Íñigo Domínguez

Palma 26 de febrero 2020
 

 

Viviendas en Camp Redó (Palma), conocido como barrio de Corea, donde tuvo lugar la violación de una menor tutelada en Nochebuena. Tolo Ramón

La Nochebuena de una chica de 13 años, acogida en un centro de menores de Palma, fue una violación en la que están implicados seis adolescentes y un joven de 19 años. ¿Cuánta es la soledad de una niña para escaparse en Navidad hacia ningún sitio, a la calle? El atestado del caso que ha conmocionado a Baleares, 114 páginas, relata que pidió a su psicóloga que la acompañara a una cita con una amiga, y al llegar allí huyó. Acabó en un bar, que el pasado viernes estaba iluminado con luces azules de neón, donde uno no entraría ni loco, y menos en Nochebuena. Ahí ya le ofrecieron dinero por mantener relaciones, según su testimonio, y empezó su pesadilla, que acabó en un piso del llamado barrio de Corea. “Una menor que ha sido víctima de abusos o violencia, como muchas de ellas, no ve las señales de riesgo, se deja llevar por la parte afectiva, por alguien que les hace caso, es su punto débil. Se puede pensar que por todo lo que han vivido, en ambientes difíciles, son más listas, pero no, son más frágiles”, explica Noemí Pereda, especialista en violencia infantil de la universidad de Barcelona.

El suceso ha destapado un escándalo de niñas que se prostituyen y sufren explotación sexual, a veces arrastradas por otros compañeros, y un asunto mayor: los problemas del sistema de tutela de menores, un servicio público esencial muy desconocido donde se hace un trabajo muy difícil. Los educadores de Mallorca están dolidos por cómo se ha desdeñado su labor, en estos pisos con ocho niños de media donde hacen lo posible para que se parezcan a un hogar. Lamentan sobre todo el impacto que ha tenido en los chicos. “Estos días a las niñas de los centros en el colegio les decían: ¿eres puta? ¿cuánto cobras?”, cuenta Joan Ferrer, coordinador de los centros concertados de las islas.
 

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), centro de la polémica, ha revelado que le constan 16 casos de explotación sexual en los últimos años de menores de sus centros, algunos de ellos previos a su ingreso. Lo ha hecho obligado, pero la pregunta es cuántos habrá en el resto de España. Ninguna comunidad autónoma hace públicos los suyos. Pero los pocos datos que hay son preocupantes. Un informe de Unicef, con más de 300 entrevistas a responsables, educadores y menores, alertaba en 2017 de que había casos de explotación sexual en centros de siete de las nueve comunidades autónomas que estudió. No dijo cuáles. Y advertía: “En algunos casos podría haber indicios de que son captados por redes de trata de seres humanos, que además les utilizan para conseguir contactar con otros menores del centro”.

Pereda hizo un estudio en 2016 en centros de Cataluña y se llevó una sorpresa: muchos seguían sufriendo violencia y abusos aunque vivieran en un centro, cuando salían o iban de visita a sus entornos originarios. Un 9,5% continuaba siendo víctima de abusos sexuales y un 26%, de maltrato físico. “No se trabaja nada con la familia de origen, cuando en teoría el objetivo es que vuelvan allí”, apunta.

Parece que era un asunto destinado a estallar un día. “Mallorca no es de los sitios que peor están, ni muchísimo menos. La prensa ha sido irresponsable y la bronca política no ayuda. Esto está pasando en toda España, pero no ha salido a la luz”, asegura Pepa Horno, una de las principales expertas en protección de infancia en España, que vive en Palma. Lo piensan todos los especialistas  consultados, que señalan de entrada un problema de datos y transparencia. "Sabemos de casos de redes en Murcia, en Sevilla, en Castellón, en las Palmas o en Madrid", advirtió el defensor del Menor de Baleares, Serafí Carballo, en una comparecencia la semana pasada. El Gobierno balear de PSOE y Unidas Podemos ha rechazado una comisión de investigación, la polémica ha saltado a Madrid y ante las críticas, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, también apuntó este martes en Senado que no es un caso único: "Estos casos también se producen en otras comunidades y no quiero pensar ni por un instante que cuando se han producido en Madrid, Euskadi y Canarias esto deja de formar parte de sus preocupaciones". Adelantó que la nueva ley de protección de la infancia prevé protocolos de prevención en los centros de menores, con planes de prevención y detección precoz de casos de trata.

“Es un tema muy desconocido y nadie quiere sacar cifras”, opina Jorge Fernández del Valle, otro de los expertos de referencia reconocidos. Cree que, con todo, en Mallorca han confluido especiales factores de riesgo, porque es una sociedad compleja con elevados índices de delincuencia juvenil y mucho turismo. Iba a dirigir una comisión de expertos en la isla para abordar la cuestión, pero ha renunciado este lunes por el enfrentamiento político.

