https://elpais.com/espana/2020-06-17/el-defensor-del-pueblo-pide-a-justicia-la-abolicion-de-las-sujeciones-mecanicas-tras-la-muerte-de-iliass.html
La muerte el pasado 1 de julio del joven de
18 años Iliass Tahiri en el centro de
menores infractores de Tierras de Oria
(Almería) cuado seis vigilantes lo ataban
boca abajo a una cama, y el
vídeo de los hechos que recientemente
publicó EL PAÍS, han llevado al Defensor del
Pueblo a solicitar a Ministerio de Justicia
la abolición de ese tipo de medidas de
contención en los centros de menores
infractores. La petición, conocida este
miércoles, es el resultado de la actuación
de oficio iniciada por la institución cuando
falleció el chico. El caso fue archivado en
enero como “muerte violenta accidental” por
la juez Teresa Inés Sánchez Gisbert, del
juzgado único de Purchena, y la
familia ha recurrido. Los técnicos del
Defensor del Pueblo han inspeccionado este
martes de nuevo el centro Tierras de Oria,
gestionado por la Asociación para la
Integración Social (Ginso), que acumula
denuncias e incidentes y más de una muerte
en similares características en sus centros.
El
Defensor del Pueblo, Francisco Fernández
Marugán, ha formulado las citadas
recomendaciones al Ministerio de Justicia y
a la Junta de Andalucía “con el objetivo de
abolir el uso de las sujeciones mecánicas en
todos los centros de internamiento de
menores infractores del territorio
nacional”, reza la nota enviada a la prensa,
en la que no entra a valorar el caso de
Iliass Tahiri, ni hace referencia a la
asociación Ginso.
En
su escrito, Fernández Marugán pide al
Ministerio de Justicia que “derogue el
apartado del reglamento de responsabilidad
penal de los menores en el que se regulan
las sujeciones mecánicas para acabar con
estas prácticas como medio de contención en
estos lugares”. Algo que ya recomendaron los
técnicos del Comité Europeo para la
Prevención de la Tortura tras una visita al
centro almeriense en 2017. En su opinión,
“es necesaria una decisión rápida y radical,
que termine definitivamente con las
sujeciones mecánicas. Y esta decisión exige
la reforma del Reglamento de la Ley Orgánica
de Responsabilidad Penal de los Menores”.
Por otra parte, el Defensor ha reclamado a
la Junta de Andalucía que “suspenda la
práctica de sujeciones mecánicas a las
personas que se hallan bajo custodia en los
centros de su jurisdicción, dictando a tal
efecto las instrucciones oportunas”.
Para
Fernández Marugán, “la práctica de la
sujeción mecánica exige el uso de la fuerza,
por lo que constituye siempre una situación
de riesgo, estando en juego derechos tan
fundamentales como el derecho a la vida y el
derecho a la integridad física”.
Desde hace años, el Defensor del Pueblo ha
actuado con respecto a la utilización de
sujeciones mecánicas a personas privadas de
libertad. En 2017, publicó una Guía
de buenas prácticas en contenciones
mecánicas en la que pedía que se
evitaran las reducciones a través de
acciones potencialmente lesivas para
internos e internas y abogaba por realizar
maniobras previas de diálogo o desescalada
con personal entrenado y formado para ello.
“Debe agotarse la vía del diálogo durante el
tiempo suficiente como para considerar que
no existe otra alternativa”, aseguraba.
“Desde 2017 dos jóvenes han muerto (Melilla
y Almería) tras ser sometidos a una
contención mecánica”, recuerda el Defensor,
por lo que también han enviado a las
autoridades competentes de esa ciudad
autónoma las mismas recomendaciones.
Fernández Marugán insiste en que “no puede
volver a morir nadie en España en estas
circunstancias”. Así, ha asegurado que “lo
rechaza la conciencia, lo rechaza la
justicia, lo rechaza el derecho de estos
adolescentes a ser protegidos por el Estado
para que puedan alcanzar una vida plena en
la que superen, ya adultos, las dificultades
que les llevaron a terminar en una privación
de libertad antes de la mayoría de edad”.
El
Defensor apunta que existen alternativas a
la sujeción para afrontar una situación de
tensión o de violencia. En esta línea, aboga
por “técnicas no invasivas, propias de una
nación civilizada y del desarrollo del
conocimiento científico, que permiten
abordar con éxito situaciones límite sin
poner en riesgo la vida ni la integridad
física de quienes han de ser sometidos a
ellas”.
Esta
tesis coincide con lo expresado por el
Comité de Prevención de la Tortura que, en
su informe emitido en 2017, tras la visita
girada a España el año anterior, consideraba
que “inmovilizar a menores en una cama o
esposarlos a objetos fijos en una celda de
aislamiento es un uso desproporcionado de la
fuerza y una medida incompatible con la
filosofía de un centro educativo que debería
enfocarse en la educación y la reintegración
social de los menores […]. En su lugar,
deberían emplearse métodos alternativos en
la gestión de incidentes violentos y otros
medios de contención, tales como las
técnicas verbales que impiden que aumente el
conflicto y el control manual”.
Nueva visita a “Tierras de
Oria”
Técnicos de la Institución inspeccionaron
ayer el centro “Tierras de Oria” en el que
en julio de 2019 falleció un joven mientras
se le aplicaba esta medida de contención.
Esta es la segunda visita a este lugar. En
marzo de 2018, el Defensor del Pueblo en
su condición de Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura, ya encontró
deficiencias relacionadas con la práctica,
tales como una falta de adecuación de la
habitación para la aplicación de este tipo
de medidas y la ausencia de un libro de
registro en el que quedara apuntado el uso
de la contención a los menores.
La
Institución sugirió a la Junta de Andalucía
que adecuara una habitación de mayores
dimensiones, con la cama articulada y
anclada en el suelo en posición central, con
interfono y sistema de videovigilancia con
audio. Algo que no ha sucedido. Los
responsables de la Junta mantienen su
silencio amparándose en que “el caso está
judicializado”.
Asimismo, el Defensor del Pueblo pidió a la
Administración “una reflexión general sobre
la idoneidad del empleo de esta medida en
las actuales circunstancias (deficiencias
estructurales y falta de formación del
personal) en los centros de menores
infractores”. Además, Fernández Marugán
inició una actuación de oficio que continúa
en trámite que ha derivado en estas
recomendaciones.