José Antonio Hernández Madrid 19 MAY 2015

 

Dos exconsejeros, dos exdirectores generales y el actual interventor general del Cabildo de Gran Canaria tendrán que declarar como imputados los días 25 y 27 de mayo por un presunto fraude en las subvenciones y ayudas públicas a centros de menores desamparados de la isla. La Audiencia de Gran Canaria ha dado orden al juzgado de instrucción 5 para que cite a todos ellos e investigue la denuncia presentada por el exjefe de administración de Asuntos Sociales del Cabildo, Rafael Ramírez, quien ha destapado un fraude que, solo en el año 2010, se elevó presuntamente a dos millones de euros. Este dinero, siempre según la denuncia de Ramírez, es el “dispendio” originado por el exceso de plazas para menores pagadas por el Cabildo a centros privados de Gran Canaria pese a no estar ocupadas. El supuesto fraude consiste en lo siguiente: la Consejería de Política Social habilitó durante años en torno a 550 plazas para menores desamparados en centros públicos y privados. Y pagó por cada una de ellas entre 60 y 80 euros cada día, a pesar de que unas 100 de ellas estaban desocupadas. Eso en lo que respecta solo al cabildo de Gran Canaria. “En las otras islas ha podido ocurrir exactamente lo mismo”, señala Ramírez a EL PAÍS. “El dinero salía del Cabildo como si las 550 plazas estuviesen cubiertas”, añade.

El denunciante no tiene constancia de lo sucedido con ese dinero excedente. Es lo que tendrá que investigar ahora la juez Ana Isabel de Vega por orden de la Audiencia Provincial, que ha reabierto este caso en dos ocasiones, esta vez con la orden expresa de investigarlo, tras decretar el juez su archivo. Para el día 25, la juez De Vega ha citado como imputados a Pedro Quevedo Iturbe, exconsejero de Política Social y Sociosanitaria del partido Nueva Canarias (entre 2007 y 2011), de tinte nacionalista, y que ahora es el cabeza de lista de esta formación al Ayuntamiento de Las Palmas. Era el consejero en la época en que se produjo el fraude y que, supuestamente, hizo caso omiso a los diferentes informes que le remitió Ramírez denunciando graves irregularidades y pago de plazas inexistentes. También ha sido citada por los mismos hechos la exconsejera de Recursos Humanos del Cabildo Teresa Mayoral Fernández, los exdirectores generales Antonio Gil Díaz y Francisco Hurtado Rodríguez, así como el actual interventor general del Cabildo, Juan José Sánchez Arencibia y altos funcionarios de esta Administración.

La investigación es por delitos de tráfico de influencias, fraude, prevaricación y acoso laboral. Ramírez fue apartado de su puesto por su insistencia en denunciar el desvío de dinero. La Consejería de Política Social es la que gestiona el acogimiento residencial para la atención integral a menores. Tiene algunos centros de titularidad privada y otros, la mayoría, privados, en manos de ONG, a las que paga las plazas ocupadas por menores. Solo en 2010, el Cabildo presupuestó algo más de 18 millones de euros para la atención de estos menores en los diferentes centros.

"El ex jefe de Administración que denunció el caso fue apartado de su cargo"

Rafael Ramírez presentó su denuncia en 2010. El supuesto fraude se produjo cuando el Cabildo estaba gobernado en coalición por los nacionalistas de Nueva Canarias y el PSOE. Sin embargo, Ramírez fue apartado de su puesto meses después de llegar el PP al poder en las islas. "El PP llegó al poder en 2011 y, lejos de investigar los hechos, lo que hizo fue apartarme a mediados de 2012 de mi puesto como jefe de administración", detalla Ramírez. Ramírez se refiere a la exconsejera de Política Social Rosa Rodríguez, mano derecha del actual ministro de Industria José Manuel Soria. En la actualidad, Rodríguez trabaja para Enagas, y el puesto de consejero lo ocupa José Miguel Álamo. El actual consejero, también del PP, asegura que él es ajeno a los hechos que consta en la denuncia, dado que accedió a la consejería hace unos dos años.

Álamo reconoce que efectivamente en la época en que se produjo la denuncia hubo cierto “descontrol” sobre las plazas necesarias para atender a los menores desamparados, si bien recuerda que por entonces la llegada de menores inmigrantes a la Isla era muy fuerte y fluctuante. Alamo recuerda que estas avalanchas se produjeron en 2005 y 2006. Además, precisa que desde que él está al frente de la Consejería se ha incrementado el control y se abonan las plazas solo si están ocupadas. Añade que la decisión de apartar a Ramírez la adoptó su antecesora y que no fue por la denuncia de fraude, sino por cuestiones “organizativas”. “Parece que fue cambiado de puesto porque [Ramírez] es una persona con carácter y se puso un poco rebelde con Rosa”, añade.

Álamo no tiene conocimiento de que se investigase a fondo el fraude denunciado, del que Ramírez informó a sus superiores a través de numerosos informes. Matiza que la exconsejera Rodríguez no se mantuvo impasible ante la denuncia y que encargó un informe. Este informe, según Ramírez, finalizó en noviembre de 2012. Y los resultados vinieron a avalar su denuncia e incluso pusieron de manifiesto "la situación ruinosa" en que estaban algunos de los centros, según denunció también la Fiscalía de Menores. Ramírez asegura que los dos millones de fraude de 2010 son extrapolables a más años. Y subraya que por fin ahora, tras sus denuncias, la cifra de plazas que se pagan ha bajado de las 550 de entonces a unas 350.

investigación@elpais.es