Pepa Horno hizo el estudio para Unicef y es consultora especializada. La llaman para mejorar los centros, ha auditado 91 de todo el país. Enumera sus principales problemas. “La formación es penosa”, dice para empezar. Ninguna especialización en maltrato infantil ni psicología del trauma, “sino modelos superados de refuerzo del castigo”. “Hay que actualizar el modelo, basarlo en crear un vínculo, un afecto”, insiste. Es más fácil de decir que hacer. Las condiciones laborales de los educadores a menudo no son buenas, no duran mucho y eso impide establecer referentes adultos sólidos para los chicos. Lo normal es cobrar 1.200 euros. “Es una profesión dura. Hay una calidad humana enorme, pero ven tanto dolor que si no se les cuida acaban alejándose. El primer año te comes el mundo, a los cinco te hundes. Por eso casi todos son muy jóvenes, llegan directos de la facultad”, dice Horno. Por otra parte, el bar donde recaló la menor violada e intentaron que se prostituyera está a solo cinco minutos del piso donde vivía, a veces ya solo la simple localización de estos hogares no es la más idónea.

Cristina Junquera, responsable de Incidencia Política de Unicef, cree que la ley de infancia de 2015 es buena, pero se ha visto superada por la realidad y debe adaptarse. “Ha habido un gran incremento de menores tutelados”, cita como principal factor. Los últimos datos del Observatorio de la Infancia, recién publicados en enero, son de 2018: en España hay 1.104 centros de menores, solo 216 públicos, el resto concertados. Acogen a 21.283 menores, la mayoría chicos, 15.437. Pero es que en 2014 eran 13.563. El número de extranjeros también se ha disparado de 2.974 en 2016 a 10.359 en 2018. Por primera vez son más que los españoles, el 55%. De estos, 9.506 son menores no acompañados. El sistema se está desbordando y se pierde el control. Los expertos indican a País Vasco y Asturias como las comunidades con los mejores centros.

Catalina Perazzo, de Save the Children, destaca otro aspecto de la ley de 2015 y la política europea: que se debe priorizar la acogida familiar, pero también eso es más fácil de decir que de hacer. “Un niño me dijo una vez: me han dicho que mi tutor es la Comunidad de Madrid. ¿Qué es eso?”. Es otra carencia básica: España es el país de la UE con más menores en centros. Por primera vez, en 2018 los menores en centros superaron a los alojados en hogares.

Debe sumarse otro reciente revulsivo, el impacto de los móviles, que agilizan las relaciones, también las peligrosas. Antes era más difícil entrar en contacto con menores. En Palma se ha impuesto la idea de que la prostitución infantil era un secreto a voces, aunque más bien parece que era uno que a nadie le interesaba demasiado. Todo el mundo indica la plaza de España y la estación de autobuses como lugares críticos, basta acercarse para ver el panorama. Grupos de menores y adultos que merodean, el ambiente al atardecer es extraño. Los educadores consultados opinan que no es que haya mafias, sino más bien redes locales de gente que busca a estos niños, porque son los más vulnerables. “Tienen más riesgo, por lo que han vivido y por los circuitos en los que a veces se mueven”, apunta Fernández del Valle. Los pisos de menores no son cárceles y tienen su autonomía, como cualquier chico de su edad. La primera señal de alarma es cuando ellas desaparecen unas horas, saltándose las normas, y vuelven con móviles nuevos o ropa cara. Y con algo que les han dicho: que lleven más amigas.

“Yo en 2005 era director de un centro y ya pasaba, fugas siempre ha habido. Denunciabas pero la policía no podía hacer más que traerlas a casa. Se quejaban: ‘Hacemos de taxistas’, pero es que más no podían hacer”, cuenta Marc Tur, que fue director de la Oficina del Menor balear de 2015 a 2016. Cree que el modelo tiene que cambiar, para conocer el ocio y el tiempo libre de los menores. “Desde 2015 ya sabemos que las fugas son un factor de mucho riesgo y empezamos a contabilizarlo. Ya había un conocimiento del problema. Se han tomado medidas pero no ha sido suficiente. Ahora todo ha estallado. Hemos fallado todos”. Su sucesor, ahora en el cargo, Serafí Carballo, ha informado que en febrero de 2017 se registraban 115 fugas al mes, pero que el trabajo realizado hace que este mes de enero hayan sido 11. Carballo ha admitido que en las reuniones con Policía y Fiscalía todos se veían impotentes. Ahora se culpan unos a otros.

Para Pepa Horno, el factor pendiente más decisivo es trabajar en el trauma de cada niño. “El trabajo terapéutico es restaurar un jarrón de porcelana roto en mil pedazos”, resume Tur. Los traumas, por ejemplo, causan daños cerebrales que afectan a la atención y la memoria. “El éxito escolar es muy bajo, les cuesta mucho concentrarse, pocos llegan a la universidad”, admite Ferrer. Ahora bien, por una historia de fracaso que aparece en los medios, hay muchas otras de chicos que salen adelante, rehacen su vida. “Hay mucha gente tratando de romper esa cadena: naces en una familia que te hace daño, el centro no te ayuda y acabas haciendo daño a otros o a ti mismo”, defiende Horno. A los servicios de protección llegan hijos de personas que a su vez estuvieron bajo protección, parece una condena.

La otra mitad de las estadísticas son casi 20.000 familias que acogen menores, que nunca salen en los medios, y muchas historias que acaban bien. Felipe Novez, de 43 años, acabó en un centro de menores, en Palma, de los 11 a los 18 años: “Gracias a los educadores conseguí salir del mundo en el que vivía. Si no, habría acabado como los demás, en el cementerio o en el gran hotel, ya sabes”. Ahora está casado, con dos hijas, y tiene un trabajo. “Seguimos en contacto, los quiero como a hermanos”.