M. I., una adolescente española de 16 años, llegó al
Centro de Primera Acogida de Hortaleza embarazada de tres meses. La
Policía la encontró en las calles de Madrid, donde había dormido
durante seis meses, tras sufrir la muerte de su madre y un episodio
de abusos en la casa de los familiares donde vivía. Según su relato,
la menor observó a un educador "golpeando en la cabeza" a uno de sus
compañeros. Ella empezó a gritarle para defenderle y, cuando intentó
salir al patio, el trabajador del centro le "propinó una patada en
el abdomen" que hizo caer al suelo a la niña. Un rato después, ya en
su habitación, la adolescente comenzó a sangrar. Tuvo un aborto.
La niña huérfana contó su caso, ocurrido en 2017, a
Fundación Raíces y, ahora, ya mayor de edad, ha decidido dar el paso
de denunciarlo ante los tribunales, según sostiene la organización,
quien ya prepara la querella. Es uno de los 50 episodios de
violencia física y psicológica documentados por la ONG en los
últimos cuatro años y revelados este miércoles en el informe
'Violencia institucional en el sistema de protección de la
infancia'. Durante este tiempo, 55 menores tutelados por el Gobierno
regional han relatado a la organización especializada en infancia
haber sufrido "agresiones a manos de vigilantes de seguridad,
educadores o miembros de los Cuerpos y Fuerzas Fuerzas de Seguridad
del Estado, en el contexto de su estancia en recursos del sistema de
protección de menores de la Comunidad de Madrid.
Quienes están detrás de las denuncias -algunas han
llegado a los tribunales y otras solo han sido documentadas por la
organización- son niños y niñas de entre 12 y 17 años, la mayoría
adolescentes varones que han llegado solos a España nacionales de
Marruecos y en un porcentaje inferior proceden de Guinea, Argelia,
Gambia, República Dominicana y Camerún, explica la ONG. Los casos de
niñas conforman un 5% del total y varias son españolas. La mayoría
residían en los centros públicos de primera acogida de Hortaleza e
Isabel Clara Eugenia en Madrid, mientras que cuatro casos tuvieron
lugar en pisos en los que residen menores tutelados, gestionados por
entidades privadas
"La reiteración a lo largo del tiempo, con
denunciados distintos, grupos de niños y niñas distintos y en
centros distintos hace posible aventurarse a concluir que no se
trata de episodios puntuales de violencia, sino de una problemática
estructural en la que fallan los sistemas de prevención y
supervisión y los mecanismos de denuncia y reparación", lamenta
desde la Fundación Raíces.
Desde enero de 2016 hasta junio de 2020, la ONG ha
acompañado a menores tutelados que relatan distintos tipos de
agresiones: "Golpes por todo el cuerpo, puñetazos, patadas en el
estómago y en la cabeza, pisotones en la cabeza, empujones, golpes
con porras y defensas individuales, engrilletamientos innecesarios y
prolongados e incluso mordeduras", enumera el documento. En algunos
casos han ido acompañadas de insultos, vejaciones y mensajes de odio
relacionados con su país de origen, raza, religión, etc.
En cuanto a las lesiones físicas detectadas durante
estos años "como consecuencia directa de esa violencia", Raíces
destaca "hematomas, erosiones, contracturas, traumatismos,
contusiones, dolores, escoriaciones, heridas, vómitos de sangre,
sangrados, fracturas de brazos, brechas, perforación de tímpano y
hasta en el caso de una niña española que estaba embarazada,
sangrado vaginal y posterior aborto completo".
Fotografías
recogidas por Raíces de denuncias de agresiones en centros de
menores.
En este último caso, el de M. I., la adolescente
apoya su queja en un parte de lesiones. La niña acudió a las
urgencias de un hospital público de Madrid. "Cuando la niña narró lo
sucedido a la médico que le atendió, la educadora desacreditó su
versión y le impidió seguir relatando", sostiene el informe. "Esto
evitó que la doctora reflejara la agresión en su informe y que, en
consecuencia, el Hospital diese parte al Juzgado, tal y como estaba
obligado. La niña le dijo a la educadora que quería copia del parte
y que quería denunciar, y ésta le dijo que era muy tarde y que se
iban al centro", según el testimonio de la joven.
Tras el aborto, continúa el testimonio de la joven,
"se sintió destrozada y pasó varios días en la calle". "Cuando
acudía al centro, era constantemente intimidada por el personal,
pues le advertían de que como denunciara 'todo se volvería en su
contra", señala el informe.
"Obstáculos" para denunciar
Encontrar obstáculos por parte del personal de los
recursos de acogida ante los intentos de denunciar los hechos por
parte de los menores es habitual, según el informe, por lo que la
ONG asegura haber tenido que acompañar a los menores "a centros de
salud y hospitales a fin de valorar adecuadamente las lesiones
sufridas, descartar complicaciones de las mismas o contar con un
medio de prueba para sustentar la posterior denuncia". La ONG tiene
37 partes médicos de lesiones físicas recogidas en el documento. En
algunos casos, apuntan, los facultativos han detectado la existencia
de casos similares y han trasladado sus sospechas de maltrato a las
autoridades competentes "sin que, sin embargo, se adoptaran medidas
de protección o investigación específicas".
En aquellos casos en los que los niños y niñas han
querido acudir a los tribunales con la asistencia de Fundación
Raíces, la organización denuncia que "es frecuente" ver a los
educadores o al equipo directivo del centro "cómo desacreditan la
versión del niño, criminalizándole y poniendo dificultades para que
pueda interponer la denuncia y realizar su relato de los hechos con
libertad".
A nivel de salud física y psicológica, las secuelas
más relevantes detectadas en los menores que denuncian este tipo de
agresiones en el seno del sistema de protección de la infancia son
"el estrés postraumático, la ansiedad generalizada, los sentimientos
profundos de baja autoestima y la normalización de la violencia".
Según consta en el informe de la psiquiatra de M.I.,
a la que ha acudido años después con la asistencia de la Fundación
-para evaluar el daño psíquico sufrido y la credibilidad de su
testimonio con el objetivo de interponer una querella por estos
hechos- “la paciente refiere que en los días que siguieron a la
pérdida se sintió muy triste y enfadada". La adolescente fue
trasladada a un piso tutelado del que finalmente se escapó: volvió a
consumir de alcohol y comenzó a participar en peleas y pequeños
hurtos. “Solo quería beber y drogarme. Quería hacerme daño. Me
sentía destrozada”, reconoce la joven. Se fue de España y comenzó un
periplo por varios países europeos, hasta regresar y decidir
denunciar su caso ante los tribunales.
"La impunidad y el carácter habitual de estos
episodios de violencia institucional han obligado a muchos niños y
niñas a huir de los centros en busca de un lugar más seguro,
abocados a vivir en la calle, en situación de pobreza y exclusión
social. El abandono insitucional y desamparo que sufren da lugar a
la aparición en ellos de conductas autolesivas y tendentes al
suicidio como respuesta ante tanto dolor y sumisión. Como
contrapunto, en otros casos, la respuesta es violenta y reactiva,
directamente proporcional a la amenaza que sienten", sostienen desde
la ONG, en un momento en el que los menores extranjeros no
acompañadas se encuentran de nuevo en el foco de la extrema derecha
en Madrid.
La Fundación Raíces solicita incluir una serie de
medidas en la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y
la Adolescencia contra toda forma de Violencia, que se encuentra en
tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, para
"garantizar que los sistemas de protección a la infancia de las
Comunidades y Ciudades Autónomas de España sean entornos seguros
para todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que allí
residen".