de manera simultánea y
coordinada”. Eso es lo piden. Y eso es lo que no se
está haciendo.