El Defensor del Pueblo
canario alerta del maltrato institucional en centros de menores
El Diputado del Común denuncia la
"insostenible situación" y exige una "intervención
urgente"
JUAN MANUEL PARDELLAS - Tenerife
Diario EL PAIS 15/6/2005
Los seis centros para menores con medidas judiciales en Canarias viven una
"situación insostenible", requieren una "intervención
urgente" y registran "maltrato institucional". Esta es la
conclusión de Manuel Alcaide, diputado del común, figura homóloga al
Defensor del Pueblo en las islas, quien en su último informe revela cómo
la Administración ha descuidado las instalaciones de los centros, se ha
desvinculado de su gestión e inspección, no ha destinado el presupuesto
adecuado, se ha visto desbordada y se ha enfrentado al dictamen de jueces,
fiscales, abogados, fuerzas de seguridad y de emergencias. En lo que va de año,
en los centros canarios (para internos de 14 a 23 años) se han producido 20
incendios, dos intentos de motín, centenares de agresiones, algunas
violaciones y dos muertes. La última, la pasada semana en un incendio.
Manuel Alcaide, que ha sido presidente del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, explica que la acusación de maltrato
institucional a los menores se debe a que "se improvisan actuaciones
profesionales por desconocimiento y falta de cualificación técnica; se
producen intromisiones irrespetuosas en las familias; se hacen usos repetidos de
internamientos; se abulta el currículo institucional de los niños por falta de
definición inicial, de proyecto educativo individual, de nula responsabilidad
de las instituciones, y se cambian estrategias con frecuencia, olvidándose de
la prevención, la inserción social, la participación activa y el
desarrollo".
Alcaide explica que el número de menores
con medidas judiciales "crece de forma alarmante": de los 553 en
septiembre de 2003 a los 795 en diciembre de 2004. También critica la
"escasa" dotación presupuestaria que ha destinado a este ámbito el
Gobierno de Canarias y, como consecuencia, reconoce que la Administración está
"desbordada" en apenas cuatro años de asunción de competencias en
materia de menores. Asimismo destaca el "mal estado de los centros y el
incumplimiento reiterado de los fines educativos y resocializadores de la
ley".
Reforma
juvenil
Por ello, sugiere "que un único organismo administrativo gestione las
medidas judiciales y todo lo que afecte a juzgados, fiscalías y
dependencias" e insta al presidente del Gobierno canario, Adán Martín
Menis, de Coalición Canaria, a que cree la Dirección General de Justicia o
Reforma Juvenil, amparada por el departamento autonómico de Justicia y no por
el actual de Asuntos Sociales.
El Diputado del Común advierte de la
"alarma social" que se ha suscitado en las islas en torno a estas
instalaciones, además "del descontrol por parte de los directivos, la
carencia constante de plazas" y el ingreso de jóvenes en una isla distinta
a la que reside su familia.
Manuel Alcaide dibuja un panorama
"desalentador" de los centros de menores y recuerda las quejas
expresadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Fiscalía:
"Masificación, carencia de espacio y habitabilidad, urgente necesidad de
crear un centro que acoja a los menores de Lanzarote y Fuerteventura, existencia
de más de 40 menores con sentencia firme que están en libertad a la espera de
ingresar en los centros, necesidad de contar con un centro terapéutico para
trastornos de conducta".
El Defensor del Pueblo canario también
revela la delegación inadecuada "que el Gobierno hace de la gestión de
los centros en manos privadas, no habilitación del presupuesto necesario,
ausencia de enseñanza obligatoria, carencia de libros de textos y
bibliotecas". Entre otras deficiencias de la Administración, los jueces y
fiscales aluden a que las comparecencias no se pueden celebrar ni festivos ni
fines de semana porque el Gobierno no dispone de un servicio de guardia.
"Un menor que delinque un viernes queda retenido hasta el lunes", señalan.
Además, se destaca que la Dirección
General de Protección al Menor y la Familia sólo dispone de 19 profesionales
en el servicio de ejecución de medidas judiciales. Si a fecha de junio de 2004
había 786 menores cumpliendo medidas judiciales, a cada funcionario correspondían
40 expedientes. Este hecho explica, según el informe, que el equipo haya
llegado a tardar más de un año en contactar con un menor, que sean éstos los
que deban acudir a las citas en los despachos y que no exista intervención en
el medio familiar y social de los jóvenes.
Retorno
a las familias
Alcaide añade que "se envía a los menores a sus familias sin
verificar el beneficio de estas estancias" con la única justificación de
"necesidades del servicio, ajustes de calendarios y horarios
laborales" y advierte de los "presupuestos restrictivos, recortes económicos,
desorientación en los servicios y la provisionalidad sujeta a cambios políticos,
no técnicos".
El documento del Diputado del Común
alerta de las condiciones de "hacinamiento" en los centros cerrados,
donde no hay separación por edades, sexos, dificultades de conducta o toxicomanías.
También advierte de que se ha procedido a ceder la gestión a entidades o
fundaciones "sin adecuada inspección de recursos personales y
materiales" y "falta de preparación de los educadores".
El Defensor del Pueblo canario afirma que
los vigilantes de empresas privadas desempeñan "funciones no sujetas a la
normativa que los regula", porque "desempeñan su labor en el interior
de los centros, participan en actividades educativas y de ocio". Además,
pone en duda la cualificación profesional de algunos y revela la ausencia de
una normativa concreta en Canarias para esta función. También detecta la
carencia de la figura del cuidador.
En los centros sometidos a medidas
judiciales se encuentra un variado abanico de jóvenes con distintos problemas,
desde delincuentes con delitos de sangre a otros con problemas de conducta.
El Diputado del Común recomendó en su
informe que, "a la mayor brevedad" se atiendan "las necesidades
específicas de menores y jóvenes con problemas de conducta" y se
habiliten hogares o centros "específicos para el tratamiento de estas
alteraciones, que permitan la vigilancia permanente y la contención
adecuada". Entre sus preocupaciones también cita "la dificultad de
encontrar personal dispuesto a trabajar en estos centros o con el perfil idóneo"
para un trabajo que reconoce "complejo con niveles de tensión muy
altos".
Correas de
contención, noches en el suelo
El Gobierno de Canarias ha
delegado la gestión de los seis centros para menores con
medidas judiciales primero en una ONG (Cicerón Siglo XXI) y,
después, en una entidad pública (Fundación Ideo). Sólo el
centro de Gáldar está gestionado por una empresa pública
municipal.
Los responsables de Cicerón
Siglo XXI (con implantación en otras comunidades) fueron
destituidos el año pasado bajo la acusación de malos tratos a
los internos, cuando el fiscal de menores requisó numerosas
correas de contención psiquiátrica en al menos tres de los
centros (Nivaria, La Montañeta, Valle Tabares). En La Montañeta
se demostraron casos de violación. En Gáldar, los chicos,
incluidas algunas embarazadas, dormían en el suelo, muchos
incluso sin colchonetas.
La gestión pasó a la
llamada Fundación Ideo, cuyo capital social lo aporta el
Gobierno canario y cuyos responsables son la titular de Asuntos
Sociales, la de Protección al Menor y la Familia, y el titular
de Juventud. Éstos nombraron a un gerente, quien asumió la
responsabilidad práctica de los centros en funciones básicas
como mantenimiento, normativas, horarios, contratación de
personal, proyecto educativo o vigilancia -algunos guardas tenían
antecedentes penales y carecían de homologación-.
La creación de más
plazas choca con la oposición de los alcaldes. Macario Benítez,
del PSOE, ha anunciado una huelga de hambre del grupo gobernante
de El Rosario si se reabre el centro Nivaria, clausurado por
orden judicial el pasado domingo.
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